La izquierda que predica tolerancia ejerce el totalitarismo del puño. Mientras sus dirigentes pontifican desde sus despachos sobre convivencia y democracia, sus bases más radicales siembran el terror en las calles contra quienes no comulgan con su doctrina. La violencia política en España tiene un color predominante, un modus operandi recurrente y un silencio cómplice que la ampara.
Como escribio Evelyn Beatrice Hall para resumir el pensamiento de Voltaire aquello de «no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo». Hermoso principio, sin duda. Lástima que la izquierda española lo haya convertido en papel mojado, en un estorbo retórico que incomoda cuando de proteger a sus adversarios políticos se trata.
Porque mientras desde los platós de televisión y las tribunas parlamentarias se nos llena la boca con discursos de «convivencia», «tolerancia» y «respeto a la diversidad», en las calles de este país los simpatizantes de Vox son perseguidos, golpeados y vejados por radicales que, curiosamente, siempre miran hacia el mismo lado del espectro político. No, no es casualidad. Es la consecuencia lógica de un relato que lleva años deshumanizando al adversario, convirtiéndolo en enemigo y, por tanto, en blanco legítimo de toda violencia.
El mapa del terror: Decenas de agresiones documentadas
Los datos, tozudos e incontestables, hablan por sí solos. Según un recuento del partido, entre 2014 año de su creación y el 2025 se denunciaron 300 incidentes violentos contra militantes, sedes y bienes de Vox. Trescientos. Y eso son solo los documentados, los que han trascendido a la prensa. ¿Cuántos más quedarán en la oscuridad del miedo?
Pero la espiral no se ha detenido. El pasado 10 de febrero de 2026, en Montcada i Reixac (Barcelona), la violencia volvió a dejar su huella más brutal . Durante una carpa informativa, un grupo de «radicales comunistas y separatistas» atacó por la espalda a los militantes presentes, utilizando sprays y buscando la superioridad numérica para causar el mayor daño posible . El resultado: una mujer, afiliada del partido, tuvo que ser atendida por una posible fractura o fisura en una costilla. El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, denunció el «silencio cómplice» del resto de formaciones políticas, revelando que en el Parlamento de Cataluña todas las formaciones se negaron a secundar una declaración institucional de condena . «¿Qué tiene que pasar? ¿Tienen que matar a un afiliado de VOX para que condenen la violencia política? Parece que la vida de los miembros de VOX no vale igual que la de cualquier otro», denunció el portavoz Joan Garriga.
Apenas un mes antes, en enero de 2026, VOX había denunciado ante la Guardia Civil un intento de boicot a su acto en Aínsa (Huesca), donde una campaña organizada de cartelería hostil y llamamientos en redes sociales disuadió a simpatizantes de acudir y obligó a desplegar un dispositivo extraordinario de seguridad.
Pero vayamos a los nombres, a los rostros, a las víctimas de carne y hueso que este relato de progreso y concordia parece empeñado en invisibilizar.
En noviembre de 2025, Gonzalo de Oro, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, fue agredido físicamente mientras ejercía su legítimo derecho a instalar una carpa informativa en el barrio de Sants. ¿El motivo? Hablar, informar, ofrecer una alternativa política. Un grupo de radicales de extrema izquierda independentista decidió que ese derecho no le correspondía. Y actuaron en consecuencia: a golpes.
Un mes antes, en julio de 2025, Francisco González, concejal y portavoz de Vox en L’Hospitalet de Llobregat, se acercó a la zona de ‘La Squatxeria’, un centro social okupa, para interesarse por un desalojo. Error. No se puede uno acercar a determinados sitios si llevas las siglas equivocadas. Fue increpado, agredido, y a su acompañante le arrebataron el teléfono móvil para destrozarlo. El mensaje es claro: ustedes no son bienvenidos, ustedes no tienen derecho a estar aquí.
