Advertencia previa: Si alguien pensaba que el Tribunal Constitucional era un órgano de control jurídico, conviene que se siente. Y si alguien creía que su presidente era un árbitro imparcial, mejor que se tome algo. Porque Cándido Conde-Pumpido no solo se moja la toga: se ha metido en la piscina con el traje puesto, ha saludado al público y ha pedido que le traigan una toalla con el escudo de España bordado.
El milagro procesal de Soto del Real
José Luis Ábalos, exministro de Transportes, exsecretario de Organización del PSOE y ahora huésped de lujo en Soto del Real, cumple 67 años. Tiene una condena de 24 años y 3 meses por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Si la cumple entera, saldrá a los 82. Un plan perfecto para la jubilación, si no fuera porque él prefiere jubilarse antes, a ser posible en su casa y con un puro.
Su abogado, Marino Turiel, ya tiene el plan: incidente de nulidad ante el Supremo, luego el Constitucional, y si falla, Europa. Es la hoja de ruta estándar del condenado que no se resigna. Lo llamativo no es el plan. Lo llamativo es que Ábalos no confía en la justicia divina, ni en la humana, ni en la europea. Confía en un hombre concreto: Cándido Conde-Pumpido. El mismo que, según fuentes jurídicas, tiene «confiado» al exministro. No es fe. Es cálculo actuarial.
Porque Ábalos no necesita que Conde-Pumpido le declare inocente. Sería pedir demasiado. Le basta con que haga lo que ya hace: encontrar grietas procesales, reinterpretar la ley según su «espíritu», corregir a los jueces que no entienden la «verdadera» justicia. Si el Constitucional puede ordenar al Supremo que «rehaga» la sentencia del procés porque su interpretación le parece «una quiebra de racionalidad», ¿por qué no iba a ordenar lo mismo en el caso de Ábalos? La lógica es idéntica: el Supremo se equivocó, el TC corrige, y el condenado sale por la puerta giratoria. Inmediatamente. Sin pasar por la casilla de salida.
El ponente que se puso él mismo
Aquí viene el detalle que convierte esta historia en una comedia de enredo judicial. En septiembre de 2026 se filtró la ponencia de Conde-Pumpido sobre la amnistía. En ella no solo declara inconstitucional la negativa del Supremo a amnistiar la malversación, sino que usa un lenguaje que haría sonrojar a un tertuliano de madrugada. Califica la interpretación del Supremo de «extensiva, contraria al espíritu y finalidad de la norma». Dice que su argumentación es «internamente contradictoria». Y remata: es «flagrante e insoluble» y supone una «quiebra de racionalidad» incompatible con la Constitución.
Un presidente del Constitucional escribiendo personalmente una ponencia que ordena al Supremo «rehacer su resolución» con «carácter preferente y urgente». Eso no es control de constitucionalidad. Es intervención. Es decirle al Supremo: «Usted no ha entendido la ley, deje que se la explique yo, que para eso presido el órgano que interpreta la Constitución y, de paso, la redacto».
Lo clave: podía haber dejado que otro escribiera la ponencia. La de Macías fue rechazada, y entonces Conde-Pumpido la asumió personalmente. Puso su nombre, su razonamiento y sus palabras encima de la sentencia. Se clavó a sí mismo. No fue un accidente. Fue una decisión. Y no una decisión cualquiera: fue la decisión de convertirse en el hombre que, desde el Constitucional, allana el camino a los condenados por corrupción. Un gesto de generosidad que Ábalos, desde su celda, habrá agradecido con lágrimas en los ojos.
«No se le puede denunciar, pero se le puede aplaudir»
Contra Conde-Pumpido se han presentado múltiples querellas por prevaricación. Todas archivadas. Manos Limpias presentó una contra él y los otros cinco magistrados progresistas que avalaron la amnistía. El Supremo la rechazó en diciembre de 2025 argumentando que las imputaciones eran «suposiciones o conjeturas» y que el delito de prevaricación «no nace por un desacuerdo con lo decidido». Es decir: si un juez decide algo que a ti no te gusta, no es prevaricación. Es democracia judicial. O algo así.
Abogados Cristianos presentó otra, alegando que debía haberse abstenido porque su esposa, Clara Martínez de Careaga, emitió un informe favorable a la amnistía cuando era vocal del CGPJ. El Supremo archivó con el argumento de que «el punto de vista sobre la constitucionalidad de una norma no se integra en el patrimonio ganancial». Traducción: lo que opine tu mujer sobre la Constitución no cuenta, aunque ella haya sido vocal del CGPJ y haya emitido un informe público. El matrimonio, al parecer, es una sociedad de gananciales limitada a lo patrimonial. Las opiniones jurídicas de la cónyuge son agua de borrajas.
