«Lawfare» la única palabra que sale de sus bocas (mientras la Justicia echa humo)
Cada nuevo caso de corrupción que salpica al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tiene una coreografía perfectamente ensayada, digna de un sainete de la España castiza. Primero, el silencio atronador. Luego, el comunicado de prensa condenando «cualquier irregularidad» (sin especificar cuál, porque no se sabe). Y finalmente, cuando las evidencias pesan más que un informe de Bruselas y los autos judiciales se amontonan en la mesa, el mantra salvador: «Esto es lawfare».
Porque sí, querido lector, en el manual de resistencia socialista ya no hay espacio para el clásico «yo no he sido», el «es cosa de jueces conservadores» o el «vamos a verlo en detalle». Ahora el argumento estrella, el as en la manga, la cortina de humo de lujo, es el lawfare: esa deliciosa teoría de la conspiración judicial importada de América Latina y convenientemente adaptada a la piel de toro, que permite explicar cualquier imputación, cualquier registro, cualquier abono en B o cualquier consejero huyendo por la ventana como un complot orquestado por la derecha mediática y judicial.
La estrategia es brillante en su simplicidad cinica: si no puedes negar los hechos, inventa una teoría de la conspiración. Olvídense de la regeneración democrática. Ahora toca el victimismo como cortina de humo mientras la Fiscalía deshoja la margarita. Repasemos el reparto de la obra, porque el cartel está cada vez más abarrotado.
El ‘hermanísimo’ y la plaza de ‘Ópera Joven’
Empezamos por la rama artística de la familia. David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha sido procesado por prevaricación y tráfico de influencias por su puesto en la Diputación de Badajoz. Según la jueza, se creó una plaza a medida para él, adaptando los criterios a su pasión por la ópera y su deseo de no pisar una oficina. Lo llaman «gestor cultural», pero la Justicia lo llama «prevaricación».
La defensa socialista ha dicho que están «absolutamente convencidos de que quedará en nada». Claro, porque en el universo paralelo de Ferraz, que tu hermano consiga un puesto público con la entrevista hecha para simular la legalidad es solo una casualidad. Acosar al presidente investigando si su hermano estafó a una diputación: ¿no es maravilloso? Pues ellos lo llaman «lawfare».
Begoña Gómez: la Cátedra, el software y el silencio
Si el hermano es el barítono, la esposa es la soprano del drama. Begoña Gómez está siendo investigada por tráfico de influencias, corrupción privada y apropiación indebida. El juez Peinado señala que la esposa del presidente utilizó su posición para impulsar su carrera académica y empresarial, llegando a apropiarse de un software financiado por la Universidad Complutense.
Cuando fue citada a declarar, se negó a hacerlo. Silencio administrativo. Mientras tanto, el presidente Sánchez, citado como testigo, se acogió a su derecho a no declarar contra su cónyuge. Técnicamente legal, políticamente ridículo: el presidente del Gobierno, en su despacho oficial, calla como una tumba porque «no sabe nada» de los negocios de su mujer. Pero claro, todo es «lawfare», señoría.
Santos Cerdán: el ‘número tres’ a la sombra (imputado)
Aquí el guion se vuelve oscuro, de esos que Gustavo Adolfo Bécquer no habría escrito. Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, se encuentra imputado. Y no precisamente por exceso de celo sindical.
Según el auto del juez Leopoldo Puente y los informes de la UCO, Cerdán presuntamente lideraba una trama vertical de mordidas en la adjudicación de obra pública. Hablamos de audios explícitos donde Cerdán recrimina a Koldo García que «de esos temas no se habla, se escriben en un papel y se rompe». Hablamos de una trama que gestionaba comisiones por valor de cientos de miles de euros.
La respuesta del PSOE: «Lawfare». Por supuesto. Porque poner al número tres del partido en prisión es, obviamente, una estrategia de la derecha para desgastar al Gobierno. No tiene nada que ver con los audios, las facturas falsas y los testigos.
José Luis Zapatero: el expresidente ‘offshore’
El abuelo del partido, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado por la Audiencia Nacional en el ‘caso Plus Ultra’. El juez Calama le atribuye presuntamente liderar una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» para lograr el rescate de la aerolínea.