Tampoco olvidamos lo ocurrido en las fiestas de Vallecas, ese templo del «orgullo popular» madrileño, en julio de 2025. Dos mujeres, Carolina Ibáñez y Laura Cid, fueron agredidas físicamente. Una recibió un puñetazo en la cara. A la otra le partieron el labio. Dos mujeres, ejerciendo su derecho a participar de unas fiestas populares, fueron señaladas, acosadas y golpeadas. ¿Por qué? Por llevar encima unas ideas que algunos consideran proscritas.
Y qué decir de Antonio López, portavoz de Vox en Sant Andreu de la Barca. Un extremista de izquierdas le empujó violentamente por la espalda. Cayó al suelo, se golpeó la cabeza. Tuvo que ser trasladado al hospital. La cobardía del ataque por la espalda, la seña de identidad de quienes no se atreven a debatir ideas y prefieren resolver las diferencias a traición.
Pero la violencia no se limita a las personas. Se extiende a sus bienes, a sus símbolos, a sus espacios. Las sedes del partido se han convertido en dianas del vandalismo de extrema izquierda. Cristales rotos, pintadas amenazantes, excrementos arrojados contra las fachadas. La sede de Vox en Tarragona ha sufrido nueve ataques en dos años. Nueve. Esa no es una campaña de desobediencia civil, es una campaña de acoso. Y sin embargo, ¿dónde están las condenas unánimes?
La asimetría de la violencia: Cuando los datos desmontan el «y tú más»
En el debate público español se ha instalado una peligrosa falacia: la de la equidistancia, esa trampa retórica que consiste en equiparar lo que no es equiparable, en colocar en el mismo plano al agresor y al agredido, en sugerir que «todos son iguales» cuando los datos demuestran exactamente lo contrario.
Porque si algo revela el análisis riguroso de la violencia política en España es una asimetría fundamental: mientras las agresiones contra simpatizantes, militantes y sedes de Vox se cuentan por decenas y responden a un patrón sistemático de acoso, los incidentes protagonizados por afiliados de Vox contra personas de izquierdas son casos aislados, rápidamente reprobados por la dirección del partido y, en ocasiones, saldados con consecuencias políticas inmediatas.
El caso más sonado protagonizado por un cargo de Vox ocurrió en diciembre de 2023, durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid. El entonces portavoz municipal, Javier Ortega Smith, protagonizó un enfrentamiento con el concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño en el que, tras golpear unos documentos, una botella de agua salió despedida hacia el edil de izquierdas. Las imágenes dieron la vuelta a España. Y la dirección nacional de Vox, lejos de amparar a su dirigente, asumió las consecuencias políticas: Ortega Smith fue apartado de sus funciones como portavoz municipal y relegado a un segundo plano durante meses.
Conviene, eso sí, ser rigurosos: el incidente de Ortega Smith, por más reprobable que resultara, no puede equipararse a las agresiones físicas con resultado de lesiones que han sufrido numerosos simpatizantes de Vox. Una botella de agua que sale despedida en un momento de tensión no es lo mismo que un puñetazo en la cara, que un empujón por la espalda que acaba en el hospital, que el acoso sistemático a una sede política con lanzamiento de piedras y excrementos. No es lo mismo.
El espejo roto de la izquierda: Un concejal socialista y un café por la cara
Mientras la derecha se apresuró a condenar el incidente de Ortega Smith, la izquierda ha mostrado una preocupante tendencia a justificar, minimizar o directamente silenciar las agresiones cometidas por los suyos.
El caso más reciente y paradigmático ocurrió el pasado febrero de 2026 en el Ayuntamiento de Aranjuez . Un concejal del PSOE, José María Cermeño, en plena comisión informativa, lanzó un recipiente con café a la cara del portavoz de Vox, David Esteban Fernández Domínguez, mientras le gritaba «fascista» . El edil socialista, que afortunadamente no alcanzó su objetivo, justificó su violento arrebato porque el concejal de Vox le había llamado «vago».
