El día que la justicia europea dejó de ser justicia
Hubo un tiempo, no tan lejano, en que los ciudadanos europeos mirábamos hacia Luxemburgo con la esperanza de que allí residía el último bastión de la legalidad, el lugar donde los Estados miembros rendían cuentas ante un tribunal superior que velaba por los valores fundamentales de la Unión. Ese tiempo ha terminado. El pasado jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una resolución que pasará a la historia como el certificado de defunción del Estado de derecho en Europa, o al menos, de la credibilidad de quienes debían garantizarlo.
Lo que el TJUE ha hecho no es otra cosa que vestir de argumentos jurídicos lo que a ojos de cualquier ciudadano con dos dedos de frente es pura y simple compra de votos, chantaje institucional y corrupción política en su máxima expresión. Han bendecido una ley de amnistía hecha a medida para quienes intentaron romper España, a cambio de los siete votos que Pedro Sánchez necesitaba para seguir instalado en La Moncloa. Y lo han hecho con una desfachatez que merece ser diseccionada, criticada y denunciada con toda la dureza que el momento exige.
El argumentario de la vergüenza
La «reconciliación» como coartada
El argumento central del TJUE para avalar esta amnistía es, cuando menos, sarcástico en su formulación. Según el tribunal, la ley sirve para «reducir tensiones institucionales y facilitar un escenario de reconciliación». Pero, ¿qué clase de «reconciliación» es aquella que se construye sobre el olvido forzado de delitos graves como la malversación de fondos públicos, la desobediencia al Tribunal Constitucional y la organización de un referéndum ilegal que violó todas las normas del ordenamiento jurídico?
La «reconciliación» de la que habla el TJUE no es la que nace del reconocimiento de los errores, del arrepentimiento y de la reparación a las víctimas. Es una reconciliación de saldo, una amnistía que no pide nada a cambio, que no exige ni una sola disculpa, ni un solo gesto de arrepentimiento por parte de quienes cometieron los delitos. Es la reconciliación del que compra el silencio a cambio de impunidad, del que borra el pasado para garantizar su futuro político.
El abogado general del TJUE, Dean Spielmann, ha ido incluso más allá en su informe, afirmando que esta ley se aprobó en «un contexto real de reconciliación política y social» y que «nada permite calificarla de autoamnistía» porque fue fruto de «un debate y de una votación democrática en las Cortes Generales». Este argumento es tan endeble como peligroso. Siguiendo esa lógica, cualquier ley aprobada por mayoría parlamentaria sería automáticamente legítima, con independencia de su contenido o de las circunstancias que rodearon su aprobación. Es la falacia de la «democracia formal» frente a la «democracia sustancial», donde el procedimiento vacío de contenido sirve para legitimar cualquier tropelía.
La malversación de fondos públicos: el gran olvidado
Uno de los aspectos más indignantes de esta resolución es cómo el TJUE ha tratado el asunto de la malversación de fondos públicos. Porque no estamos hablando de una infracción menor. Estamos hablando de millones de euros de dinero de todos los españoles que fueron desviados para financiar un proyecto político ilegal: la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
El TJUE ha justificado la amnistía incluso en lo referente a la responsabilidad contable por el desvío de estos fondos, al considerar que «no existe un vínculo directo» con el presupuesto comunitario. Es decir, como el dinero malversado no provenía directamente de las arcas europeas, el tribunal se desentiende del asunto. ¿Acaso el dinero público español no merece la misma protección que el dinero comunitario? ¿Los contribuyentes españoles que vieron cómo sus impuestos financiaban un proyecto secesionista ilegal no merecen que se depuren responsabilidades?
Este razonamiento es de una hipocresía mayúscula. La Unión Europea no duda en exigir a los Estados miembros controles estrictos sobre el uso de los fondos comunitarios, pero cuando se trata de fondos nacionales malversados para fines políticos ilegales, el TJUE hace la vista gorda y se lava las manos. Es el colmo del cinismo institucional.