¿La guinda del pastel? Zapatero cobró alrededor de 490.000 euros por sus servicios como «consultor», y para facturar, supuestamente usó una empresa off-shore en Dubái. El mismo que predicaba contra el capitalismo desregulado y el neoliberalismo, cobrando en un paraíso fiscal por influir en el Gobierno. Lo llaman «consultoría estratégica», pero la Justicia lo llama tráfico de influencias. El PSOE lo llama «persecución».
El ‘caso Koldo’: la cloaca destapada
Y para cerrar el círculo, el ‘caso Koldo’ es el hilo rojo que une todos los puntos. Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, ha reconocido en el Supremo que las famosas «chistorras» eran billetes de 500 euros. Una red de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia que salpicó a exministros y a la cúpula actual. Mientras Koldo y Ábalos pendientes de sentencia.
Aquí el PSOE ha tenido que recurrir al argumento nuclear: «Es una trama de la derecha y Manos Limpias». Pero cuidado, porque hasta la Fiscalía Europea está investigando. Y la Fiscalía Europea, por si alguien no lo sabe, no la controla ni la derecha ni la izquierda española. Pero claro, seguro que también es lawfare.
La ironía final: cuando la víctima es el verdugo
Lo más exquisito del argumento es el cambio de roles. El PSOE, partido que ha gobernado con mayorías absolutas y relativas durante décadas, que ha controlado el Consejo General del Poder Judicial en distintas etapas, que ha nombrado a fiscales generales del Estado y ha colocado a jueces afines en puestos clave, pretende ahora vendernos la imagen de una víctima indefensa del aparato judicial. Es como si un boxeador que lleva diez asaltos a puñetazos denunciara al árbitro porque el rival se cubre.
Pero hay más miga. La misma cúpula socialista que hoy grita «lawfare» lleva años legislando a golpe de decreto para intervenir el Tribunal Constitucional, modificar el Código Penal a su medida y blindar a sus dirigentes con aforamientos estratégicos. Y aún así, tienen la desfachatez de señalar a jueces y periodistas como los verdaderos enemigos de la democracia.
El cinismo como método de gobierno
El problema no es el lawfare. El problema es que tienen más imputados que militantes. No son casos aislados: afectan al hermano del jefe, a la mujer del jefe, al exjefe (Zapatero), al número tres del partido (Cerdán) y a toda una trama de mordidas en mascarillas (Koldo). ¿Es una casualidad? ¿O es que en Ferraz se ha instalado una forma de entender el poder como un cortijo donde todo se debe a la familia y los contactos?
Mientras los dirigentes socialistas se afanan en construir relatos alternativos sobre conspiraciones judiciales, los ciudadanos vemos cómo los tribunales avalan decenas de condenas a cargos socialistas, desde el nivel local hasta el autonómico. Y no son inventos: son contratos amañados, subvenciones desviadas, comisiones ilegales y facturas falsas. Pero todo eso, según la nueva narrativa, es secundario. Lo importante es el relato de la persecución.
Cuando la excusa es más sucia que el delito
Decía Bertolt Brecht que «la peor de las injusticias es la pobreza de argumentos». El PSOE, al abrazar el lawfare como bandera, no solo insulta la inteligencia de los ciudadanos, sino que minusvalora la gravedad de sus propios casos. Porque si cada imputado es una víctima del lawfare, entonces ningún corrupto existe. Y si ningún corrupto existe, ¿para qué serviría la justicia?
El problema, señores socialistas, no es que haya «jueces enemigos». El problema es que ustedes siguen tropezando en la misma piedra. Y en lugar de apartar la piedra, se dedican a denunciar al suelo por estar en medio del camino. El lawfare será muchas cosas, pero sobre todo es eso: la confesión de quien ya no sabe cómo justificar lo injustificable.
Mientras tanto, en Ferraz siguen hablando de «cortinas de humo». Y la realidad judicial sigue echando humo, pero del malo: el de las sentencias, los procesamientos y las prisiones. Al final, lo único que realmente echa humo en esta historia es la credibilidad del PSOE. Y ese humo, querido lector, ya no lo tapa ni la mejor de las cortinas.
