LA CRISIS FABRICADA: CUANDO LA SENTENCIA SE CONVIERTE EN ARMA POLÍTICA
No sé ustedes, pero yo ya perdí la cuenta de cuántas veces Pedro Sánchez y sus aliados han descubierto una «conspiración» contra la democracia. La última, como no podía ser de otra manera, viene envuelta en togas judiciales y tiene un nombre propio: la condena a García Ortiz.
Lo que estamos presenciando es un espectáculo calculado hasta el último detalle. Un fiscal es condenado por el Tribunal Supremo, presenta su renuncia, y en lugar de aceptar el fallo judicial -que es lo que cabría esperar en un Estado de Derecho-, el gobierno y la izquierda radical se lanzan a una campaña de intoxicación que ya debería sonarnos familiar.
EL GUION ES SIEMPRE EL MISMO
Primero, gritan «lawfare» -esa palabra mágica que lo excusa todo-. Segundo, movilizan a sus bases con la narrativa del «golpismo judicial». Tercero, convierten al condenado en mártir. Y cuarto, por supuesto, acusan a la derecha de estar detrás de todo.
Lo realmente cínico es que esta vez ni siquiera esperaron a conocer los fundamentos de la sentencia. ¿Para qué? Si el relato ya estaba escrito. García Ortiz es inocente porque sí, porque lo dice el gobierno, porque encaja en su estrategia de confrontación. Los votos particulares de dos magistradas -que por cierto discrepaban- son la coartada perfecta para cuestionar todo el sistema.
SÁNCHEZ, EL GRAN ESTRATEGA DEL CAOS CONTROLADO
Hay que reconocerle al presidente su talento para convertir cada crisis institucional en oportunidad política. Mientras España sigue sumida en problemas reales -inflación, vivienda, desempleo juvenil-, el Ejecutivo prefiere montar el circo de la «ultraderecha judicial».
No es casualidad que esta ofensiva coincida con las investigaciones que afectan al entorno más cercano de Sánchez. Crear un cortafuegos, movilizar al electorado más radical, distraer la atención… El manual de supervivencia de Sánchez se escribe día a día, y esta vez le ha tocado al poder judicial ser el malo de la película.
EL PRECIO DE LA ESTRATEGIA
Lo más triste es que esta táctica funciona. Divide, moviliza a las bases, genera titulares. Pero mientras tanto, las instituciones se debilitan, la confianza en la justicia se erosiona y la convivencia se resiente.
Cuando el gobierno de turno decide que solo son legítimas las sentencias que le favorecen, estamos ante un problema grave. Cuando además moviliza a sus seguidores contra los tribunales, el problema se convierte en crisis democrática.
Al final, todos perdemos. Menos Sánchez, que sigue sumando puntos en su particular guerra por la supervivencia política. La pregunta es: ¿hasta cuándo la sociedad española va a permitir que jueguen con las instituciones como si fueran piezas de un tablero de ajedrez político?