Los entresijos de una vergüenza anunciada
La cronología de un chantaje
Para entender la magnitud del despropósito, conviene recordar la cronología de los hechos. Todo comenzó con las elecciones generales de julio de 2023, que dejaron un Parlamento fragmentado sin mayorías claras. Pedro Sánchez, necesitado de apoyos para ser investido presidente del Gobierno, encontró en los partidos independentistas catalanes la llave que necesitaba. Pero el precio no era barato: una ley de amnistía que borrara todos los delitos cometidos durante el proceso independentista.
Las negociaciones fueron opacas, alejadas del escrutinio público. Se habló de reuniones secretas en Bruselas, de mediadores internacionales, de acuerdos que se cocinaban a espaldas de la ciudadanía. Finalmente, el pacto se cerró: el PSOE y sus socios de investidura presentaron una proposición de ley de amnistía que, casualmente, cubría exactamente los delitos por los que estaban siendo juzgados o habían sido condenados los líderes independentistas.
El chantaje era evidente: «Votos a cambio de impunidad». Pero la respuesta del TJUE ha sido: «No veo ningún chantaje, solo veo un debate parlamentario y una votación democrática». Es como si un juez mirara a un atracador que apunta con una pistola al cajero y dijera: «No veo ninguna amenaza, solo veo a un ciudadano ejerciendo su derecho a solicitar dinero en efectivo».
El papel de la Fiscalía Europea y el giro de última hora
Uno de los episodios más reveladores de esta historia ocurrió cuando la Fiscalía Europea decidió apartarse del caso después de que se conocieran las conclusiones del abogado general. La Fiscalía Europea, que había estado investigando posibles delitos de malversación de fondos comunitarios relacionados con el procés, retiró su acusación tras el informe de Spielmann. Este movimiento fue interpretado por muchos como una señal de que las altas instancias europeas ya habían tomado una decisión y que la Fiscalía no iba a remar contra corriente.
El catedrático Enrique Gimbernat ha señalado que el informe del TJUE «prescinde completamente de la ‘finalidad real’ de la LOA» y solo tiene en cuenta su «finalidad explícita» , negándose a «levantar el velo» para no ver la realidad: que esta amnistía nació en un pacto de investidura, no en un deseo genuino de reconciliación. Es el método del avestruz aplicado a la jurisprudencia: si no quiero ver la realidad, meto la cabeza en un agujero y actúo como si no existiera.
Las consecuencias de un precedente peligroso
El fin del principio de igualdad ante la ley
El mensaje que el TJUE envía a los ciudadanos europeos es devastador e irresponsable. Si un ciudadano de a pie roba para comer o defrauda un mínimo a Hacienda, cae sobre él todo el peso de la ley. Pero si eres un político golpista, malversas dinero público a manos llenas para financiar tu revuelta y controlas los votos que el Gobierno necesita, Europa te diseña una impunidad a medida.
Este doble rasero es la antítesis del principio de igualdad ante la ley, uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Cuando la justicia trata de manera diferente a los poderosos y a los ciudadanos comunes, cuando crea privilegios para quienes tienen influencia política, el sistema se corrompe desde sus cimientos.
La pregunta que deberían hacerse los magistrados del TJUE es la siguiente: ¿qué mensaje envía esta resolución a un ciudadano que ha sido condenado por un delito menor? ¿Qué mensaje envía a una víctima de la corrupción? ¿Qué mensaje envía a quienes creen que la justicia es igual para todos? El mensaje es claro: la ley se doblega ante el poder, y la justicia es un producto que se compra con votos.
La erosión de la credibilidad del TJUE
Con este fallo, el TJUE ha destruido su propia credibilidad. Aquella institución que presumía de ser el guardián del Estado de derecho ha demostrado ser un apéndice burocrático que se protege las espaldas con las élites políticas de Bruselas y Madrid. Ya no es un tribunal independiente que aplica la ley sin mirar a quién afecta; es un instrumento al servicio de los intereses políticos de quienes ocupan los despachos de poder.
El precedente es peligrosísimo. ¿Quién va a tomarse en serio ahora las sentencias europeas sobre cualquier materia? ¿Qué fuerza moral le queda al TJUE para exigir a Hungría o Polonia que respeten el Estado de derecho cuando ellos mismos han demostrado que están dispuestos a doblegar la ley en favor de intereses políticos? ¿Cómo puede exigir a Varsovia que respete la independencia judicial cuando en Luxemburgo han legitimado una ley que es la antítesis de la justicia?
