La nueva geografía represiva
Resulta que Calamocha, ese pintoresco municipio turolense famoso por sus jamones y sus nieblas invernales, se ha convertido sin comerlo ni beberlo en la nueva Kolimá. Sí, han leído bien. Mientras ustedes pensaban que los gulags eran cosa del siglo XX y de la madrugada siberiana, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha decidido actualizar la geografía represiva y situar el archipiélago Gulag en la provincia de Teruel.
Porque, como todos sabemos, nada dice «represión estalinista» como la tranquilidad de un pueblo de Aragón donde lo más subversivo que ocurre es el concurso de tapas.
La ministra, en un alarde de originalidad retórica, ha mirado a Isabel Díaz Ayuso a través del salón de plenos del Congreso y le ha susurrado lo que todos llevábamos años esperando oír: «O creas el registro de objetores de conciencia o te inhabilito. Y si te portas muy mal, ya sabes: el Gulag de Calamocha te espera».
Y aquí conviene hacer un alto para explicar lo que debería ser evidente, pero en estos tiempos de polarización ya no lo es: lo del Gulag de Calamocha es, obviamente, una metáfora. Una hipérbole. Un exceso retórico. Una forma irónica de señalar lo grotesco de amenazar a una presidenta autonómica con el Código Penal por no hacer un registro. Porque, efectivamente, equiparar una posible inhabilitación política con los campos de trabajos forzados soviéticos donde murieron millones de personas tiene la misma proporción que comparar una multa de tráfico con la pena de muerte. Pero en el circo político español, la hipérbole es el pan nuestro de cada día y, al parecer, hay que explicar los chistes.
El artículo 410: el martillo de la nueva inquisición
Resulta que el artículo 410 del Código Penal existe. Y la ministra García lo ha descubierto como quien descubre el fuego o la rueda. «Las autoridades que se nieguen a cumplir resoluciones judiciales pueden incurrir en penas de inhabilitación», ha advertido con ese tono de maestra de escuela que reprende al alumno que no ha hecho los deberes.
Uno pensaría que una ministra de Sanidad tendría cosas más importantes de las que ocuparse. Por ejemplo, la huelga de médicos que lleva semanas sacudiendo su ministerio. O los escándalos que salpican a su gobierno. O, no sé, gestionar la sanidad. Pero no. La prioridad nacional es sentar en el banquillo a Isabel Díaz Ayuso por no querer hacer una lista de médicos objetores.
El diputado del PNV, Joseba Agirretxea, tuvo que recordarle a la ministra que no es la «jefa de la oposición de Ayuso», sino la titular de Sanidad de todos los españoles. Pero claro, cuando uno tiene un enemigo tan fotogénico como la presidenta madrileña, ¿quién quiere perder el tiempo con minucias como la gestión sanitaria?
El registro: ¿lista negra o censo de santos?
Ayuso, por su parte, se agarra a su cruzada particular y llama al registro «lista negra». Porque, efectivamente, nada persigue más a los médicos objetores que un registro de acceso reservado que, teóricamente, solo serviría para organizar mejor los servicios. Pero en el país del «me gusta la fruta», todo es sospechoso de inquisición.
La Comunidad de Madrid, con esa soberbia que la caracteriza, ha decidido que ella no crea ningún registro. Que ya organiza los abortos como le parece, derivando el 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas. Y cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha dicho «oye, igual tendrías que hacer caso», el consejero de Presidencia ha salido con un «vamos a buscar la manera de cumplir, pero sin que parezca que cumplimos».
Es decir, el Gobierno de Ayuso ha elevado la desobediencia a arte, y el Ministerio de Sanidad ha elevado la amenaza a género literario. En medio, las mujeres que quieren abortar en la pública tendrán que seguir esperando.
El encontronazo: «¿quieres dar un beso a una asesina?»
Como no podía ser de otra manera, la cosa tiene antecedentes. En la pasada Conferencia de Presidentes, Ayuso y García protagonizaron un momento glorioso que ni en una serie de sobremesa. Según las versiones, Ayuso le espetó a García: «¿Quieres dar un beso a una asesina?».
El entorno de la ministra dice que Ayuso estaba «nerviosa, inquieta y agresiva». El entorno de Ayuso dice que García quería darle dos besos y ella le ofreció la mano. Total, que tuvieron que separarlas como si fueran dos chicas de discoteca un sábado por la noche.
El origen del conflicto: Más Madrid había acusado a Ayuso de «firmar sentencias de muerte» por su gestión de las residencias durante la pandemia. Porque, efectivamente, en España ya no nos conformamos con discrepar: hay que llamarse asesinos unos a otros. Es más democrático, dicen.
El doble rasero o la ley es para todos menos para algunos
Lo más divertido del asunto es observar cómo funciona el doble rasero en nuestra política. Mientras la ministra amenaza a Ayuso con el Código Penal, resulta que Cataluña gestiona su sanidad pública con un 58% de hospitales privados concertados, frente al 14% de Madrid. Pero claro, eso no importa porque los socios del Gobierno son otros.
La diputada de Junts, Pilar Calvo, ya le preguntó a García: «¿A Cataluña también la va a amenazar con el artículo 410 cuando no cumpla?». Silencio en la sala. Porque todos sabemos que las leyes se aplican con exquisita delicadeza dependiendo de quién las incumple.
El Gulag de Calamocha: un destino turístico inesperado
Pero volvamos a lo importante: el Gulag de Calamocha. Habría que preguntar a los habitantes de este municipio turolense qué opinan de que su pueblo se haya convertido en la metáfora del horror represivo. Seguramente, mientras leen las crónicas políticas, estarán preparando sus jamones y pensando: «Pues aquí tenemos un centro de salud, un instituto y hasta una residencia de mayores. No está tan mal para un gulag».
Quizás la ministra debería visitar Calamocha antes de enviar allí a nadie. Igual descubre que el frío no es siberiano, que la gente es acogedora y que, en lugar de trabajos forzados, lo que ofrecen es un buen ternasco. Pero eso arruinaría la metáfora.
Insistimos: la referencia al Gulag es una licencia poética, un recurso irónico para subrayar lo desproporcionado de la situación. Una forma de decir: «Señora ministra, amenazar con el Código Penal a una adversaria política por no hacer un registro suena tan exagerado como si la estuviéramos condenando a trabajos forzados en Teruel». Pero como el sentido del humor político brilla por su ausencia, igual hay que explicarlo. Ahí queda.
El espectáculo debe continuar
Al final, lo que tenemos es un culebrón político de manual. Por un lado, una ministra que usa el Código Penal como amenaza en lugar de usar el diálogo. Por otro, una presidenta autonómica que confunde la objeción de conciencia con una cruzada personal. Y de fondo, un registro que nadie sabe muy bien para qué sirve, unas mujeres que siguen sin poder abortar en la pública y unos médicos en huelga a los que nadie hace caso.
Mientras tanto, en Calamocha, preparan el comité de bienvenida por si, finalmente, Ayuso acaba destinada allí. Ya están organizando la txistorra y el vino para recibir a la nueva «gulaguera». Porque si algo tiene este país es que hasta los gulags los convertimos en fiesta.
Y es que, como diría aquel, España no tiene remedio. Pero al menos, tenemos entretenimiento político asegurado para rato. Que siga el espectáculo.
