El archipiélago, enfrentado a una emergencia migratoria y necesidades urgentes, denuncia un «acuerdo paralelo» bilateral que drena recursos del resto de España.
La política de concesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a los partidos independentistas catalanes para asegurar su investidura y la gobernabilidad ha desatado una tormenta política de alcance nacional. En el epicentro del descontento se encuentra Canarias, cuyo Gobierno ha elevado el tono de su protesta ante lo que considera un «trato bilateral privilegiado» a Cataluña, que amenaza con socavar la financiación y el principio de igualdad entre comunidades autónomas.
«Se está alterando un equilibrio en una negociación bilateral y no llevándolo al conjunto de las autonomías», afirmó recientemente Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno canario, quien también acusó al Ejecutivo central de falta de transparencia y de mantener lo que parece «una conversación paralela con el Gobierno de Cataluña».
La hipoteca política de Canarias
Mientras Madrid negocia con Junts y ERC, las necesidades acuciantes de las islas quedan relegadas. Esta realidad se manifiesta de forma cruda en varios frentes críticos:
Una financiación a dos velocidades: el privilegio catalán
La piedra angular del descontento es el acordado sistema de financiación singular para Cataluña, que el Gobierno canario ve como la creación de «ciudadanos ricos» y «ciudadanos pobres» dentro de España.
Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha sido directo: «La financiación singular es quitarle el dinero a los canarios para dárselo a Cataluña». Canarias, que ya se considera uno de los territorios peor financiados, teme que este nuevo modelo, negociado a puerta cerrada, drene recursos del régimen común, incluido su propio Régimen Económico y Fiscal (REF), diseñado para compensar su lejanía. La falta de transparencia es total: «se ha anunciado una reforma del modelo de financiación autonómica para enero, sin que a día de hoy haya un solo papel encima de la mesa. Lo único cierto es que Cataluña tiene un acuerdo singular», denunció Cabello.
Migración: la competencia cedida y la crisis ignorada
La cesión de la gestión de la inmigración a Cataluña ha sido recibida en las islas como una bofetada. Canarias, que soporta la llegada de miles de personas en pateras y vive un «drama humanitario de primer nivel», ve cómo se negocia una competencia estatal clave con un territorio sin fronteras marítimas, mientras su petición de un «gran acuerdo de Estado» choca contra el muro del bloqueo político, principalmente del PP.
La información llegó, una vez más, «a través de los medios de comunicación», aumentando la sensación de marginación en la toma de decisiones que les afectan directamente.
Un modelo que fractura España
Las concesiones de Sánchez han generado un malestar que trasciende el archipiélago. Una macroencuesta reciente indica que el 67.6% de los españoles rechaza el cupo catalán, y el 81.2% se opone a la cesión de competencias en inmigración. Incluso entre los votantes socialistas, el rechazo a estas medidas es significativo. La estrategia de «efectismo político» y negociación bilateral para salvar votos en el Congreso está poniendo en jaque el principio de solidaridad interterritorial.
Mientras, Canarias se juega en este pulso mucho más que dinero. Se juega la capacidad de atender a los migrantes que llegan a sus costas, de reconstruir una isla devastada por un volcán y de mantener servicios públicos esenciales en una tierra con desventajas geográficas únicas. El mensaje desde el Atlántico es claro: no permitirán que su futuro se negocie, ni su financiación se detraiga, en los pasillos de la Moncloa a cambio de la estabilidad de un Gobierno que parece haber olvidado que España es algo más que Cataluña y los escaños que la representan.