La diferencia con el caso de Ortega Smith es abismal. Mientras el dirigente de Vox fue apartado de sus funciones, el concejal socialista tuvo que ser forzado por la presión mediática y la denuncia presentada por Vox para dimitir . No hubo una condena automática por parte de su partido. No hubo un gesto ejemplarizante. Hubo, simplemente, el intento de pasar página. Desde Vox sostienen que los hechos podrían constituir hasta cinco delitos, entre ellos atentado contra la autoridad pública, tentativa de lesiones y delito de odio por motivación ideológica.
Y lo más grave: mientras el incidente de Ortega Smith ocupó portadas durante días, la agresión del concejal socialista en Aranjuez pasó mucho más desapercibida en los grandes medios. La doble vara de medir, una vez más, en todo su esplendor.
La pregunta incómoda: ¿Dónde están las decenas de agredidos por Vox?
Si alguien pretende sostener la tesis de la equidistancia, de que «los dos extremos son iguales», debería responder a una pregunta muy sencilla: ¿dónde están las decenas de agredidos por militantes de Vox? ¿Dónde están los heridos? ¿Dónde las sedes de izquierdas apedreadas? ¿Dónde las denuncias por agresiones sistemáticas?
No las hay. O, al menos, no con la entidad y la recurrencia que caracterizan a la violencia de izquierdas contra Vox.
Lo que encontramos, en cambio, es un patrón perfectamente documentado: casi medio centenar de incidentes violentos contra militantes, sedes y bienes de Vox en poco más de dos años. Agresiones físicas con resultado de lesiones. Ataques vandálicos a sedes. Vehículos destrozados. Concentraciones violentas.
Este es el verdadero rostro de la violencia política en España. Una violencia que tiene un color político predominante, unos métodos claramente identificables y un objetivo sistemático: acallar a quienes no comulgan con la doctrina progresista.
La reacción institucional: Silencio cómplice frente a condena inmediata
Otro elemento que rompe cualquier falsa equidistancia es la reacción de las respectivas direcciones políticas. Cuando se produce una agresión contra Vox, el silencio de la izquierda institucional es ensordecedor. Rara vez se escucha una condena explícita de Pedro Sánchez, de Yolanda Díaz, de los líderes territoriales del PSOE. El caso de Montcada i Reixac es paradigmático: todas las formaciones políticas en el Parlamento de Cataluña se negaron a respaldar una declaración institucional de condena. Como denunció Ignacio Garriga, «ese silencio no es neutral: es complicidad».
Cuando, por el contrario, un cargo de Vox protagoniza un incidente reprobable, la condena es inmediata, no solo por parte de la izquierda, sino también de la dirección nacional de su propio partido. El caso de Ortega Smith es el ejemplo más claro.
Esta asimetría revela algo profundo: mientras Vox asume que la violencia es siempre condenable venga de donde venga, la izquierda mantiene una peligrosa ambigüedad que actúa como coartada para los violentos. Porque cuando se justifica la violencia «simbólica», cuando se equipara a un partido legal con el fascismo, cuando se les niega el derecho a existir políticamente, se está abonando el terreno para que alguien, en algún momento, decida pasar de la palabra al hecho.
La falsa simetría
No. No todos son iguales. No hay una violencia de «los dos extremos» equiparable. Hay, por un lado, decenas de agresiones sistemáticas contra Vox, documentadas, probadas, con víctimas concretas y un modus operandi recurrente que incluye ataques por la espalda, superioridad numérica y un claro objetivo de amedrentamiento. Y hay, por otro lado, incidentes aislados protagonizados por cargos de Vox, ciertamente reprobables, pero que han sido inmediatamente condenados por la dirección del partido y que no responden a un patrón organizado de violencia.
Pretender lo contrario, insistir en la falacia de la equidistancia, no solo es falso: es profundamente injusto con las víctimas reales de la violencia política en España. Y contribuye, además, a perpetuar el clima de crispación que permite que estos hechos sigan ocurriendo.
La izquierda española tiene una asignatura pendiente: condenar sin ambages la violencia que generan sus bases más radicales. Mientras no lo haga, mientras siga amparándose en el silencio o la ambigüedad, será cómplice de lo que ocurre en las calles. Y la historia, esa que tanto les gusta invocar, no será indulgente con esa complicidad.