Europa se ha convertido en lo que siempre dijo combatir. Ya no es el faro de la legalidad y los derechos fundamentales. Es una burocracia acomplejada que negocia principios a cambio de estabilidad política. Es una organización que ha olvidado sus valores fundacionales para convertirse en un club de intereses donde la ley es lo que los poderosos deciden que es.
Las voces críticas que el TJUE ha decidido ignorar
La posición de los jueces españoles
Es significativo que el TJUE haya ignorado las advertencias de numerosos jueces y fiscales españoles, así como las del Consejo General del Poder Judicial, que habían expresado serias dudas sobre la constitucionalidad y legalidad de la ley de amnistía. Estos profesionales de la justicia, que aplican la ley día a día y conocen de primera mano los casos afectados por la amnistía, habían señalado que la ley suponía una ruptura del principio de igualdad y una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
Pero el TJUE ha preferido escuchar a los políticos antes que a los jueces. Ha preferido el relato oficial del Gobierno a la realidad de los tribunales. Ha preferido la «reconciliación» políticamente conveniente a la justicia real. Es una rendición ante el poder político que avergüenza a cualquier persona que crea en la independencia judicial.
La doctrina del «hecho consumado»
El Tribunal Supremo español ya había advertido en su momento que la ley de amnistía suponía una vulneración del principio de legalidad y del derecho a la igualdad. Además, la propia Constitución española establece en su artículo 62 que el Rey puede conceder indultos, pero no amnistías, y que estas últimas requieren una ley orgánica. Pero incluso este requisito formal se ha cumplido de manera torticera, con una ley aprobada en tiempo récord y sin el necesario debate social.
El TJUE ha ignorado todas estas advertencias y ha optado por una interpretación tan laxa de la ley que prácticamente vacía de contenido cualquier control judicial sobre las decisiones políticas. Es la doctrina del «hecho consumado» llevada a su extremo: como la ley ya está aprobada y el gobierno ya está formado, no importa cómo se haya llegado hasta allí. Lo importante es mantener la estabilidad institucional, aunque sea a costa de la justicia.
El coste real de la amnistía
El coste económico
No se trata solo de un coste moral. La amnistía tiene un coste económico real que los ciudadanos españoles pagaremos durante años. Los millones de euros malversados para financiar el procés quedarán sin depurar. No habrá responsabilidad contable. No habrá devolución del dinero público utilizado para fines ilegales.
El TJUE ha justificado esta impunidad económica con el argumento de que no existe un «vínculo directo» con el presupuesto comunitario. Pero, ¿acaso el dinero público español no es también dinero de los ciudadanos? ¿Acaso los contribuyentes españoles no merecen que se protejan sus impuestos con la misma diligencia que los contribuyentes europeos?
La respuesta del TJUE es un portazo en la cara de todos los españoles que pagamos nuestros impuestos y esperamos que se utilicen correctamente. Es un mensaje claro: si eres político y tienes poder, puedes hacer lo que quieras con el dinero público, que Europa no te va a pedir cuentas.
El coste moral y social
Pero el coste más difícil de cuantificar es el coste moral y social. La amnistía supone un reconocimiento implícito de que los delitos cometidos durante el procés no merecen ser castigados. Supone decir a las víctimas de aquellos delitos que su sufrimiento no importa. Supone decir a los agentes de la autoridad que cumplieron con su deber que su trabajo no ha servido para nada.
La amnistía también supone un golpe a la convivencia en Cataluña y en el conjunto de España. Al borrar los delitos, se borra también la memoria de lo ocurrido. Se impone un relato oficial de «reconciliación» que no es tal, sino una imposición de olvido. Y el olvido no es reconciliación, es enterrar los problemas en lugar de resolverlos.
La reacción internacional
El silencio cómplice de Bruselas
Uno de los aspectos más llamativos de todo este proceso ha sido el silencio cómplice de las instituciones europeas. Ni la Comisión Europea, ni el Parlamento Europeo, ni el Consejo Europeo han alzado la voz para criticar una decisión que atenta contra los valores fundamentales de la Unión. Han preferido el silencio, la neutralidad cómplice, el no meterse en «asuntos internos» de un Estado miembro.
