Sentencias que cuestionan los fundamentos del modelo de inmersión en Cataluña
La política lingüística en las aulas catalanas se encuentra en una encrucijada histórica. En menos de dos meses, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido dos sentencias que cuestionan los fundamentos del modelo de inmersión y rechazan que el catalán sea la única lengua de cohesión en la enseñanza. Estas decisiones judiciales coinciden con la inminente resolución del Tribunal Constitucional sobre un recurso que podría redefinir definitivamente el papel del español en la educación catalana.
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Un modelo cuestionado desde sus cimientos
La controversia judicial se centra en el Decreto 91/2024, aprobado por el Govern de Pere Aragonés (ERC) en mayo de 2024. Esta normativa establecía el catalán como única lengua vehicular en la escuela, concedía a la Generalitat la potestad exclusiva para determinar los contenidos lingüísticos, fijaba el catalán como única lengua de acogida para el alumnado recién llegado y relegaba al castellano a un papel «subordinado» en la enseñanza.
El TSJC respondió anulando 11 artículos clave del decreto, considerando que vulneraban derechos fundamentales y contradecían la Constitución. La sentencia de septiembre de 2025 fue particularmente contundente: «Los apartados analizados no establecen una presencia razonable del castellano en la enseñanza, sino que determinan una situación de desequilibrio a favor de la lengua catalana».
Un mes después, en noviembre, el mismo tribunal emitía una segunda sentencia afirmando que el catalán no puede ser la única lengua de cohesión social en el sistema educativo, anulando preceptos de las instrucciones de la Consejería de Educación para el curso escolar.
La doctrina constitucional como guía
Los fundamentos jurídicos de estas sentencias se basan en una doctrina constitucional bien establecida que los tribunales aplican de forma consistente:
El tribunal reitera que la lengua autonómica puede configurarse como «centro de gravedad» del sistema educativo, siempre que no determine la exclusión del castellano como lengua docente. La cooficialidad debe sujetarse a un «patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas».
Las reacciones: un abismo político y social
La respuesta a estas sentencias ha evidenciado la profunda división política sobre la cuestión lingüística:
- El Govern y partidos nacionalistas: El presidente Salvador Illa anunció que recurriría las sentencias y defendería el modelo lingüístico «con toda contundencia». La consellera de Educación, Esther Niubó, defiende que el Govern «ni desobedece ni vulnera» derechos de nadie. Para ERC y Junts, las sentencias representan «un nuevo ataque contra el catalán».
- Asociaciones bilingüistas y partidos constitucionalistas: La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) celebra las decisiones judiciales como «un hito en la defensa de los derechos fundamentales». El PP y Vox exigen el cumplimiento de las sentencias y critican la «imposición» lingüística.
- La sociedad civil organizada: Mientras la Plataforma per la Llengua reclama la aplicación de las partes del decreto no anuladas (como el requisito de nivel C2 de catalán para profesores), Convivencia Cívica Catalana valora positivamente que «por fin» se resuelvan normas que impedían aplicar la sentencia del 25% de castellano.
El contexto más amplio: más allá de las aulas
La batalla por las lenguas trasciende el ámbito educativo. Recientemente, el Govern ha establecido el catalán como «lengua propia y habitual de trabajo» en los Mossos d’Esquadra, medida que la entidad Impulso Ciudadano ya ha anunciado que recurrirá por considerar que «introduce una preferencia lingüística incompatible» con la doctrina judicial.
Este patrón sugiere una estrategia integral de normalización lingüística que abarca múltiples ámbitos de la administración pública, generando continuos enfrentamientos judiciales.
La incógnita constitucional
El desenlace final de este conflicto podría llegar con la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto contra las normativas lingüísticas catalanas. Este fallo, esperado para el curso actual, determinará si el modelo de inmersión puede mantenerse dentro del marco constitucional o requiere una reconfiguración profunda.
Mientras tanto, el Govern ha recurrido al Tribunal Supremo la anulación del decreto, argumentando que fijar el catalán como lengua vehicular «no implica la exclusión del castellano». Una postura que choca frontalmente con la interpretación judicial que considera que la ausencia de mención expresa al castellano como lengua vehicular «no permite considerar que resulte garantizada su presencia adecuada».
Reflexión final: ¿modelo agotado o por reinventar?
La inmersión lingüística catalana, piedra angular de las políticas de normalización del catalán durante décadas, se encuentra en un momento crítico. Los continuos reveses judiciales sugieren que el modelo actual ha alcanzado los límites de lo constitucionalmente admisible.
El desafío para las instituciones catalanas consiste en diseñar un modelo que, sin renunciar a la protección y promoción del catalán, respete el marco constitucional de cooficialidad. Un equilibrio delicado que requiere superar la instrumentalización política de la lengua y priorizar la calidad educativa y los derechos lingüísticos de todos los alumnos.
Como señala el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, «no se puede proteger y defender el catalán mediante la imposición». Una advertencia que resuena especialmente pertinente cuando los tribunales señalan sistemáticamente los mismos vicios de inconstitucionalidad en las políticas lingüísticas catalanas.
El fallo definitivo del Tribunal Constitucional podría marcar un punto de inflexión en este largo conflicto, obligando a todas las partes a buscar fórmulas de convivencia lingüística que reconcilien la protección de la lengua catalana con el respeto a los derechos constitucionales de todos los ciudadanos.
