Cómo Reescribir una Condena en Tres Actos
Parece que en la política española, una sentencia judicial no es el final, sino simplemente el primer borrador de una historia que el Gobierno está dispuesto a reescribir. El Tribunal Supremo emite un fallo, pero en el guion del Ejecutivo, esto es solo el cliffhanger que da paso a una temporada de incertidumbre, valor y, cómo no, un final feliz a la medida.
Acto I: El Respeto (Siempre que No Nos Incomode)
El Gobierno, con una solemnidad que raya lo performativo, anuncia que «respeta» la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Eso sí, matiza con la velocidad de un rayo que «no la comparte». Es un movimiento maestro: se acata la institución al mismo tiempo que se socava su veredicto, como aplaudir al chef mientras se escupe su plato. Mientras, el ministro Félix Bolaños y el propio Pedro Sánchez han defendido con vehemencia la «inocencia» del fiscal, un papel que, ahora se ve, estaban ensayando para el drama judicial, no para aceptar su resultado.
La vicepresidenta Yolanda Díaz, sin esperar siquiera a la redacción de la sentencia, ya ha decretado que la condena es «política», una «anomalía» y se dirige «contra el Gobierno». Un análisis jurídico tan expedito solo puede provenir de una bola de cristal o de un manual de estrategia muy particular. Al otro lado, el PP, con Elías Bendodo a la cabeza, no se queda atrás y ya anuncia, quizá con algo de adivinación, que el Gobierno está «construyendo el relato» y «la pedagogía del indulto». En este forcejeo, la justicia parece menos un poder del Estado y más un balón en un derbi político.
Acto II: El Indulto, esa Herramienta de Cohesión (de Grupo)
Las fuentes, siempre anónimas y sabihondas, revelan que el indulto es una opción seria que se baraja sobre la mesa. La lógica es férrea: si la sentencia puede suponer la pérdida de la condición de fiscal y cerrar las puertas a un «puesto internacional, bien remunerado» para García Ortiz, hay que actuar. La meritocracia, al fin y al cabo, consiste en asegurar un aterrizaje suave a los aliados, aunque haya sido un despegue judicial el que los haya desplazado.
Se argumenta que la ley de indultos da «margen suficiente al Gobierno para amoldarlo a sus intereses». Vaya alivio saber que la clemencia es tan flexible. Y para los puristas que recuerdan que los indultos suelen ser para penas de prisión, hay un precedente de lujo: el del juez Gómez de Liaño, indultado por el gobierno de Aznar. En la política española, los precedentes incómodos se ignoran, pero los útiles se enmarcan en oro.
Acto III: El Plan B (o Cómo Ganar Tiemmo Mientras el Constitucional se Llena de Polvo)
La otra vía es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, esta opción parece diseñada para el más paciente de los estrategas. Se especula con que el mero trámite de admisión podría alargarse hasta 2026, y el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, «no se siente cómodo con este asunto» . Ironías del destino, el mismo Conde-Pumpido que hace poco advertía de «interferencias» para impedir el cumplimiento de las sentencias, podría ver ahora cómo su tribunal se convierte en el campo de batalla de una guerra política en cámara lenta.
Mientras tanto, la operación «no dejar tirado al fiscal» avanza. Se le permitirá, en un gesto de lealtad que ennoblece, «decidir la persona que le suceda». Es un tránsito ejemplar: de acusado a condenado, y de condenado a headhunter de su propio reemplazo. La separación de poderes brilla con una luz nueva, tal vez algo tenue.
Final Abierto (Hasta Nuevo Aviso)
Así, el ciudadano observa el espectáculo: un Gobierno que respeta lo que no acata, planea indultos para delitos que no admite y recurre a instancias que pueden tardar años, todo para «resarcir» a un condenado por una falta que, aseguran, no cometió. El mensaje es claro: una condena del Supremo es, en el mejor de los casos, una opinión disidente. Y en el peor, la chispa que enciende la siguiente temporada de esta serie, que podríamos titular: «El Estado de Derecho, un incordio molesto para quien hace las leyes».
