Desarticulada una presunta trama criminal por un fraude de 280 millones en el sector de los hidrocarburos
Madrid, 2 de diciembre de 2025 — La Audiencia Nacional ha asestado un duro golpe a una de las mayores presuntas tramas de fraude fiscal en el sector energético. En una operación coordinada ejecutada por la Policía Nacional, los agentes han detenido a ocho personas y han registrado las sedes de la empresa Biomar Oil S.L., investigada por un desfalco a Hacienda que alcanzaría los 280 millones de euros.
La investigación, aún abierta y bajo secreto de sumario, está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 y se centra en presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y fraude contra la Hacienda Pública. Esta acción judicial no es un hecho aislado, sino el punto culminante de una larga sombra de sospechas y sanciones que han perseguido a la compañía.
La investigación: un mecanismo de fraude clásico
Las fuentes consultadas apuntan a que la investigación se centra en un mecanismo de fraude de libro: la llamada “trampa del IVA” en el sector de los hidrocarburos.
- El Modus Operandi: Se trataría de simular ventas de combustible a través de una compleja red de sociedades pantalla o interpuestas, muchas de ellas destinadas a desaparecer (las conocidas como “empresas tornillo”), para eludir el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
- La ventaja ilegal: El producto, libre de esta carga fiscal, se revendería luego a estaciones de servicio a un precio artificialmente bajo, generando una competencia desleal insostenible para las empresas que operan legalmente.
- El lavado de capitales: Los enormes beneficios ilícitos obtenidos se reintegrarían luego en el circuito económico formal a través de complejas operaciones de blanqueo de capitales, otro de los delitos centrales de la investigación.
Una empresa marcada por la polémica y el crecimiento exponencial
Biomar Oil no era una desconocida para las autoridades administrativas. Su espectacular ascenso en el mercado ya había encendido todas las alarmas.
- De 25 a 1.000 millones en un año: Según datos de El Mundo, la facturación de Biomar Oil experimentó un crecimiento que expertos califican de “irreal”: pasó de 25 millones de euros (entre 2021 y 2022) a cerrar su último ejercicio con 1.000 millones de euros.
- Multa récord por biocombustibles: En junio de 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica inhabilitó a la empresa como operador mayorista y le impuso una sanción de 218 millones de euros. La razón: incumplir sistemáticamente la obligación legal de mezclar un porcentaje mínimo de biocombustibles en sus productos, una práctica conocida en el sector para abaratar costos de manera irregular.
- Deuda millonaria con Hacienda: Coincidiendo con esa sanción, Biomar Oil aparecía en la lista de morosos de la Agencia Tributaria con una deuda viva de 119,1 millones de euros.
- Situación concursal: Actualmente, la compañía está intervenida judicialmente por el Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona, al hallarse en concurso de acreedores.
Contexto: una lucha a gran escala contra el fraude energético
El caso Biomar Oil es solo la punta del iceberg de una batalla más amplia que libran las fuerzas de seguridad y la justicia.
- Otra operación reciente: Hace escasas semanas, la Guardia Civil desarticulaba otra presunta trama vinculada a la empresa Villafuel, en la que está imputado Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del ‘caso Koldo’. Se le acusa de defraudar más de 182 millones de euros.
- Un problema sistémico: Las estimaciones del sector son alarmantes. Se calcula que alrededor de 1.000 de las 12.000 gasolineras en España podrían estar vendiendo combustible por debajo de su coste real, un indicador clave de que operan con producto procedente de redes fraudulentas. Esto no solo perjudica a las arcas públicas, sino que distorsiona el mercado y perjudica gravemente a los operadores legales.
Próximos pasos judiciales
La operación de este martes es un paso crucial, pero no el final del proceso. De los ocho detenidos, tres serán puestos a disposición del juez instructor este miércoles, quien decidirá sobre su situación procesal. El magistrado, Antonio Piña, ha ordenado un total de nueve registros en diferentes sedes del grupo empresarial para recabar toda la documentación necesaria.
La investigación, que continúa abierta, no descarta nuevas detenciones a medida que se analice la ingente cantidad de documentación incautada. El objetivo final de la Audiencia Nacional es no solo imputar a los presuntos responsables directos, sino desarticular por completo la estructura financiera y logística de una organización que, según la acusación, ha estado operando al margen de la ley durante años.
Mientras tanto, el sector observa con atención. La desaparición de un operador de este tamaño, acusado de prácticas tan graves, podría tener repercusiones en el mercado y es un mensaje contundente de las autoridades: la tolerancia cero con el fraude energético es ya una realidad.
