En lugar de abordar la alarma por seguridad tras los accidentes, el ministro descalifica la huelga como «inútil», erosionando el diálogo y confirmando la desconexión del Gobierno con quienes sostienen el servicio
Óscar Puente antepone el menosprecio al diálogo al calificar de inútil la huelga de maquinistas, convocada tras graves incidentes, erosionando la credibilidad de su propio ofrecimiento para «tratar de evitarla».
El conflicto en el sector ferroviario ha encontrado, en la figura del Ministro de Transportes, Óscar Puente, no a un mediador, sino a un polemista que carga de negatividad el espacio previo a cualquier negociación. Ante el anuncio de una huelga general de maquinistas, motivada por una serie de accidentes que han encendido todas las alarmas sobre la seguridad, la reacción del ministro ha sido un paradigma de la comunicación contraproducente. Primero, ofreció una vaga intención de «tratar de evitar» la convocatoria. Acto seguido, y con una prepotencia que desarma cualquier buena fe, sentenció que la movilización «no contribuirá a nada». Es decir: primero anuncia una gestión y, segundos después, la sabotea con su propio desdén.
La declaración es un error político de primer orden. Los maquinistas no se movilizan por un capricho retributivo, sino por una causa de interés público supremo: la seguridad integral del sistema ferroviario. Cada incidente –cada frenada de emergencia, cada fallo técnico no investigado, cada recurso escatimado– es un argumento que ellos acumulan en sus cabinas. Su huelga es el último recurso de unos profesionales que sienten que sus advertencias, y las vidas a su cargo, no son prioridad. Al descalificar de raíz la herramienta de presión legítima, el ministro no está criticando una táctica; está invalidando la profunda preocupación que la motiva. Su mensaje, aunque quizás no sea su intención, se lee así: «Sus motivos no me importan lo suficiente como para tomar en serio su protesta».
Esta actitud convierte su ofrecimiento de «tratar de evitar» la huelga en pura retórica vacía. ¿Cómo se puede evitar algo que, según su propio juicio público, carece de toda utilidad? La lógica ministerial parece encerrada en un círculo vicioso: la huelga es inútil, por tanto no merece ser tomada en serio; al no tomarla en serio, no se abordan con la urgencia requerida las demandas que la provocan; al no abordarlas, la huelga se hace inevitable. Y entonces, cuando estalla, el ministerio podrá decir: «Ya lo decíamos nosotros, no sirve para nada». Es la profecía autocumplida de quien, desde la arrogancia, prefiere el conflicto a la credibilidad compartida.
La prepotencia en el tono no es un detalle menor; es el núcleo del problema. Un representante público debería ser un puente, nunca un muro. La fórmula correcta –la estadista– era sencilla: «Comprendo la alarma tras los últimos incidentes. La seguridad es innegociable y prioritaria. Voy a reunirme urgentemente con ellos para escuchar sus propuestas técnicas y trabajar juntos en un plan de acción. Confío en que, con este compromiso, podemos encontrar una solución sin necesidad de dañar al país con una huelga». Eso habría sido liderazgo.
En cambio, Óscar Puente eligió el atajo de la descalificación. Con ello, ha conseguido varias cosas negativas: ha unificado y enfurecido aún más al colectivo, ha regalado argumentos morales a los convocantes y ha alejado la posibilidad de una solución rápida. Lo peor es que ha trasladado a la opinión pública que el problema son los maquinistas que protestan, y no las condiciones que les llevan a hacerlo.
Al final, la mayor contribución a la nada la está haciendo la propia actitud del ministro: nada de diálogo constructivo, nada de autocrítica institucional, nada de empatía con el miedo legítimo de quienes tienen una enorme responsabilidad. La huelga, ahora, ya no es solo un pulso por la seguridad. Es también un testigo incómodo de una forma de gobernar que, desde la prepotencia, genera más problemas de los que dice resolver. La ciudadanía, de nuevo en el andén, merece vagones seguros y, también, ministros que sepan escuchar.
