Cuando Sánchez antepone el poder a la dignidad
En cualquier democracia consolidada, el repudio al terrorismo constituye un pilar fundamental sobre el que se asienta la convivencia ciudadana y la legitimidad del Estado. No se trata de una opción política entre otras, sino de un imperativo ético y legal que define la calidad de una sociedad civilizada. Sin embargo, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, España asiste atónita a un proceso de erosión sistemática de este principio, sustituyendo la firmeza democrática por la conveniencia parlamentaria y la dignidad de las víctimas por pactos con quienes aún hoy no han condenado el horror de ETA.
El marco legal: Una defensa sin ambigüedades
La legislación española ha sido históricamente tajante en su respuesta al fenómeno terrorista. La Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, establece un marco punitivo contundente que refleja la determinación del Estado por combatir cualquier manifestación de la violencia terrorista . En su artículo 573, define como delito de terrorismo cualquier acción grave cometida con fines tan execrables como «subvertir el orden constitucional» o «provocar un estado de terror en la población». Y añade una advertencia inequívoca: «si se causa la muerte de una persona se aplicará la pena de prisión por el tiempo máximo previsto en el Código Penal».
Pero quizás el aspecto más relevante para el debate que nos ocupa sea el tratamiento del enaltecimiento del terrorismo. El artículo 578 del Código Penal castiga explícitamente «el enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares». La pena: prisión de uno a tres años.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha precisado que este tipo penal «supone una legítima injerencia en el ámbito de la libertad de expresión de sus autores en la medida en que puedan ser consideradas como una manifestación del discurso del odio por propiciar o alentar, aunque sea de manera indirecta, una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades».
Por su parte, la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, consagra en su preámbulo los principios de «memoria, dignidad, justicia y verdad» como fundamentos de la respuesta estatal, estableciendo que «las víctimas del terrorismo constituyen asimismo una referencia ética para nuestro sistema democrático» y que «simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista».
Este entramado legal no deja espacio para la ambigüedad: el terrorismo y su apología son incompatibles con la democracia. Las víctimas merecen reconocimiento, no humillación. Los terroristas merecen condena, no homenajes.
La realidad: Homenajes a terroristas en el País Vasco
Mientras la ley habla claro, los hechos en el País Vasco dibujan una realidad bien distinta. En los últimos años, hemos asistido a una proliferación de actos de homenaje a presos de ETA, recibimientos públicos a etarras excarcelados y manteniendo de karteles enalteciendo a la banda terrorista en diversos municipios vascos y navarros.
Estos actos suponen una humillación cotidiana para las víctimas y sus familias. Como denunció Tomás Caballero, presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo e hijo de un concejal de UPN asesinado por ETA, estos homenajes «son un ultraje a las víctimas y una incitación al odio y a la violencia», añadiendo con toda la razón del mundo que «una democracia como la nuestra no puede seguir permitiéndolo» .
Y aquí surge la pregunta ineludible: ¿qué ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez para impedir estos actos? La respuesta, desgraciadamente, es nada. O peor aún: ha mirado hacia otro lado mientras sus socios parlamentarios, los mismos que aplauden estos homenajes, le sostienen en la Moncloa.
Pedro Sánchez: De la promesa incumplida al pacto con quienes no condenan ETA
Para comprender la magnitud del giro operado por Sánchez, basta acudir a la hemeroteca, ese incómodo testigo que los políticos temen. En abril de 2015, en una entrevista en Navarra Televisión, un Pedro Sánchez entonces en la oposición repetía hasta la saciedad: «Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces. O 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar».
En febrero de 2016, insistía: «No me voy a reunir con Bildu. Con Esquerra y DyL me reuniré para decirles que no comparto su proyecto» . En septiembre del mismo año, tras una reunión de la Ejecutiva del PSOE, volvía a señalar: «Con el único partido que no vamos a entablar diálogo es con Bildu. Cuando digo dialogar no es negociar» . Ya en junio de 2019, como presidente del Gobierno en funciones, afirmaba rotundo: «El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición, y es que con Bildu no se acuerda nada».
Hoy, todas esas palabras han sido barridas por la realpolitik más descarnada. El PSOE de Sánchez ha alcanzado múltiples acuerdos con EH Bildu durante la legislatura. Según datos verificados, la formación abertzale ha votado a favor de 80 iniciativas legislativas del Gobierno . Entre ellos, destaca el pacto firmado en mayo de 2020 entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu para sacar adelante la quinta prórroga del estado de alarma . Un acuerdo político formal con quienes todavía no han condenado explícitamente el terrorismo de ETA.
