Sánchez señala, Iglesias ejecuta: el extraño maridaje entre La Moncloa y el exvicepresidente para silenciar a las voces incómodas

Hay alianzas que repugnan tanto que hasta las ratas, cuando huelen el peligro, prefieren huir por separado. Pero en el estercolero de la política española, donde la basura de unos es el tesoro de otros, hasta las peores compañías encuentran su acomodo. El último ejemplo lo protagonizan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, empeñados en una cruzada conjunta para tapar la boca a Iker Jiménez, ese periodista que, según el presidente, tiene el pecado original de tener audiencia y, según su exvicepresidente, el imperdonable delito de haber hablado alguna vez de ovnis.

La escena, digna de Berlanga, se desarrolló en dos actos. El miércoles, en el Congreso, Sánchez señaló a Jiménez con el dedo acusador, lamentando que un tipo así tenga audiencia y se permita opinar sobre política . Al día siguiente, como un perrito faldero que acude a la llamada de su amo, Pablo Iglesias recogió el guante en TVE y exigió una «ley de medios» para que los «mentirosos profesionales» y los «machistas profesionales» no puedan trabajar en televisión .

La ironía es tan colosal que resulta casi obscena. Resulta que Iker Jiménez, el comunicador que ha dedicado 30 años a investigar misterios y que acumula en su haber varios Premios Ondas y Antenas de Oro —galardones que, por cierto, no se otorgan en los sorteos del gas—, es ahora un peligro para la democracia . ¿El motivo? Haber osado opinar sobre política después de haber hablado de fantasmas y aparecidos. Por esa regla de tres, habría que prohibir a los humoristas hacer reír, a los cocineros comer y a los políticos, bueno, eso sería pedir demasiado.

El razonamiento de Iglesias merece un premio al absurdo: «Un curandero no puede hacer un programa de salud y un tipo de ovnis no puede hacer un programa de política por una cuestión de sentido común democrático» . Aplicando la misma lógica, ¿qué habría que hacer con un politólogo que nunca ha ganado unas elecciones, que fracasó estrepitosamente en Madrid, que tuvo que abandonar el Gobierno y que ahora se dedica a pontificar desde un plató? ¿Debería una ley prohibirle hablar de gestión pública? ¿O acaso presentar un informativo sin tener el carné de periodista, como hace él mismo, también debería estar penado? .

Pero no nos engañemos. Esta no es una batalla contra los «curanderos mediáticos» ni una defensa de la «calidad democrática». Esto es puro y simple control del relato. Lo que está sobre la mesa es una operación quirúrgica para extirpar del ecosistema mediático a todas aquellas voces que no comulgan con la versión oficial. Y para ello, qué mejor que una «ley de medios» que, como el perro del hortelano, no deja hablar a quien no debe y permite ladrar a quien interesa.

Lo más grotesco del asunto es que Iglesias insiste en que esto «no es censura», sino «protección democrática» . Claro, como cuando en las dictaduras se prohibían los periódicos «para proteger a la ciudadanía de mentiras». El exvicepresidente, que tan celoso se mostraba de las libertades cuando gobernaba, ahora propone nada menos que vetar a presentadores en horario de máxima audiencia. Y todo ello con la bendición del presidente del Gobierno, que desde la tribuna del Congreso marca a periodistas como si fueran reses en una ganadería.

Mientras tanto, en Europa avanzan en dirección contraria. La Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, en vigor desde agosto de 2025, establece precisamente lo opuesto: proteger la independencia editorial, blindar las fuentes periodísticas y garantizar que los Estados miembros no interfieran en la libertad de prensa . Pero da la impresión de que en España el gobierno ha decidido aplicar la doctrina Iglesias: si no te gusta lo que cuentan, cambia el canal… o mejor aún, cambia la ley para que no puedan contarlo.

Lo más divertido —o trágico, según se mire— es ver a Iglesias defender esta postura desde la televisión pública, esa misma que él ahora quiere «proteger» de los malos periodistas. Porque claro, la televisión pública es propiedad de todos los españoles, pero según la lógica del exlíder de Podemos, debería estar reservada exclusivamente para aquellos comunicadores que superen el filtro de lo «políticamente correcto» según su criterio. O sea, una tele pública para unos pocos, financiada por todos.