El presidente regala un edificio público a Bildu para crear un “centro de memoria” que ignorará los 300 asesinatos sin resolver de la banda terrorista
España asiste, una vez más, al espectáculo bochornoso de un hijo de la fruta que vende la dignidad de un país entero por un puñado de votos. Pedro Sánchez, el político que ha hecho de la supervivencia en Moncloa su única razón de ser, se ha plegado sin el menor rubor a las exigencias de los herederos políticos de ETA. El botín de guerra para Bildu: el palacete de La Cumbre en San Sebastián, un edificio histórico que el Ejecutivo cederá gratuitamente para convertirlo en un centro de memoria democrática… eso sí, una memoria amputada, selectiva y vergonzante, en la que no tendrán cabida los más de 800 muertos dejados por la banda terrorista.
El pacto, sellado en junio de 2022 entre Sánchez y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi –un hombre condenado por pertenencia a ETA–, fue la moneda de cambio para sacar adelante la Ley de Memoria Democrática. El presidente necesitaba los seis votos de los abertzales y no dudó en entregarles un edificio público a cambio. Pero no se engañe nadie: lo que Bildu ha conseguido no es un espacio para la reconciliación, sino un altar donde honrar su propia versión del pasado, un lugar de culto para el relato que equipara la violencia de ETA con la respuesta del Estado, un templo de la posverdad donde los asesinos quedarán absueltos por el silencio y las víctimas, condenadas al olvido.
Un centro de “desmemoria” para los amigos de los etarras
El palacete de La Cumbre fue utilizado por los GAL para secuestrar y torturar a los jóvenes José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Un crimen abyecto, repugnante, que ya fue juzgado y condenado. Sus familiares merecen todo el respeto y la reparación. Pero nadie en su sano juicio puede aceptar que, bajo la excusa de honrar su memoria, se borre del mapa la responsabilidad de ETA. Y eso es exactamente lo que ha pactado Sánchez: un centro dedicado a la represión de los suyos, al terrorismo de Estado hasta 1983 y a la violencia policial en el gobierno socialista de Felipe González (que no se le olvide a Sánchez). ¿Y los cientos de los suyos, policías, guardias civiles, concejales, jueces, periodistas, empresarios y ciudadanos de a pie asesinados por ETA? Esos no cuentan. Esos no merecen ni una placa. Esos estorban al relato.
“La estrategia de Bildu es utilizar el dolor de Lasa y Zabala para construir un relato victimista que les permita lavar su propia historia de sangre”, denuncia un representante de las víctimas del terrorismo. Y Sánchez, lejos de oponerse, les ha puesto la alfombra roja. El presidente se ha convertido en el mejor aliado de quienes durante décadas han justificado el asesinato como arma política. ¿Qué otra conclusión cabe cuando se comprueba que en ese flamante centro de la memoria no habrá un solo rincón para los ciudadanos, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y los socialistas asesinados por ETA? ¿Dónde estará el recuerdo para Fernán González, Fernando Múgica, Enrique Casas, Francisco Tomás y Valiente, Fernando Buesa, Juan María Jáuregui, Ernest Lluch, Isaías Carrasco o Joseba Pagazaurtundúa? ¿Dónde el de Eduardo Madina, al que la banda le arrancó una pierna con una bomba lapa? En ningún sitio. Porque Sánchez ha decidido que esos muertos no le cuestan votos. Porque esos muertos no son necesarios para seguir agarrado al poder.
El cinismo de los que nunca pidieron perdón
Mertxe Aizpurúa, portavoz de Bildu en el Congreso, justificó el acuerdo como un paso para “revisar vulneraciones de derechos humanos a partir de 1978”. Una frase redonda, hueca, tramposa. Porque en esa revisión no entran los 853 crímenes de ETA, ni los 300 atentados sin resolver, ni los más de 5.000 heridos, ni los secuestros, ni el chantaje, ni el exilio forzoso de miles de vascos. No. Esa “verdad” no interesa a los amigos de los etarras. La única verdad que quieren es la que les exculpa. Y Sánchez se la ha servido en bandeja.
El presidente del Gobierno, el mismo que dice que “ETA ya fue derrotada por la democracia”, se ha convertido en el notario de la memoria manipulada. No exige a Bildu una condena expresa de los asesinatos. No les pide que colaboren en la resolución de los cientos de casos sin esclarecer. No les reclama que pidan perdón a las familias destrozadas. Al contrario: les regala un palacete, les cede el fuerte de San Cristóbal en Pamplona y, para rematar, les entrega al PNV la sede del Instituto Cervantes en París, valorada en 15 millones de euros. Todo a cambio de nada. Todo para seguir cuatro años más en Moncloa.
Feijóo promete revertirlo, pero la herida ya está abierta
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo el hombre mantequilla, ha asegurado que en sus primeros 100 días de gobierno revertirá “las barbaridades” del Ejecutivo de Sánchez. Las víctimas del terrorismo escuchan con escepticismo sus palabras, al recordar las mismas palabras que dijo Mariano Rajoy en su día y cuando llego al poder tuvo una amnesia súbita. Porque mientras tanto, el actual presidente sigue humillando su memoria. Si Sánchez necesitara los votos de Bildu para mantenerse, sería capaz de ceder el Museo del Prado o la Dama de Elche. Ya ha demostrado que no hay patrimonio histórico, ni dignidad nacional, ni respeto a los muertos que esté dispuesto a defender cuando está en juego su sillón.
Mientras los asesinos de ETA disfrutan de beneficios penitenciarios, de homenajes encubiertos y de la complicidad de un Gobierno que les entrega edificios públicos, las familias de los asesinados siguen esperando justicia. Siguen esperando que alguien les explique por qué su dolor vale menos que los votos de quienes nunca dejaron las armas. Siguen esperando que un presidente de todos los españoles deje de arrodillarse ante los verdugos.
Pero no lo esperen de Pedro Sánchez, como siempre. Él ya ha elegido su bando. Y no es el de las víctimas. Y se pregunta, porque le llaman Perro Sánchez.
Las afirmaciones sobre acuerdos políticos y cesiones de inmuebles se basan en informaciones contrastadas publicadas por medios nacionales entre 2022 y 2025.
