La declaración de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional reaviva las acusaciones de financiación ilegal venezolana del PSOE, sumiendo al Gobierno en una crisis de credibilidad mientras el presunto documento clave sigue sin aparecer
La Audiencia Nacional se convirtió este miércoles en el escenario de una bomba política de consecuencias imprevisibles. Víctor de Aldama, investigado por presuntos delitos de blanqueo y asociación ilícita, no se limitó a responder al fiscal. Lanzó una acusación gravísima, calculada y con nombre propio: afirmó que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, le entregó en 2020 un sobre con documentación sobre la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista –que preside Pedro Sánchez– a través de la petrolera estatal PDVSA.
La revelación, en sí misma explosiva, adquiere una dimensión crítica por el contexto y la fuente. No fue una filtración interesada a un medio afín, ni un rumor en los pasillos. Fue una declaración formal ante un juez, en respuesta a preguntas de la Fiscalía, con la que Aldama negocia un acuerdo de conformidad. Sus palabras, recogidas en acta, fueron deliberadamente ambiguas y amenazantes: «Esto es algo que tendremos que negociar directamente… Estamos hablando de financiación ilegal de un partido«. Un guiño claro: tiene, o dice tener, algo valioso para intercambiar.
Este «sobre marrón confidencial», según imágenes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habría sido remitido por el ex presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, a Delcy Rodríguez. Ella, tras su polémica visita a España en enero de 2020 –donde se reunió en Barajas con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos–, se lo habría entregado a Aldama. La pregunta que resuena en los despachos políticos es obvia: ¿Qué contenido, real o inventado, justifica que un testigo clave lo use como moneda de cambio ante un fiscal?
La paradoja de la evidencia fantasma. El caso se sustenta en una inquietante paradoja. La UCO no tiene el sobre físico, solo una fotografía del mismo enviada por WhatsApp entre los implicados. El presunto documento original estaría, según las pesquisas, en poder del propio Aldama o de su socio, Luis Alberto Escolano. Es decir, la acusación más grave contra el partido en el Gobierno se basa en un artefacto narrativo: una imagen de un sobre cuyo contenido solo describe, de manera interesada, un investigado que busca reducir su pena.
Para el PSOE y La Moncloa, la estrategia ha sido el desdén absoluto y la acusación de «operación de intoxicación» orquestada por la derecha y sectores del poder judicial. Sin embargo, el desgaste es evidente. Cada nueva declaración judicial, cada imagen filtrada, cada referencia a reuniones en aeropuertos, socava la autoridad moral de un Gobierno que llegó prometiendo una «era de la renovación» y la ejemplaridad.
