Hubo o no hubo reunión
En el corazón de una crisis política y judicial, la revelación de una reunión secreta en un caserío vasco en 2018 amenaza con resquebrajar los cimientos de la versión oficial sobre el ascenso de Pedro Sánchez al poder. Lo que se niega con contundencia por ambos bandos, se afirma con igual fuerza desde el interior de una trama de corrupción.
El mantra de la negación: un coro en perfecta sintonía
La coreografía del desmentido se ejecutó a la perfección. Cuando la noticia de un encuentro entre el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, saltó a la luz pública, la respuesta desde La Moncloa fue escueta y terminante: «Eso es mentira». Del otro lado, Otegi no se quedó atrás, tachando la información de «fake new del bloque reaccionario» y llegando a jurar que si alguien demostraba que esa reunión se produjo, presentaría su dimisión ante el pueblo vasco.
Esta doble negativa, tan unánime y coordinada, casi podría considerarse la primera prueba de una sincronización política ejemplar. Qué eficacia la de dos rivales, supuestamente en las antípodas, para emitir el mismo desmentido con idéntica contundencia. Es para enmarcarlo: el único pacto verificable entre el PSOE y EH Bildu en 2018 fue, al parecer, el de la versión oficial.
Los hombres en la sombra y el oráculo de la UCO
Resulta cuando menos curioso que la figura que emerge como pilar de esta historia alternativa sea Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, actualmente investigado por la trama de las mascarillas. Fue él, según su propio testimonio y el de medios que han accedido a las pruebas de la UCO, quien recogió a Sánchez y a su mano derecha, Santos Cerdán, en el aeropuerto de Bilbao y los condujo en un Toyota Rav4 blanco propiedad de Ferraz hasta un caserío cercano a Elgoibar, localidad natal de Otegi.
En este relato, el empresario Joseba Antxon Alonso Egurrola, socio de Cerdán, aparece como el organizador y enlace. Así, el «testaferro» que ayudó a fraguar apoyos para la moción de censura y el socio comercial del entonces número tres del PSOE se convirtieron de pronto en los guardianes involuntarios de los secretos del partido. La «ingente cantidad de archivos» —incluido el teléfono móvil de Koldo, que contendría mensajes de WhatsApp sobre aquellas citas— incautada por la Guardia Civil es el nuevo oráculo al que todos temen acercarse, por miedo a que confirme lo que ya sospechan.
El huésped incómodo en la habitación: la presión judicial
El momento de estas revelaciones no es casual. El relato estalló justo cuando José Luis Ábalos y Koldo García se enfrentaban a la inminente decisión del Tribunal Supremo sobre su posible ingreso en prisión, con la Fiscalía Anticorrupción pidiendo para ellos 24 años de cárcel. Ábalos, «asustado» según confesó, rompió su silencio para respaldar la versión de su exasesor: «Sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió».
Esta estrategia ha sido interpretada por sus excompañeros como un movimiento desesperado. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, llegó a sugerir que «hay gente que se trastorna ante los procesos judiciales», mientras que en el entorno socialista se habla de una estrategia de defensa para presionar en vísperas de una decisión crucial. La justicia, pues, se convierte en el motor que fuerza la apertura de una caja de Pandora que el poder ejecutivo aseguraba que estaba vacía.
El dolor como moneda de cambio y la confianza erosionada
Y mientras, las víctimas de ETA asisten a este espectáculo: la posibilidad de que su dolor fuera la moneda de cambio en una reunión clandestina, negada una y otra vez, y ahora resucitada no por un afán de verdad, sino por los reajustes de un exministro acorralado. El pisoteo, si lo hubo, no estaría solo en un hipotético encuentro, sino en la interminable farsa de negaciones y medias verdades que impide, una vez más, que la honra y la claridad se impongan sobre la conveniencia política.
Esta crisis no surge en el vacío. Un informe del Círculo de Empresarios ya alertaba en 2018 de cómo la corrupción erosionaba la confianza de los ciudadanos en las instituciones, situando a España como el país de la UE donde más había aumentado la percepción de este problema. La política, lejos de corregir este rumbo, parece empeñada en validarlo.
En definitiva, la verdad judicial está aún por determinar. La polémica, sin embargo, es un hecho incontestable. Mientras el PP ya ha dictado sentencia —»no hay más preguntas, señoría», tuiteó Miguel Tellado— y Vox anuncia una querella por falso testimonio, la grieta abierta entre lo oficialmente negado y lo testimonialmente afirmado sigue creciendo, alimentando esa profunda desconfianza que carcome los pilares de la democracia.
