¿Defensa técnica o sometimiento político?

La posición de los Servicios Jurídicos del Estado apoyando la suspensión cautelar de las inhabilitaciones de los condenados del ‘procés’ genera un severo cuestionamiento interno en el Tribunal Constitucional y plantea serias dudas sobre la ponderación entre intereses políticos y el interés general.

En un giro que ha dejado perplejos a varios magistrados del Tribunal Constitucional, la Abogacía del Estado ha decidido respaldar las peticiones de políticos independentistas condenados por el ‘procés’ -Jordi Turull, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa- para que se suspendan cautelarmente sus penas de inhabilitación mientras se resuelven sus recursos de amparo. Esta postura, que contrasta abiertamente con la oposición mantenida por la Fiscalía, ha motivado un duro reproche del magistrado José María Macías, quien en su ponencia cuestiona que el organismo llamado a defender los intereses generales haya omitido precisamente esa valoración en su análisis.

Una controversia institucional inédita

El escenario es tan peculiar como revelador: mientras la Fiscalía se opone a la suspensión cautelar de las inhabilitaciones, la Abogacía del Estado -que depende del Gobierno- apoya a los políticos condenados. Esta divergencia ha quedado plasmada en las ponencias que analizan la petición de los dirigentes independentistas de quedar exentos temporalmente de sus penas de inhabilitación, que les impiden presentarse como candidatos en elecciones.

El magistrado Macías no ahorra críticas hacia los Servicios Jurídicos del Estado, a los que reprocha que «prescinden por completo de llevar a cabo el necesario ejercicio de ponderación» entre los intereses de los solicitantes y los factores que podrían perjudicar intereses generales prevalentes. Esta omisión resulta especialmente significativa viniendo de un organismo constitucionalmente diseñado como «defensora de los intereses generales».

El trasfondo jurídico de la disputa

La controversia se enmarca en los recursos de amparo presentados por los políticos condenados, quienes argumentan que mantener su inhabilitación -que se extiende hasta 2031 en el caso de Junqueras- podría causarles «perjuicios irreparables» al impedirles desarrollar su carrera política y profesional. Cabe recordar que el indulto concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021 solo extinguió las penas de prisión, manteniéndose intactas las de inhabilitación.

La Abogacía del Estado, en su argumentación, esgrime que la suspensión cautelar no supone una «perturbación grave» del interés general. Además, apela a la finalidad de «pacificación» social que, según su interpretación, persigue la Ley de Amnistía avalada por el TC -aunque este extremo sigue siendo objeto de disputa judicial-.

Los argumentos de un disenso revelador

La ponencia del magistrado Macías desmonta meticulosamente la posición de la Abogacía del Estado a través de varios ejes argumentales:

• Grave perturbación del interés general: Macías subraya la gravedad de «las acciones ejecutadas contra el erario público» por los políticos condenados, quienes financiaron con dinero público el proceso independentista. Advierte que la posible «reincorporación del condenado al ejercicio de la función pública» provocaría «una grave perturbación de los intereses generales»

• Intereses constitucionales prevalentes: El magistrado echa en falta que no se hayan considerado principios como la efectividad de las resoluciones judiciales, la exclusividad de la potestad jurisdiccional para ejecutar lo juzgado y el obligado cumplimiento de las sentencias firmes.

• Perjuicio «inexistente»: Macías considera «inexistente» el perjuicio irreparable alegado por los recurrentes, señalando que «ahora mismo no hay ninguna convocatoria electoral a la vista» a la que vayan a concurrir ERC o Junts. Aun en el hipotético caso de que tal perjuicio existiera, afirma que «la preferente protección de los intereses generales que presiden nuestra Constitución hubiese impedido atender a la solicitud cautelar».

Una tensión que trasciende lo jurídico

El magistrado va más allá en sus críticas al señalar que la Abogacía del Estado «introduce de manera subrepticia» el criterio de apariencia de mejor derecho, pretendiendo que al decidir sobre la suspensión cautelar se avance sobre argumentos que deberán ser objeto de la sentencia futura. Esta aproximación, advierte, contraviene la doctrina del TC y podría conseguir «deshabilitar la efectividad» de una condena firme del Tribunal Supremo.

La posición de la Abogacía del Estado resulta aún más llamativa si se considera que, según Macías, esta estaría dando por sentado que el delito de malversación por el que fueron condenados los políticos independentistas «está incluido en el ámbito de aplicación» de la Ley de Amnistía, en abierto desacuerdo con la interpretación mantenida por el Tribunal Supremo.

Un desenlace previsible con interrogantes persistentes

Según avanzan los hechos, el Tribunal Constitucional se opondrá previsiblemente a suspender esas inhabilitaciones en el Pleno que se celebrará a partir del próximo martes. Sin embargo, la controversia suscitada por la posición de la Abogacía del Estado deja tras de sí preguntas incómodas sobre la creciente politización de los organismos técnicos del Estado.