El juez Peinado se atreve a leer el Código Penal y encuentra cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en negocios privados, malversación y apropiación indebida
El magistrado Juan Carlos Peinado, ese hombre que aún no ha entendido que los jueces están para aplaudir al Gobierno y no para investigarlo, ha dictado auto de procesamiento contra Begoña Gómez. Según el escrito, la mujer del presidente del Gobierno ha cometido nada menos que cuatro delitos que, si los cometiera usted o su vecino el del quinto, le supondrían una pensión vitalicia en Estremera. Pero claro, aquí estamos hablando de la familia real socialista, donde los delitos tienen un plus de glamour: no es tráfico de influencias, es «gestión de agenda»; no es malversación, es «optimización de recursos ajenos».
Las acusaciones populares (esos ilusos que creen en la igualdad ante la ley) piden 24 años de cárcel
Las acusaciones populares, esos ciudadanos de a pie que aún no han recibido el comunicado de Moncloa sobre cómo funciona realmente este país, han solicitado una pena de 24 años de prisión. Quizá piensan que Begoña Gómez es una delincuente común, como usted o como yo si nos atreviéramos a pedir un favor para un amigo desde el despacho de nuestro cónyuge presidente. Pero no, queridos ingenuos: aquí los años de cárcel se miden con otro metro. El mismo que usan para las maletas en el aeropuerto de Barajas cuando viaja alguien con aforamiento.
Pero llega la Fiscalía, como el ángel de la guarda de La Moncloa, y dice: «No pasa nada, esto no es delito»
El Ministerio Público, ese cuerpo que jura servir únicamente a la ley, ha recurrido el auto del juez Peinado. Su argumento es de una solidez apabullante: los hechos no son «constitutivos de infracción penal». Traducción: aunque usted haya visto cómo se adjudicaban contratos a dedo, aunque haya leído los correos, aunque haya escuchado los audios… no, no vio nada. Es como si un médico mirara una radiografía con un hueso roto y dijera: «No veo nada, seguramente es que el paciente quiso doblarse así». La capacidad de ver delitos en la Fiscalía es inversamente proporcional a la cercanía de quien los comete al poder.
La Fiscalía sujeta al principio de legalidad… ¡Perdón, qué despiste! Está sujeta a Sánchez
Y aquí el periodista, en un ejercicio de honestidad brutal, debe rectificar. Por un momento, este humilde redactor pensó que la Fiscalía estaba sujeta al principio de legalidad, ese viejo invento de la Ilustración que dice que todos somos iguales ante la ley. ¡Qué ridículo! Se ve que me levanté con la venda puesta. La Fiscalía está sujeta a Pedro Sánchez, como el satélite al campo gravitatorio. No es que lo diga yo, es que lo demuestran cada vez que el exfiscal general del Estado, del que no conviene recordar su nombre porque podría estar imputado por algo que ya hemos olvidado, actúa con la autonomía de un autómata programado en Ferraz.
Que ni el manual ni la ley están reformados… pero no se preocupen, que Bolaños ya está en ello
Reconozcamos lo evidente: todavía no hemos reformado ni el Código Penal ni el manual del fiscal. Lo sé, es bochornoso. Aquí seguimos, en pleno siglo XXI, con leyes que aún consideran delito malversar o apropiarse de lo ajeno. Menuda antigualla. Pero para eso está Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que últimamente tiene más títulos que un rey visigodo y menos pudor que un vendedor de alfombras. No se preocupen, que ya está trabajando en una reforma exprés para que todo esto pase a ser «recomendaciones no vinculantes». Seguro que el nuevo delito de «apropiación indebida» se llamará «gestión avanzada de recursos en entornos colaborativos». Y el «tráfico de influencias» pasará a ser «consultoría familiar de alto impacto social». Verán qué bonito.
Mientras tanto, en Moncloa: «¿24 años? Qué exageración, si solo era un cursillo, unos sobres y un par de contratos»
Porque no nos engañemos. En el fondo, el caso es sencillo: una cátedra, unos patrocinadores, una fundación, unos correos, un máster, unos sobres, un par de reuniones con empresarios que luego se llevaron contratos públicos… Todo muy normal. Cosas que le pasan a cualquiera. ¿O acaso usted no ha llamado por teléfono desde el móvil de su pareja presidente del Gobierno para agilizar una adjudicación? Anda ya. En España, lo raro sería no hacerlo. El problema, claro, es que al resto de los mortales por eso nos caen 24 años. A Begoña Gómez le caen 24 portadas y un comunicado de Moncloa tachando al juez de «ultraderechista».
La ley está de baja laboral, la Fiscalía de baja voluntaria y la democracia de baja por maternidad
Así que ya saben. Si algún día su esposa o esposo se convierte en presidente del Gobierno, no se corten: pidan, influyan, malversen, apropíense. Porque aunque la acusación popular pida 24 años, el juez vea indicios y el sentido común grite, siempre habrá una Fiscalía dispuesta a mirar hacia otro lado mientras tararea el himno del PSOE. La ley sigue sin reformar, eso es cierto, pero con Bolaños al mando, es cuestión de tiempo que el Código Penal parezca un catálogo de buenas intenciones. Hasta entonces, solo nos queda reír para no llorar, o llorar mientras reímos, que es el deporte nacional. Y si le parece que esto es una exageración… revísele la nómina, que igual usted también depende de un contrato público.