Sánchez intenta defenderse argumentando que no hay ministros de Bildu en el Gobierno y que se trata solo de «acuerdos puntuales sobre leyes concretas» . Pero el argumento es falaz. Gobernar no es solo ocupar sillones ministeriales; es también, y fundamentalmente, construir mayorías parlamentarias para sostener la acción del Ejecutivo. Y esas mayorías, en la España de Sánchez, descansan sobre los votos de quienes durante décadas fueron el brazo político de los asesinos.
El colmo de la deslegitimación: Presencia de Bildu en homenajes a víctimas
Si alguien albergaba dudas sobre la deriva moral de este gobierno, la imagen de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, sentada en el hemiciclo durante el homenaje del Congreso a las víctimas del terrorismo el 27 de junio de 2021 debería haber sido la gota que colmara el vaso .
Mientras dentro del Congreso se rendía tributo a quienes dieron su vida por la libertad de los españoles, fuera, a las puertas de la Cámara, las asociaciones de víctimas y el Partido Popular se concentraban para protestar contra un gobierno que ha hecho del blanqueamiento de Bildu su seña de identidad. La imagen no puede ser más elocuente: las víctimas, fuera; los herederos de ETA, dentro.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Covite llevan meses denunciando esta situación. Su presidenta, Maite Araluce, ha llegado a exigir la ilegalización de EH Bildu . Y no les falta razón. ¿Cómo es posible que quienes no han condenado el asesinato de 829 personas formen parte de la mayoría que sostiene al gobierno de España? ¿Cómo es posible que el partido que gobernó durante años en el País Vasco mientras ETA mataba sea ahora socio preferente de la Moncloa?
La respuesta es tan sencilla como miserable: porque Pedro Sánchez necesita sus votos para seguir en el poder. Y no hay dignidad, ni principios, ni respeto a las víctimas que prevalezcan frente a ese objetivo.
La fractura social y la pérdida de ejemplaridad
Las consecuencias de esta deriva son devastadoras para la convivencia democrática. El consenso básico que durante décadas mantuvieron PSOE y PP en materia antiterrorista ha saltado por los aires. En el homenaje a las víctimas de 2021, el PP rompió por primera vez la unidad en este acto institucional . La fractura política refleja una fractura social más profunda: cuando el gobierno normaliza a quienes aplauden a los terroristas, está enviando un mensaje pésimo a la sociedad.
Los jóvenes españoles que no vivieron los años de plomo de ETA reciben ahora la lección de que los asesinos pueden tener segunda oportunidad política sin necesidad de condenar su pasado. Que los homenajes a etarras son tolerables. Que las víctimas son un estorbo incómodo para las mayorías parlamentarias.
Todo ello, mientras el artículo 578 del Código Penal sigue vigente, castigando el enaltecimiento del terrorismo con penas de prisión. Pero solo para algunos, al parecer. Porque cuando quienes enaltecen son socios del gobierno, la ley se convierte en papel mojado.
El precio de la indignidad
Pedro Sánchez ha decidido que su permanencia en La Moncloa justifica cualquier cosa. Incluso traicionar la memoria de los muertos. Incluso sentar en el Congreso a quienes aplaudieron a sus verdugos. Incluso mirar hacia otro lado mientras en las calles del País Vasco se homenajea a quienes sembraron el terror durante medio siglo.
El repudio al terrorismo no es negociable. No es una variable de ajuste en las ecuaciones parlamentarias. Es el suelo ético mínimo sobre el que se construye una democracia. Y cuando un presidente del Gobierno olvida esta verdad elemental, no solo está faltando al respeto a las víctimas: está erosionando los cimientos mismos del Estado de Derecho.
Las víctimas del terrorismo merecen verdad, justicia y reparación. Merecen que el Estado que no supo protegerlas cuando ETA las asesinaba les rinda al menos el homenaje de no pactar con quienes justifican su martirio. Pero mientras Pedro Sánchez siga en La Moncloa, esa deuda histórica seguirá impagada.
La historia juzgará con dureza a quien, por mantenerse en el poder, prefirió la compañía de los herederos de los asesinos a la dignidad de las víctimas. Y ese juicio, a diferencia de los votos del Congreso, no tendrá enmienda posible.
