La comparación de la gestión sanitaria de Ayuso con ETA por parte de una colaboradora en TVE evidencia la degradación ética del espacio público y la banalización del terrorismo como arma arrojadiza
La toxicidad política ha alcanzado un nuevo y peligroso abismo cuando las tertulias, supuestos espacios de debate, se convierten en plataformas para envenenar el pozo de la convivencia democrática. La comparación realizada por Alejandra Martínez Velasco (comunista queer y antifa) colaboradora de Canal Red, la cadena de televisión de Pablo Iglesias, al equiparar la gestión sanitaria con el terrorismo de ETA, no es solo un exceso retórico o una falta de sentido común: es un acto de profunda irresponsabilidad cívica y una banalización execrable del dolor de cientos de víctimas y sus familias.
Utilizar los más de 850 asesinatos de ETA como unidad de medida para atacar a un rival político no es «política dura». Es la renuncia total a los mínimos éticos que deberían regir cualquier discurso público. Blanquear, relativizar o instrumentalizar el terrorismo, ya sea por acción -como en esta comparación- o por omisión -como al sugerir una naturaleza «pacifista» de la izquierda abertzale en su conjunto- supone pisotear la memoria de las víctimas y dinamitar los pilares de una democracia que tanto costó construir precisamente frente a esa violencia.
Que estas declaraciones se produzcan en un programa de TVE, una televisión pública financiada con fondos de todos los españoles, agrava aún más la falta. La televisión estatal no puede ser el escenario donde se normalice un lenguaje que borra la línea roja entre la crítica política legítima y la difamación histriónica. El griterío, la descalificación personal y la analogía criminal no contribuyen al debate sobre la gestión sanitaria, lo anulan. Lo convierten en un espectáculo de intoxicación donde el objetivo ya no es argumentar, sino intoxicar.
Este episodio no es un caso aislado, sino el síntoma de una degradación sistémica del espacio público. Cuando la estrategia comunicativa de ciertos sectores pasa por equiparar al adversario con el terrorismo, se renuncia a la política como arena de ideas para abrazarla como campo de batalla donde todo vale. Se sustituye el debate sobre políticas por la demonización del oponente.
Las víctimas del terrorismo merecen un respeto absoluto, no ser convertidas en munición arrojadiza para tertulias gritadas. La gestión política, por deficiente que se considere, debe ser criticada con datos, argumentos y propuestas alternativas, nunca con comparaciones que insultan la inteligencia de los ciudadanos y, lo que es peor, la dignidad de quienes sufrieron el terrorismo.
La democracia española tiene mecanismos para evaluar, premiar o castigar la gestión de sus gobernantes: se llaman elecciones, parlamentos, tribunales y prensa seria. No necesita, y no debe tolerar, este tipo de ejercicios de intoxicación que, en su ansia por descalificar al contrario, descalifican al propio sistema democrático y manchan la memoria colectiva.
