Mientras la corrección política exige silenciar el origen de los delincuentes, los informes de la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra, y el día a día en Alicante, Murcia, el País Vasco, Cataluña u otras partes de España retratan una realidad incómoda: la oleada de delitos cometidos por inmigrantes ya no se puede ocultar
Duele decirlo. Escuece escribirlo. Y más aún leerlo. Pero los datos ya no son opinables: la progresía española, anclada en un discurso que prioriza la “inclusividad” sobre la seguridad ciudadana, lleva años negando lo que los ciudadanos de a pie sufren cada jornada. Mientras unos aplauden la “diversidad” como un mantra vacío, en localidades como Guardamar del Segura, Torrevieja, Torre Pacheco o Mazarrón la gente cambia sus hábitos por miedo. No es percepción: es delincuencia cruda, repetitiva y con un patrón geográfico y étnico que los informes oficiales empiezan a reflejar… y que la izquierda se apresura a tachar de “xenófobo”.
El miedo en el Levante: “Mi mujer ya no va sola al supermercado”
Alicante y Murcia, dos regiones tradicionalmente seguras, viven una auténtica pesadilla silenciada por los medios afines al Gobierno. La okupación ilegal de viviendas, las agresiones en la vía pública y un goteo incesante de robos y hurtos tienen un denominador común que nadie quiere nombrar: buena parte de estos delitos son cometidos por varones jóvenes de origen magrebí. “No es racismo, es supervivencia. Mi mujer cogió miedo después de que intentaran robarle el bolso dos chicos marroquíes a la puerta del Mercadona. Ya no va sola. Y los vecinos de Torrevieja se organizan en grupos de WhatsApp para avisar de ‘indeseables’”, confiesa un residente de la zona que pide anonimato para no ser linchado en redes sociales.
Los ayuntamientos, gobernados en muchos casos por PSOE y Compromís, responden con campañas de “convivencia” y folletos multicolores. Pero la realidad es tozuda: las denuncias por okupación se han disparado un 40% en la comarca de la Vega Baja, y las patrullas de la Guardia Civil se ven desbordadas. “Ellos saben que las penas son bajas y que la justicia es lenta. Okupan, delinquen y si los pillan, en 24 horas en libertad”, lamenta un agente.
El País Vasco: siete de cada diez detenidos por violación son extranjeros
Si el Levante sufre la inseguridad callejera, el norte aporta la puntilla estadística. El informe oficial de la Ertzaintza correspondiente a 2025 –cuyo conocimiento ha sido silenciado por el entramado mediático vasco– revela por primera vez un año completo con datos desglosados por origen de investigados y detenidos. Y el resultado es demoledor: casi siete de cada diez detenidos por violación en el País Vasco son extranjeros. Un porcentaje astronómico si se tiene en cuenta que la población foránea en Euskadi ronda el 10%.
El documento, al que ha tenido acceso este diario, también evidencia que en delitos contra la libertad sexual, robos con violencia y agresiones grupales, la sobrerrepresentación de magrebíes y subsaharianos es abrumadora. La consejera de Seguridad, pese a la gravedad de los datos, compareció con una declaración tibia: “El delito no entiende de nacionalidades”. Una frase hecha que la progresía repite como un loro, mientras las víctimas –muchas de ellas mujeres– cambian de acera al ver a un grupo de jóvenes norteafricanos.
Marroquíes y argelinos lideran las listas de detenidos extranjeros en Cataluña
Los datos oficiales de justicia y policía en Cataluña confirman que las personas de nacionalidad marroquí y argelina encabezan las estadísticas de detenidos extranjeros. Esta realidad, que ahora se hace pública, contrasta con años de opacidad donde se evitaba desglosar las nacionalidades por miedo a alimentar prejuicios.
«La nacionalidad de los detenidos se ocultaba para evitar la estigmatización, pero los datos contrarrestan discursos manipulados». Esta frase resume la paradoja: al no ofrecer información transparente, se dejó un vacío que a menudo llenaron relatos simplistas o xenófobos. Hoy, los números permiten un debate basado en hechos, no en bulos.
El silencio cómplice de los medios y la izquierda
¿Por qué estos datos no ocupan portadas? ¿Por qué ningún partido de la llamada “izquierda progresista” exige políticas migratorias serias o expulsiones rápidas de delincuentes? La respuesta es tan incómoda como la propia realidad: decir la verdad escuece a la progresía española. Porque reconocer que una parte desproporcionada de la delincuencia grave tiene un origen concreto implicaría romper el relato multiculturalista, poner en cuestión la “riqueza de la diversidad” y, sobre todo, dar la razón a formaciones políticas que hasta ahora eran tildadas de “ultras” por señalar lo evidente.
La progresía ha preferido durante años etiquetar de “fobia” cualquier intento de debatir la relación entre inmigración irregular y seguridad. Así nos va: con ciudadanos atrincherados en sus casas en Guardamar, mujeres que no salen solas en Torrevieja, y una Ertzaintza que detiene a siete extranjeros por cada tres españoles en violaciones. Cataluña en la cúspide de la delincuencia extranjera. Pero claro, hablar de esto es “islamofobia” o “racismo estructural”. Mejor seguir con el cuento de la “España acogedora” mientras la delincuencia echa raíces.
La realidad no entiende de censuras
Escuece, sí. Pero la verdad duele precisamente porque desmonta los ídolos de la corrección política. Los ciudadanos de Alicante, Murcia, el País Vasco, Cataluña y otras partes de España ya no se fían de las estadísticas maquilladas ni de los discursos vacíos. Quieren patrullas en las calles, expulsiones exprés de delincuentes extranjeros y, sobre todo, que se deje de criminalizar a la víctima por señalar al agresor. Mientras tanto, la progresía seguirá escociéndose con cada titular como este. Porque negar la realidad es su único dogma. Y los perros –y los delincuentes– ladran, pero la inseguridad ya ha mordido.
