La aerolínea rescatada con dinero público, bajo sospecha de blanqueo vinculado a Venezuela
La Policía Nacional detuvo al presidente y al consejero delegado de la compañía y registró su sede. La investigación, secreta, indaga si los 53 millones de euros del rescate sirvieron para devolver préstamos a una trama criminal internacional.
Madrid, 11 de diciembre de 2025 – La crisis de la aerolínea Plus Ultra, rescatada en plena pandemia con un polémico préstamo público de 53 millones de euros, ha entrado en una nueva y turbia dimensión. Este jueves, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo al presidente de la compañía, Julio Martínez, y a su consejero delegado, Roberto Roselli, tras registrar la sede de la empresa en Madrid en el marco de una investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y declarada secreta, ha incluido también registros en domicilios de altos responsables de la aerolínea. Según los datos de la investigación, los fondos del rescate concedido por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021 podrían haber sido utilizados para devolver préstamos a cuentas en el extranjero de una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de dinero procedente de Venezuela.
El origen de la investigación
La nueva pesquisa no surge de la nada. Es la reactivación de un caso que había sido archivado en enero de 2023 por un error procesal —la jueza había superado el plazo legal de 12 meses para imputar a la compañía— y con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid. En aquella ocasión, la magistrada Esperanza Collazos archivó la causa al considerar que no había indicios de delito y que la decisión del rescate había sido tomada por el Consejo de Ministros, por lo que los investigados «carecían de capacidad de decisión».
Sin embargo, un nuevo elemento ha cambiado el curso de los acontecimientos. En octubre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional basada en información recibida de las autoridades judiciales de Francia y Suiza. Estos países investigan desde 2021 una vasta red de blanqueo de capitales a gran escala, presuntamente vinculada a la venta ilegal de oro venezolano y a fondos malversados del programa de alimentos CLAP del gobierno de Nicolás Maduro.
Según Anticorrupción, el dinero público del rescate de Plus Ultra se habría utilizado «para blanquear a su vez cantidades de ilícito origen». La teoría del ministerio público es que la aerolínea, tras recibir la ayuda del Gobierno, realizó devoluciones de préstamos a sociedades extranjeras que forman parte de esta presunta organización criminal, utilizando como cobertura unos contratos de préstamo.
La investigación internacional, que se remonta a 2021, apunta a una trama que operaba desde una empresa en isla Mauricio —creada para ocultar sus actividades— y que manejaba «importantes flujos financieros, sin ninguna lógica económica», beneficiando a «personas sometidas a sanciones internacionales».
Una investigación paralela y explosivas declaraciones
La redada a Plus Ultra se produce en el contexto de otra macrooperación anticorrupción, la del llamado ‘caso Koldo’, que ha salpicado de lleno a la aerolínea. En el marco de esa investigación, el empresario Víctor de Aldama, uno de los principales investigados, ha realizado declaraciones que dibujan un escenario de altas presiones políticas.
Aldama ha asegurado que el rescate de Plus Ultra fue una «imposición» y ha señalado directamente al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto impulsor de la ayuda, algo que este ha negado. También ha afirmado que el entonces presidente de Canarias y actual ministro, Ángel Víctor Torres, quería que fuera Plus Ultra, y no otra aerolínea, la que transportara mascarillas a las islas durante la pandemia, en línea con esas supuestas presiones.
Por su parte, el exministro de Transportes José Luis Ábalos ya había manifestado con anterioridad que el rescate fue una decisión con la que no estuvo de acuerdo.
Estas declaraciones conectan los puntos entre una investigación centrada en contratos de material sanitario y los fondos públicos inyectados en la aerolínea, aumentando la dimensión política del escándalo.
Los vínculos venezolanos y la justificación del rescate
Desde sus inicios, la ayuda a Plus Ultra estuvo marcada por la controversia debido a sus vínculos con Venezuela. La compañía, que se presenta como «la única alternativa» española en rutas a Latinoamérica, cuenta con accionistas venezolanos. Uno de los puntos que ya investigó la jueza Collazos fue por qué parte del dinero del rescate terminó destinado a un pago a la petrolera estatal venezolana PDVSA. La aerolínea argumentó que se trataba de una deuda pendiente que no pudo saldarse antes por el embargo internacional; los peritos del juzgado consideraron «poco habitual» priorizar ese pago.
El Gobierno justificó el rescate calificando a Plus Ultra como empresa «estratégica» para las conexiones con América Latina. No obstante, los peritos designados por el juzgado en la causa archivada señalaron en su día que la aerolínea presentaba signos de insolvencia y riesgo de cierre desde 2019, lo que, en teoría, la inhabilitaba para recibir ayudas. En contraposición, la SEPI y consultoras externas avalaron que no estaba en causa de disolución.
Coordinación internacional y futuro incierto
La investigación actual es un claro ejemplo de cooperación judicial internacional. Se inició con alertas en Suiza en 2021, siguió con pesquisas en Francia y, tras el intercambio de información, ha llegado a España de la mano de Anticorrupción.
Mientras, la compañía, a través de sus fuentes, ha expresado su «plena colaboración» y asegura que está «facilitando toda la documentación» requerida, precisando que la investigación se circunscribe al «área económico financiera». La cúpula directiva, sin embargo, ya está bajo custodia policial.
La nueva pesquisa judicial se enfrenta ahora a un escrutinio feroz. Debe determinar no solo si hubo un desvío de fondos públicos hacia una trama de blanqueo internacional —una acusación de una gravedad extraordinaria—, sino también esclarecer el papel que pudieron desempeñar las supuestas influencias políticas en la concesión de un rescate que, desde el primer día, estuvo en el ojo del huracán.
