El silencio constitucional: cuando el gobierno escribe sentencias pendientes
El escenario era insólito. La tinta de la sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aún no se había secado. La sociedad, los medios, la oposición, todos aguardaban conocer los fundamentos jurídicos de una condena histórica. Pero en el Palacio de la Moncloa, el guion ya estaba escrito. Pedro Sánchez, desde la lejana Johannesburgo, no esperó a leer lo que no había leído. Con una tranquilidad pasmosa, anunció al país que «otras instancias» emitirían «un fallo diferente». El Tribunal Constitucional, pues, ya tenía veredicto. Y no lo sabía.
Este acto de presunción oracular no es un desliz, es la culminación de una estrategia. Es la normalización de una práctica donde el poder ejecutivo no solo interfiere en el judicial, sino que se arroga la facultad de predecir—o más bien, de prescribir—sus fallos. Sánchez no hablaba como un ciudadano que confía en la justicia, sino como un presidente que la instruye. La separación de poderes, ese pilar democrático ya maltrecho, recibía otro martillazo: si el Supremo se «equivoca», el Constitucional, convenientemente, lo «corregirá».
Pero, ¿qué condenó exactamente el Supremo? No un error técnico, no una discrepancia menor. Condenó la revelación de datos reservados de un sumario en curso. García Ortiz, el máximo garante de la imparcialidad de la acusación, fue hallado culpable de usar información privilegiada de la Fiscalía para filtrar a la prensa detalles sensibles sobre un caso que afectaba al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El tribunal consideró probado que la nota de prensa fue una herramienta de intoxicación política, un atajo que vulnera la esencia misma del estado de derecho: que todos, sin excepción, estamos sujetos a la misma ley.
La reacción del Gobierno no ha sido de respeto a una sentencia firme, ni de cautela institucional. Ha sido de desplante y narrativa bélica. El ministro Bolaños habló de «lawfare» o «guerra judicial», importando un término de las trincheras políticas latinoamericanas para desacreditar a los jueces. Se acusa al Supremo de ser un instrumento de la derecha, como si las mayorías judiciales fueran equiparables a las parlamentarias y se alternaran con los gobiernos. Se olvida, interesadamente, que el propio García Ortiz fue propuesto para fiscal general por el mismo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones y con mayoría conservadora, un hecho que ahora parece un inconveniente narrativo.
La táctica es clara y tiene tres pasos: Primero, la criminalización del tribunal: presentar a los jueces del Supremo no como magistrados que aplican el código penal, sino como activistas políticos con toga. Segundo, la apelación al futuro salvador: proyectar sobre el Tribunal Constitucional—cuya composición ha sido renovada recientemente con influencia del gobierno—el papel de redentor que anule la «injusticia». Tercero, la movilización de la tribu: trasladar el debate del ámbito jurídico al político, donde las lealtades partidistas priman sobre el análisis sosegado.
Este caso va más allá de la suerte de un alto cargo. Es un punto de inflexion peligroso. Porque lo que Sánchez está ensayando es un mecanismo de control: cuando la justicia ordinaria es incómoda, se la salta apelando a un tribunal superior que, por designación política, pueda ser más comprensivo. Es la degradación de la justicia a un debate de opiniones, donde una sentencia firme es solo un «primer round» que puede ser revocado si el poder ejecutivo presiona lo suficiente.
El verdadero escándalo no es que un fiscal general haya sido condenado. El escándalo es que el Presidente del Gobierno se erija en portavoz de un tribunal que no ha hablado, socavando su independencia antes de que actúe. Es la confusión calculada entre los deseos de un gobierno y los fallos de un tribunal. Es, en definitiva, la banalización de un principio democrático fundamental: en España, las sentencias las dictan los jueces, no los profetas. Y mucho menos los profetas con despacho en La Moncloa.
