El silencio en la cámara debió ser épico. Los senadores socialistas, que ya habían preparado las pancartas de «vergüenza franquista», se quedaron con la boca abierta como colegiales sorprendidos en falta. Pero, ojo, que la cosa no acaba ahí. El médico forense Francisco Etxebarría y el genetista Antonio Alonso, dos profesionales que mancharon sus guantes en decenas de exhumaciones, declararon sin
ambages que no encontraron indicios de bebés robados. ¿La reacción de las asociaciones de «víctimas»? Insultos. Por supuesto. Nada como llamar facha a un científico para que la realidad se doblegue ante el relato.
Y entonces llegó Carmen de Troya, directora de la Oficina de atención a las víctimas de bebés robados (un chiringuito creado por Gallardón en 2013 para contentar a la izquierda). En una entrevista que los medios se apresuraron a enterrar en el fondo de un cajón, declaró con una honestidad pasmosa: «Llegué a leer que había 300.000 desaparecidos. Si fuera cierto, aquí habría cola. Muchos llegan intentando encajar sus casos en lo que han visto en la tele, y a lo mejor a su hijo no se lo robaron y no hubo irregularidades, pero los hijos prefieren pensar que les han robado a pensar que les han abandonado».
Es decir, señoras y señores: la mayoría de esos «niños robados» eran, simplemente, niños abandonados por madres que no podían o no querían criarlos. Pero el relato del robo franquista es más sexy, más cinematográfico, más digno de una película de Garzón. Y, sobre todo, más rentable.
Garzón, el rey del fraude
Porque aquí está el meollo. Garzón sabía que no había pruebas. Sabía que su auto era una patraña jurídica. Sabía que los números no cuadraban. Pero le importaba un comino. Él necesitaba mantenerse en el candelero, necesitaba que sus correligionarios le siguieran aplaudiendo, necesitaba seguir siendo el «juez estrella» aunque la justicia le hubiera expulsado por prevaricador.
Y funcionó. A pesar del ADN, a pesar de los forenses, a pesar de la directora de su propia oficina, la farsa siguió adelante. Las leyes de memoria democrática, tanto la nacional como las autonómicas, elevaron a categoría de verdad oficial la mentira de Garzón. En Cataluña tienen su propia ley específica sobre desaparición forzada de menores, porque allí la posverdad es deporte nacional.
La prensa extranjera, siempre hambrienta de carne de cañón española, se lanzó sobre el bulo como buitres. «España, el país de los niños robados», titulaban mientras se relamían. A falta de nazis alemanes, los franquistas españoles servían para vender periódicos. Y Garzón, el gran beneficiado, aparecía en todas las televisiones amigas como un profeta perseguido, un juez íntegro al que el «régimen del 78» había apartado por decir la verdad.
La verdad. Qué palabra tan grande para un hombre condenado por prevaricación. Porque no nos engañemos: Garzón no fue expulsado de la carrera judicial por perseguir a los malos. Fue expulsado por grabar conversaciones con abogados defensores en la cárcel (ilegal), por prevaricar en el caso Gürtel (sentencia firme del Tribunal Supremo) y por declararse competente para investigar crímenes del franquismo cuando sabía que no lo era (por eso le condenaron). Es decir, es un juez que hizo trampas, y encima las hizo mal.
La recompensa del farsante
Pero he aquí lo más vomitivo de toda esta ópera bufa. El PSOE o mejor dicho el sanchismo, ese partido que dice defender la «verdad histórica», acaba de nombrar a Baltasar Garzón presidente de la comisión sobre violaciones de derechos humanos durante la guerra y la dictadura. También llamada «comisión de la verdad». Permítanme repetirlo: nombran a un mentiroso condenado por prevaricación para que presida una comisión que busca la verdad.
Es como poner a un pirómano al frente de los bomberos. O a un carterista dirigiendo la policía. O a un político socialista gestionando una comunidad de propietarios (vale, ese último es demasiado fácil). La comisión de la verdad presidida por Garzón es una broma de mal gusto, un paripé para que el sanchismo pueda seguir regando el relato de la «memoria democrática» con dinero público.
Garzón, por supuesto, ha aceptado encantado. Porque Garzón nunca ha tenido vergüenza. Su carrera es un monumento al narcisismo y a la falta de escrúpulos. Primero fue juez estrella, luego fue concejal de Podemos (dimitió a los dos meses, claro), luego fue asesor de los sandinistas en Nicaragua, y ahora es comisario de la verdad. Es un yonqui de la atención, incapaz de vivir sin un micrófono delante y una causa falsa detrás.
El verdadero robo, el que no interesa
Y mientras tanto, en el país real, los niños siguen siendo robados. Pero no por el franquismo, que ya no existe, sino por el Régimen del 78, ese que Garzón y sus acólitos defienden con uñas y dientes. Los servicios sociales arrebatan bebés a sus madres con excusas peregrinas, los introducen en el sistema de acogida pública, y allí muchos de ellos acaban violados o prostituidos. Ese es el escándalo, el que no tiene dictadura de por medio, el que no permite colgarse medallas ni pedir subvenciones.
Pero eso no sale en las televisiones que controlan los amigos de Garzón y Pedro Sánchez. Porque el relato del franquismo malvado es mucho más rentable que la realidad incómoda de una administración incompetente y corrupta. Mejor echarle la culpa a un muerto que a los vivos.
Así que ya saben. La próxima vez que oigan hablar de «los niños robados por el franquismo», recuerden: lo inventó un juez prevaricador para salvar su pellejo, lo amplificaron los medios progresistas como El Pais y la SEXTA para hacer caja, y lo convirtieron en ley los políticos para ganar votos. Los únicos niños robados de verdad son los que ningún periódico menciona. Y esos, claro, no dan titulares.
