Un régimen penitenciario privilegiado para el exjefe de ETA ‘Txeroki’, condenado a 377 años por 20 tentativas de asesinato, desata la indignación y evidencia la deriva de la política antiterrorista del Gobierno.
En un ejercicio que bordea el escarnio a las víctimas del terrorismo y a la propia justicia, el Gobierno vasco, bajo las directrices políticas del Partido Socialista, ha concedido un régimen de semilibertad a Mikel de Garikoitz Aspiazu Rubina, ‘Txeroki’, histórico y sanguinario jefe militar de ETA. La decisión permite que el terrorista abandone la cárcel de lunes a viernes, regresando únicamente a pernoctar, tras haber cumplido únicamente 17 años de una condena acumulada de 377 años.
La frialdad de las cifras estremece: 377 años por veinte delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y un delito de estragos terroristas. Entre sus planes, frustrados por la policía, se encontraba el atentado contra la teniente de alcalde de Portugalete, Esther Cabezudo. Cada uno de esos años de condena representa una vida potencialmente segada, una familia destrozada, un miedo instilado en la sociedad. Sin embargo, el Departamento de Justicia vasco, gobernado por el PNV pero en un marco legal y político marcado por Madrid, ha decidido que 17 años son suficientes. Alegan una «fórmula intermedia» para la «preparación de la salida», un eufemismo que sabe a burla.
La Memoria Histórica Selectiva del PSOE
Este caso no es un error o una anomalía. Es la manifestación de una política penitenciaria y de «reconciliación» aplicada con doble rasero. Mientras el Gobierno socialista se llena la boca hablando de memoria histórica, su praxis demuestra una memoria profundamente selectiva y parcial. Una memoria que parece alargarse hacia ciertos periodos del pasado mientras se encoge vergonzosamente ante el terrorismo más reciente y sanguinario que ha sufrido España. Es la «memoria histórica» del PSOE: exigente con unas épocas, complaciente y amnésica con el dolor causado por los asesinos de ETA.
Hablamos de un terrorista que no fue un peón, sino un cerebro y un ejecutor en la cúpula de una organización que sembró el duelo y el pánico durante décadas. Concederle cualquier beneficio penitenciario de forma tan temprana no es justicia, es impunidad edulcorada. Es un mensaje nefasto: la gravedad de los crímenes se diluye en el altar de una paz entendida como simple ausencia de violencia, sin exigir el mínimo de justicia reparadora para las víctimas.
Una Bofetada a las Víctimas
Para los familiares de los asesinados por ETA, para los que sobrevivieron a sus atentados, para la teniente de alcalde Esther Cabezudo que vivió bajo la mira de ‘Txeroki’, esta decisión es una bofetada institucional. Les dice que su dolor, su lucha y la condena de los verdugos son negociables, prescindibles, en aras de una supuesta normalidad que se construye sobre la humillación de los que sufrieron en primera persona.
El PSOE, partido que tuvo valientes detractores del terrorismo dentro de sus filas, parece haber abrazado una estrategia miserable de blanqueamiento del pasado etarra mediante la aceleración indiscriminada de salidas de prisión. Utilizan una jerga jurídica («fórmula intermedia», «preparación») para enmascarar lo indecente: poner en la calle, aunque sea de día, a alguien que planificó el asesinato de decenas de personas.
La Vergüenza Nacional
Es una vergüenza nacional. Una vergüenza que mancha la democracia y hace trizas el principio fundamental de que la pena debe ser proporcional al delito. 377 años frente a 17. La aritmética del desprecio a las víctimas y a la justicia está servida. El Gobierno de Pedro Sánchez y su socio en la política penitenciaria vasca escriben, con actos como este, un capítulo oscuro en la historia de la lucha contra el terrorismo: el capítulo de la rendición ética y la amnesia interesada. Hoy, la semilibertad de ‘Txeroki’ libera, sobre todo, la certeza de que para este Gobierno, algunos dolores pesan más que otros en su particular y sórdida balanza de la memoria.
