La querella de las víctimas destapa la presunta intromisión del marido en los interrogatorios, mientras la jueza instructora acelera la imputación del expresidente sin tener la prueba clave. El escándalo de parcialidad sacude los cimientos políticos y judiciales de Valencia.
El epicentro judicial y político de la Comunidad Valenciana tiembla. Lo que debía ser la investigación más ejemplar por la mayor tragedia natural de la historia reciente de España, con 230 fallecidos, se ha convertido en un cúmulo de sospechas, parcialidad y dudas sobre la imparcialidad de quienes imparten justicia. En el ojo del huracán se encuentran los jueces Nuria Ruiz Tobarra, instructora del caso en el Juzgado de Catarroja, y su marido, Jorge Martínez Ribera, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia. Juntos conforman un matrimonio cuya actuación ha levantado ampollas en todas las partes implicadas, desde los investigados hasta las propias víctimas, pasando por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Lo que parecía una instrucción firme contra el expresidente Carlos Mazón —a quien Ruiz Tobarra ha solicitado imputar— esconde un submundo procesal turbio. La jueza ha pedido la imputación de Mazón en el mismo momento en que tres familias de víctimas presentaban una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) solicitando la nulidad de toda la instrucción . La razón es de una gravedad extrema: la intervención directa de su cónyuge, Jorge Martínez Ribera, en los interrogatorios a los damnificados.
Un «segundo juez» en la sala: intromisión y coacción
Las pruebas, aunque denunciadas desde hace meses por las defensas de los investigados, han terminado por cristalizar en forma de grabaciones. En ellas se observa a Jorge Martínez Ribera, sentado en la sala, realizando preguntas a los testigos y víctimas, dando indicaciones a la secretaria judicial y actuando como si fuera el titular de la causa . «¿Cómo que en sala un juez es sustituido por su cónyuge? Si esto no es causa de nulidad, no sé lo que es», espetó esta semana Rubén Gisbert, abogado personado en la causa en representación de ocho víctimas y firmante de la querella, durante su comparecencia en las Cortes Valencianas .
Los interrogatorios del 24 de enero y 14 de febrero de 2025, donde se tomó declaración a familiares de los fallecidos, estuvieron marcados por la participación activa del marido de la jueza. Esta usurpación de funciones, que podría constituir un delito de prevaricación, no solo vicia el testimonio, sino que atenta contra el derecho fundamental al juez predeterminado por la ley . La querella presentada no se anda con rodeos: acusa al matrimonio de coacciones, revelación de secretos y usurpación de funciones públicas. Pero la cosa va más allá. Los querellantes, hartos de lo que consideran una «instrucción Frankenstein», han solicitado incluso una «evaluación psiquiátrica» para la jueza, al considerar que su obsesión por exonerar al Gobierno central y centrarse únicamente en la Generalitat Valenciana «esconde una dirección política o bien un estado mental incompatible con la práctica de la judicatura» .
Una instrucción a medida: la «prolongación artificial» y la ceguera selectiva
La defensa de la exconsellera Salomé Pradas, una de las investigadas, no ha cesado en su pulso contra Ruiz Tobarra. Su abogado, Eduardo de Urbano, ha presentado nuevos escritos ante el CGPJ denunciando la «prolongación artificial» de la instrucción. Según su relato, la jueza «se suceden continuamente las testificales de todo aquel que haya tenido el más mínimo contacto con los hechos», pero solo para confirmar su tesis preestablecida: que la culpa fue exclusivamente del envío tardío de la alerta ES-Alert por parte de la Generalitat .
La magistrada ha sido acusada de hacer «valoraciones políticas» en sus autos, llegando a rebatir públicamente declaraciones del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y a despreciar informes de la Guardia Civil que apuntaban a responsabilidades de la Confederación Hidrográfica del Júcar o de la AEMT . Cuando la Benemérita presentó un informe que cuestionaba la gestión estatal, la jueza lo tachó de «erróneo» y lo apartó de la investigación, demostrando una «actitud hostil hacia los informes de la Policía Judicial que contradicen su visión de los hechos» . Esta fijación obsesiva ha provocado que incluso la Audiencia Provincial de Valencia haya tenido que recordar que la investigación debe ser exhaustiva y no selectiva.
La coartada del «machismo» como escudo
Ante las numerosas quejas y la apertura de diligencias por parte del CGPJ —que ya investiga a la jueza tras las reclamaciones de Pradas y Argüeso—, la estrategia de Nuria Ruiz Tobarra ha sido la de blindarse tras la acusación de una «campaña machista» . En un auto fechado en septiembre de 2025, la jueza clamaba contra lo que consideraba una «campaña difamatoria» que destila «un machismo atroz», alegando que se la quería desacreditar insinuando que su trabajo no le es propio sino de su marido .
Sin embargo, esta argumentación se desmorona cuando las pruebas no son opiniones, sino grabaciones y testimonios que demuestran una participación activa e indebida de su cónyuge. No se trata de un juicio de valor sobre su capacidad como mujer, sino de la constatación de una irregularidad procesal grave cometida por un matrimonio que parece gestionar el juzgado como un bien familiar. El TSJCV ya desmintió que el marido estuviera presente, pero las grabaciones publicadas por OkDiario contradicen frontalmente esa versión oficial .
La instrumentalización del dolor y el riesgo de impunidad
El colmo del despropósito judicial llega cuando las propias víctimas se ven obligadas a dividirse. Mientras una asociación mayoritaria apoya a la jueza —posiblemente desinformada sobre la gravedad de los hechos—, otras, como las representadas por Gisbert, claman al cielo para que no se use el dolor de los fallecidos como arma arrojadiza política.
La petición de imputación de Carlos Mazón, realizada justo el mismo día en que estallaba el escándalo de la querella, tiene todas las trazas de una maniobra de distracción. «La jueza eleva escrito contra Mazón sin tener aún la prueba clave de la causa», denuncian fuentes jurídicas. Es una cortina de humo para desviar la atención de lo que realmente importa: la legalidad de todo el proceso.
Si los tribunales superiores —ya sea el TSJCV o la Audiencia Nacional, a donde se ha solicitado trasladar la causa— acaban dando la razón a los querellantes, la nulidad de la instrucción sería un hecho. Esto supondría que meses de trabajo, declaraciones y diligencias habrían sido en vano, y lo más grave: que los 230 muertos podrían quedar sin una investigación judicial sólida y libre de sospechas, todo por la incompetencia y la falta de escrúpulos de un matrimonio de jueces que ha antepuesto sus dinámicas personales a la majestad de la Justicia.
La Comunitat Valenciana se merece un proceso limpio. Con la sombra de la nulidad proyectándose sobre Catarroja, lo único claro hasta ahora es que la instrucción de Ruiz Tobarra, con la presunta ayuda de su marido, ha sembrado más dudas que certezas. El CGPJ y el TSJCV tienen la obligación de actuar de inmediato para apartar a esta pareja del caso y evitar que la mayor catástrofe de la historia reciente acabe en el basurero de los procedimientos anulados por prevaricación.