La propia Fiscalía del Supremo solicitó el archivo de la querella de Manos Limpias, recordando que las resoluciones del TC no pueden ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado. Traducción: se le puede denunciar, pero no se le puede procesar. El aforamiento ante el Supremo, combinado con la doctrina de que las resoluciones del TC son inmunes, convierte a Conde-Pumpido en un hombre intocable. Un magistrado que puede ser acusado, pero nunca juzgado. Un presidente del Constitucional que, si algún día alguien quiere investigarle, primero tendrá que reformar la Constitución, el Código Penal y, probablemente, la física cuántica.
El cálculo de Ábalos: fe en el hombre, no en la justicia
Ábalos no es un ingenuo. No cree en la justicia. Cree en Conde-Pumpido. Y Conde-Pumpido, hasta ahora, le ha dado motivos para creer. Ha demostrado que puede ordenar al Supremo que rehaga sentencias. Ha demostrado que puede reinterpretar la ley según su «espíritu». Ha demostrado que puede corregir a los jueces que no entienden la «verdadera» justicia. Si eso no es un salvavidas, que baje Dios y lo vea.
La lógica es aplastante: si el TC puede intervenir en el procés, puede intervenir en Ábalos. Si puede corregir al Supremo, puede corregirlo en cualquier caso. Si puede salvar a unos, puede salvar a todos. La única diferencia es que Ábalos no tiene una consulta popular detrás. Tiene una condena de 24 años, un abogado con agenda y una fe inquebrantable en el hombre que, desde el Constitucional, se ha convertido en el mejor abogado defensor que el dinero no puede pagar.
Feijóo, la hora de las leyes (y de las promesas)
Este es el panorama. Un expresidente del Gobierno condenado por corrupción, un presidente del Constitucional que se moja la toga con el barro, y una defensa que ya ha reservado su billete al TC. Si Feijóo llega a La Moncloa, tiene una oportunidad histórica. No basta con ganar elecciones. Hay que legislar para cerrar las puertas que estos sinvergüenzas han dejado abiertas. Tres cosas urgentes, según el artículo original:
Primera: Reformar el régimen de aforamiento del presidente del Constitucional. Que no pueda escudarse en el «prestigio institucional» cuando se le acusa de prevaricación. Que las querellas contra él se tramiten como contra cualquier otro magistrado, sin el filtro protector del Supremo.
Segunda: Legislar sobre la abstención de los magistrados del TC. Si un cónyuge ha emitido informe público sobre un tema, el magistrado debe abstenerse. Y si no lo hace, que la consecuencia sea la nulidad radical de la resolución.
Tercera: Reformar el Código Penal para que la prevaricación judicial no prescriba cuando se comete en el ejercicio de funciones constitucionales. Si un presidente del Constitucional usa su cargo para blindar a sus compañeros políticos, que pague por ello. Aunque sea tarde.
Feijóo lo ha dicho: «No vamos a consentir estos despropósitos». Pues que no se quede en discurso. Que saque leyes. Que mande a los sinvergüenzas progresistas a la cárcel. Que paguen las tropelías que han cometido. Ábalos ya está condenado. Solo falta que Conde-Pumpido lo saque. Y que Feijóo cierre la puerta que Conde-Pumpido ha dejado abierta.
El hombre que se moja la toga
Conde-Pumpido no es un presidente del Constitucional «arrastrado a la polémica». Es el hombre que de verdad mete la toga en el barro. Se agacha, mete el brazo y lo hunde hasta el codo. Y Ábalos, condenado a 24 años, apuesta su libertad a que ese brazo manchado lo saque de Soto del Real. Esperemos que Feijóo llegue al poder y saque leyes para que todos estos sinvergüenzas progresistas vayan a la cárcel y paguen las tropelías que han cometido. No como Rajoy, que permitió que todo lo que hizo el joyas Zapatero, destruir medio país, no cambiara nada de este presunto delincuente y se permitió que Sánchez lo termine de destruir.
Mientras tanto, en Soto del Real, Ábalos mira el calendario. 24 años son muchos. Pero Conde-Pumpido está ahí. Con su toga manchada, su ponencia personal y su capacidad infinita para encontrar «quiebras de racionalidad» en las sentencias que no le gustan. El salvavidas está lanzado. Solo falta que el Supremo se ahogue para que el Constitucional lo rescate. Y que Feijóo, si llega, no se limite a mirar desde la orilla.
