Doadrio: Me senti obligado a crear la cátedra de Begoña Gómez

La reciente comparecencia del exvicerrector Juan Carlos Doadrio ante la comisión de investigación del Senado ha vuelto a poner sobre la mesa cuestiones fundamentales sobre la independencia universitaria, el tráfico de influencias y la ética en las instituciones públicas. Doadrio reveló que se sintió obligado a crear la cátedra de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno porque se lo pidió su superior, aunque negó sentirse presionado, pero lo hizo en contra de su criterio. Además, revelo, las cátedras las tengo que hacer yo. Si está bien la documentación, me da igual que se llame Begoña Gómez o que se llame Pedro Sánchez. Esta declaración, que puede parecer una sutileza semántica, encierra un problema institucional de gran calado.

Contexto y cronología de un caso

• Antecedentes (2012-2020): Begoña Gómez mantuvo una relación laboral y docente con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que comenzó años antes de la creación de la cátedra. Según el senador del PP Luis Santamaría, entre 2012 y 2014 fue contratada como técnico en fundraising, y entre 2014 y 2020 codirigió un máster en captación de fondos. La universidad verificó su experiencia previa, certificando que había dado ya un máster, que la puntuación era «muy buena» y que tenía relaciones con las empresas.
• Julio de 2020: Según el testimonio de Doadrio, el rector de la UCM, Joaquín Goyache, fue convocado a una reunión en el Palacio de la Moncloa, donde Gómez le manifestó su interés en dirigir una cátedra extraordinaria.
• Inicio de la investigación judicial (Abril de 2024): El juez Juan Carlos Peinado inició una investigación contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, tras una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. La instrucción se centra en su actividad en la cátedra de la UCM y sus vínculos con empresas que habrían recibido contratos o subvenciones públicas.

Irregularidades y excepcionalidades cuestionadas

El proceso de creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva presenta varios elementos que han sido señalados como atípicos o problemáticos:

1. Excepcionalidad en la designación: Doadrio explicó que el reglamento permite al rector nombrar excepcionalmente a un director de cátedra que no pertenezca a la universidad, siempre que haya un codirector interno. Sin embargo, admitió que la única cátedra que necesitaba un codirector era la de Begoña Gómez, lo que sugiere que se aplicó un criterio excepcional para un caso concreto.
2. Ausencia de titulación universitaria: Begoña Gómez no posee una licenciatura o grado universitario. No obstante, esta justificación legal contrasta con los estándares académicos habituales para dirigir una cátedra universitaria.
3. Velocidad y proceso de creación: El senador Luis Santamaría denunció la velocidad con la que se creó la cátedra, un aspecto que el propio Doadrio reconoció que le resultó extraño.
4. Problemas contractuales y fiscales: Desde la oposición se han planteado acusaciones graves. El senador Santamaría denunció que Gómez cobró de la Complutense sin estar dada de alta como autónoma cuando debería haberlo estado», y cuestionó cómo se le pudieron hacer pagos sin estar al corriente con la Seguridad Social.
5. Presunta apropiación de software: La investigación judicial incluye la supuesta apropiación indebida de un software desarrollado para la cátedra y valorado en más de 200.000 euros. Doadrio reconoció que no es habitual que este tipo de activos se registren a nombre de una persona física y no de la universidad.

Las dos caras del testimonio: obligación institucional vs. sospecha de influencia

El núcleo del conflicto ético y político reside en la interpretación de la palabra «obligado». Doadrio insiste en que se refiere a una obligación derivada de su cargo administrativo, no a una presión externa. Afirma que, una vez que el rector tomó la decisión y la asesoría jurídica dio el visto bueno, su función era ejecutarla si la documentación estaba en orden.

Sin embargo, esta versión choca con otras declaraciones y circunstancias:

• En un momento más contundente, ante la senadora María Caballero, Doadrio llegó a afirmar: Presionado no, pero obligado. Si me ha dicho o esto dimites.
• Reconoció que el rector Goyache le planteó directamente: Tenemos que crear una cátedra extraordinaria para Begoña Gómez, la mujer del presidente. ¿Estás de acuerdo?.
• Cuando se le preguntó si la UCM habría creado esta cátedra si la promotora no hubiera sido la esposa del presidente, su respuesta fue: Pues es que no lo sé.

Estas declaraciones pintan un cuadro en el que la influencia política parece haber condicionado un proceso académico, utilizando resquicios legales y procedimientos excepcionales para beneficiar a una persona por su vinculación familiar con el poder. La universidad, que debería ser un espacio de meritocracia y rigor intelectual, aparece aquí como una institución permeable a las influencias externas.

La táctica del PP de llevar este caso al Senado, donde tiene mayoría absoluta, es una maniobra política evidente. Pero más allá de la batalla partidista, las revelaciones de Doadrio plantean preguntas incómodas sobre la integridad de las instituciones públicas y los límites éticos del poder.

El caso sigue su curso judicial, y la UCM se ha personado como perjudicada. Sin embargo, el daño a la confianza pública en la independencia de la universidad y en la equidad de los procedimientos administrativos ya está hecho. La ciudadanía tiene derecho a esperar que las instituciones, especialmente las académicas, se rijan por criterios de mérito y capacidad, no por la proximidad al poder. La confesión de Doadrio, en su aparente simpleza, es un recordatorio de lo frágil que puede ser esa separación de poderes.