Una mancha en la democracia española
Entre 1983 y 1987, 27 personas fueron asesinadas por una organización parapolicial financiada con fondos reservados del Ministerio del Interior.
Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) representan uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de España. Entre 1983 y 1987, estas agrupaciones parapoliciales practicaron lo que se conoció como «guerra sucia» contra la organización terrorista ETA y su entorno, dejando un rastro de 27 asesinatos, secuestros y una compleja trama de financiación ilegal que llegó hasta las más altas esferas del Ministerio del Interior del gobierno socialista de Felipe González.
¿Qué fueron los GAL?
Los GAL fueron agrupaciones parapoliciales que actuaron entre 1983 y 1987 con el objetivo declarado de «eliminar mediante acciones armadas a la banda terrorista ETA y su estructura de apoyo». Sin embargo, sus acciones no se limitaron a miembros de ETA, sino que también afectaron a ciudadanos franceses sin adscripción política conocida.
Esta organización practicó terrorismo de Estado según la definición académica: «la utilización de métodos ilegítimos de carácter clandestino por parte de un Estado contra sus oponentes». Operaban en condiciones de clandestinidad, financiados por altos funcionarios del Ministerio del Interior, como demostraron las posteriores sentencias judiciales.
Los GAL como terrorismo de Estado
Los GAL fueron «actores de un grupo organizado, creado por altos cargos del gobierno del PSOE».
Esta caracterización como terrorismo de Estado se sustenta en varios elementos:
- Eran grupos organizados creados por altos cargos del gobierno, no «incontrolados».
- Tenían financiación estatal a través de fondos reservados del Ministerio del Interior.
- Contaban con objetivos políticos claros: forzar la colaboración antiterrorista de Francia.
- Estaban supervisados por altos mandos de las fuerzas de seguridad.
El contexto histórico
La estrategia de «guerra sucia» no era completamente nueva en España. Durante la dictadura de Franco y la Transición, habían existido otras organizaciones como la Triple A o el Batallón Vasco Español (BVE) que utilizaban prácticas terroristas contra ETA, algunas toleradas por las autoridades.
Sin embargo, los GAL marcaron un punto de inflexión: era la primera vez en la democracia española que se demostraba la existencia de una estructura parapolicial financiada con fondos reservados del Estado.
Las acciones más graves de los GAL
La violencia se extendió principalmente por el País Vasco francés, donde los GAL cometieron la mayoría de sus atentados. Entre sus acciones más destacadas se encuentran:
- Secuestro y asesinato de Joxe Antonio Lasa y Joxe Ignacio Zabala en octubre de 1983, uno de los primeros crímenes de la organización.
- Secuestro de Segundo Marey en diciembre de 1983, un ciudadano hispano-francés confundido con un cabecilla de ETA que fue liberado tras diez días de cautiverio.
- Atentado del bar Monbar de Bayona en 1985, donde murieron tiroteados cuatro militantes de ETA, en lo que constituyó la acción más sangrienta de los GAL.
Las víctimas francesas: el capítulo más olvidado
Un tercio de las 27 víctimas de los GAL fueron ciudadanos franceses sin relación con ETA, el capítulo más olvidado de esta tragedia. Estas víctimas han permanecido en el olvido, sin reconocimiento por parte de las instituciones francesas.
El detonante: La confesión de 1994
Durante años, Amedo y Domínguez mantuvieron que los GAL eran «un invento». Sin embargo, en diciembre de 1994, dieron un giro radical.
- La estrategia: Tras varias reuniones, se encerraron con el periodista Melchor Miralles de El Mundo y durante varios días grabaron una entrevista en la que revelaron todos los detalles de la trama.
- Las revelaciones: Afirmaron, con lujo de detalles, que los GAL fueron organizados por el Gobierno y se financiaron con Fondos Reservados del Ministerio del Interior.
- El impacto: Estas confesiones, publicadas por fascículos, provocaron un terremoto político y judicial. El juez Garzón reactivó la investigación, lo que resultó en el encarcelamiento de la cúpula de Interior y la comparecencia de Felipe González ante el Tribunal Supremo como testigo.
Repercusiones y arrepentimiento
La confesión de los dos policías tuvo consecuencias directas y, con el tiempo, un inesperado desenlace.
- Un final con arrepentimiento: En 2016, José Amedo firmó un documento en el que expresaba su «total arrepentimiento» y renegaba de sus acciones en el «grupo parapolicial». En él, pidió al Estado que reconociera su responsabilidad en la creación de los GAL.
Condenas ejemplares
Las investigaciones judiciales culminaron con tres sentencias especialmente significativas:
- Condenas a los mandos superiores: Gracias a las pruebas aportadas por Amedo y Domínguez, el Tribunal Supremo condenó en 1998 a 10 años de prisión al exministro del Interior José Barrionuevo y al exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, entre otros, por el secuestro de Segundo Marey., aunque pasaron muy poco tiempo en prisión tras ser indultados por el gobierno de José María Aznar.
- El caso Lasa y Zabala: La Audiencia Nacional condenó por estos hechos al general Enrique Rodríguez Galindo, al gobernador civil Julen Elgorriaga, al teniente coronel Ángel Vaquero y a los agentes Enrique Dorado y Felipe Bayo con penas que oscilaban entre los 67 y los 75 años de prisión por delitos de detención y asesinato ilegales. El abogado Jorge Argote y el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera fueron absueltos..
- Amedo y Domínguez, que supuestamente organizaron los GAL, fueron condenados a 108 años de cárcel, por inducción a seis asesinatos frustrados en 1986.
Estas sentencias demostraron la corresponsabilidad de altos cargos policiales y políticos con los GAL, aunque la mayoría de los 27 asesinatos nunca fueron resueltos completamente.
La responsabilidad política
Aunque nunca se pudo demostrar la implicación directa del entonces presidente Felipe González, el hecho de que su ministro del Interior fuera condenado y que los GAL fueran apoyados por miembros de su partido y altos cargos del Estado, plantea serias cuestiones sobre su responsabilidad política, ya fuera por acción u omisión.
Las víctimas, las grandes olvidadas
Cuarenta años después de los asesinatos, las víctimas de los GAL continúan reclamando verdad, justicia y dignificación. Sufren lo que el profesor Jerónimo Ríos describe como una «banalización del terrorismo de Estado» por las declaraciones justificativas de algunos de sus perpetradores.
Un legado incómodo para la democracia
Los GAL representan una mancha indeleble en la historia de la democracia española. Su legado plantea preguntas incómodas sobre los límites de la lucha antiterrorista y la tentación de emplear métodos ilegales cuando se enfrenta una amenaza terrorista persistente.
Como concluyen Ríos y Gago en su estudio, los GAL supusieron «una amenaza real para la democracia española», recordándonos que los Estados de derecho deben combatir el terrorismo respetando escrupulosamente la legalidad, so pena de convertirse en aquello que dicen combatir.
Cuatro décadas después, las heridas permanecen abiertas y la búsqueda de la verdad completa continúa, demostrando que las cicatrices del terrorismo de Estado perduran mucho después de que los tiros cesen.
