Cuando el protocolo antiacoso es un buzón de quejas sin contestar
Un goteo incesante de denuncias por acoso sexual dentro del partido, gestionadas con una lentitud burocrática que raya el encubrimiento, fuerza finalmente a las víctimas a buscar justicia en la Fiscalía, desvelando la profunda brecha entre el discurso público y la praxis interna de la formación que se autoproclama «feminista».
Mientras el PSOE exhibe en sus estatutos, desde 2021, el adjetivo «feminista» como una enseña de modernidad, su canal interno antiacoso parece funcionar con la eficacia de un trámite kafkiano. La reciente presentación de denuncias ante la Fiscalía por parte de mujeres que previamente alertaron, sin éxito, a su partido sobre conductas de acoso, es el epílogo previsible de una crisis de credibilidad que se ha gestado durante meses.
La cadena de casos es larga y reveladora. El expediente más paradigmático es el del exasesor de Moncloa y hombre de confianza de Pedro Sánchez, Francisco «Paco» Salazar. Dos mujeres denunciaron su conducta —que incluía, según sus testimonios, un lenguaje «hipersexualizado» y la simulación de felaciones— a través del canal interno en julio. Durante cinco meses, la Oficina Antiacoso no actuó, y las denuncias llegaron a «desaparecer» del sistema por lo que el partido calificó como un «error informático». Fue necesaria la presión mediática para que Salazar causara baja como militante en noviembre.
Pero el patrón se repite. En Torremolinos, una militante denunció en septiembre al secretario general local, Antonio Navarro, aportando como prueba mensajes de WhatsApp de alto contenido sexual («No me esquives, que te quiero meter ficha») y la descripción de un tocamiento no consentido. Tras dos meses de silencio por parte de la Comisión Antiacoso, la mujer decidió elevar el caso a la Fiscalía.
El último capítulo de este «Me Too» socialista lo protagoniza José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y barón del partido en la provincia. Al menos cuatro mujeres le acusan de tocamientos, ofrecimientos de empleo a cambio de favores sexuales y mensajes obscenos. A pesar de que el programa Código 10 de Cuatro reveló que seis mujeres habían alertado a los órganos internos del partido sin ser escuchadas, el secretario general del PSOE en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, declaró no tener «constancia de ninguna denuncia». Horas después, reconoció que conocía los rumores desde hacía dos meses. Bajo una presión insostenible, Tomé dimitió como presidente de la Diputación, pero se aferró —y sigue aferrado— a su cargo de alcalde de Monforte de Lemos.
La coreografía del «feminismo performativo»: declaraciones frente a hechos
Frente a esta cascada de negligencias, la dirección nacional del PSOE ha activado un manual de respuestas que ya resulta predecible:
- Negación inicial o minimización: «A mí no me consta» (Gómez Besteiro); «es muy llamativo que el asunto se dé a conocer… ahora» (PSOE de Extremadura sobre otro caso).
- Condena genérica cuando el escándalo estalla: El portavoz Patxi López promete apartar «con contundencia»; el ministro Félix Bolaños dice que los casos «duelen, repugnan y avergüenzan».
- Petición de perdón tardía y vaga: La secretaria de Organización, Rebeca Torró, pidió perdón a las víctimas por la gestión «fallida» en el caso Salazar.
- Reafirmación retórica: La portavoz Pilar Alegría asegura que el partido está «al lado de las víctimas» y que «pusimos en marcha los protocolos».
Esta coreografía no convence ni dentro del propio partido. Ángeles Férriz, portavoz adjunta del PSOE en Andalucía, resumió el malestar de muchas militantes al declararse «hasta el moño de puteros y acosadores». La secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, presentó su dimisión por discrepancias con la gestión del caso Tomé.
Las víctimas agotaron la vía interna: la Fiscalía como último recurso
La decisión de las denunciantes de acudir a la Fiscalía no es casual. Es la consecuencia lógica de un sistema interno que, en la práctica, ha funcionado como un mecanismo de dilación y desgaste para quien se atreve a usarlo. El mensaje que perciben las mujeres es claro: el partido prioriza la protección de su estructura de poder y la imagen pública sobre la seguridad y la dignidad de sus militantes.
Esta percepción se ve reforzada por el tratamiento dispar que reciben los acusados. Mientras se pide «serenidad» y se esperan meses para actuar, los denunciados suelen reaccionar con celeridad tachando las acusaciones de «falsas» y anunciando acciones legales contra sus denunciantes, como hicieron Tomé, Navarro o el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.
La brecha entre el «feminismo de los estatutos» y el «machismo de los pasillos» se ha hecho demasiado ancha como para ignorarla. Socios de gobierno como Sumar critican que el PSOE sólo reacciona «a posteriori», y desde Podemos se les acusa directamente de tener «un problema de machismo muy serio».
La credibilidad de una formación política no se mide por los adjetivos que adornan sus documentos, sino por la contundencia con la que defiende sus principios cuando es incómodo hacerlo. Y hoy, el mayor tribunal ante el que se sienta el PSOE no es el político, sino el de sus propias militantes, que, tras meses de silencio administrativo, han tenido que buscar justicia fuera de la casa que un día consideraron propia. El «error informático» que borró denuncias podría arreglarse; el error político de borrar la confianza de las mujeres será mucho más difícil de resolver.