Este silencio es revelador. Revela que para Bruselas, los valores del Estado de derecho son intercambiables por estabilidad política. Revela que la defensa de la ley es solo un discurso vacío cuando entra en conflicto con los intereses de los gobiernos nacionales. Revela que Europa se ha convertido en lo que siempre criticó: una organización donde la política está por encima de la justicia.
El precedente para otros países
El precedente que sienta esta resolución es especialmente peligroso para otros países de la Unión Europea. Si el TJUE legitima una amnistía para delitos graves como la malversación y la desobediencia judicial, ¿qué impide que otros países hagan lo mismo? ¿Qué impide que un gobierno de Hungría o Polonia apruebe leyes similares para proteger a sus correligionarios políticos?
El TJUE ha abierto la caja de Pandora. Ha demostrado que la ley europea se doblega ante los intereses políticos. Ha demostrado que la defensa del Estado de derecho es un discurso que se aplica solo cuando conviene. Y este precedente tendrá consecuencias que iremos viendo en los próximos años.
¿Qué queda después de esta vergüenza?
La pérdida de confianza en las instituciones europeas
La resolución del TJUE supone un golpe durísimo a la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas. Si el máximo tribunal europeo es capaz de legitimar el chantaje político, ¿en quién podemos confiar? ¿En el Parlamento Europeo, que ha guardado silencio? ¿En la Comisión Europea, que ha mirado para otro lado? ¿En el Consejo Europeo, que no ha dicho ni una palabra?
La pérdida de confianza en las instituciones es el primer paso hacia la deslegitimación del proyecto europeo. Si los ciudadanos perciben que Europa no es un espacio de justicia y derechos, sino un club de intereses políticos, ¿por qué iban a sentirse europeos? ¿Por qué iban a defender una Unión que no defiende sus valores?
El futuro del Estado de derecho en Europa
El futuro del Estado de derecho en Europa es incierto después de esta resolución. Porque si el máximo tribunal europeo no está dispuesto a defenderlo, ¿quién lo hará? Los Estados miembros tienen sus propios intereses, sus propias agendas, sus propias urgencias políticas. Nadie va a sacrificar su estabilidad política en aras de un ideal abstracto como el Estado de derecho.
La resolución del TJUE es el síntoma de una enfermedad más profunda que aqueja a la Unión Europea: la pérdida de su identidad como proyecto basado en valores. Europa se ha convertido en una maquinaria burocrática que funciona al servicio de los intereses de las élites políticas. Ya no es el faro de la libertad y la justicia que soñaron sus fundadores. Es un mercado, un espacio de intereses, pero no una comunidad de valores.
La hora de la verdad
Con este fallo, el TJUE ha demostrado que está dispuesto a sacrificar la justicia en aras de la estabilidad política. Ha demostrado que prefiere la impunidad de los poderosos a la igualdad de todos ante la ley. Ha demostrado que la «reconciliación» que defiende no es más que un eufemismo para legitimar el chantaje.
El tiempo pondrá a cada uno en su lugar. Pero mientras tanto, los ciudadanos observamos con estupor cómo la justicia europea capitula ante el chantaje político y convierte la ley en un traje a medida para satisfacer los intereses de quien tiene los votos necesarios. Una auténtica vergüenza que pasará a la historia como el día en que Europa decidió que la impunidad tiene precio, y que ese precio se paga con votos parlamentarios.
No hay «reconciliación» sin justicia. No hay «estabilidad» sin legalidad. No hay «Europa» sin Estado de derecho. Y lo que el TJUE ha hecho no es reconciliación, ni estabilidad, ni defensa de Europa. Es simple y llanamente claudicación ante el poder político, es la rendición de la justicia ante el chantaje, es la muerte de todo aquello en lo que decíamos creer.
«El día que la justicia se doblega ante el poder, el poder se convierte en tiranía. Y la tiranía, aunque se vista de togas y se adornede argumentos jurídicos, sigue siendo tiranía.»
