Inspirado en la carta abierta de Émile Zola “J’accuse…!” (1898), este artículo traslada la denuncia de la cúpula militar a la cúpula política, exigiendo responsabilidades ante la mayor tragedia vial de los últimos años.
Hoy, ante el silencio cómplice de una casta política empeñada en la autopreservación y el eufemismo, rompo el silencio. Lo hago con rabia, con dolor por las 45 almas arrebatadas en el desvío de entrada de vía 1 a su paso por Adamuz, y con la convicción de que la verdad ha sido secuestrada en aras de la conveniencia.
Yo acuso al Ministro de Transportes y Sostenibilidad Movilidad, Óscar Puente, de haber minimizado y edulcorado la gravedad estructural y de gestión que condujo a esta catástrofe. De haber empleado, en los momentos cruciales posteriores al accidente, el lenguaje vacío del “hecho fortuito” y la “investigación en curso”, sepultando bajo la retórica cualquier atisbo de autocrítica o reconocimiento de posible negligencia en el mantenimiento, la señalización o las políticas de seguridad vial de su departamento.
Yo acuso al Gobierno de permitir y alimentar una cultura de la irresponsabilidad, donde el ministro de turno no dimite, no cae, ni asume la carga moral de su cargo ante tragedias de esta magnitud. La ineptitud en la gestión de infraestructuras críticas no puede quedar impune. La dimisión no es un acto de debilidad, sino de honor y de respeto a las víctimas. Su negativa a presentarla es una segunda afrenta a los ciudadanos.
Yo acuso a la maquinaria de comunicación del partido en el poder de haber intentado, sutil o burdamente, desviar el foco de la responsabilidad política hacia factores aislados o exclusivamente humanos, eximiendo así a la Administración de su deber supremo de garantizar una red vial segura. Es la misma estrategia del poder que Zola denunció: crear niebla para que la luz no alcance a los culpables.
Yo acuso, con esperanza temblorosa, a la Fiscalía y a la Audiencia Nacional, ante la denuncia interpuesta. Les acuso anticipadamente de la tentación de la indulgencia, del archivo prematuro, de la complicidad silenciosa con el poder. Espero, con escepticismo doloroso, que esta vez la toga no se manche “con el barro del camino” de la impunidad. Que no sea otro caso donde la justicia, lenta y gris, tropiece y caiga ante las presiones políticas y el “superior interés” de la estabilidad gubernamental. Los 45 muertos, sus familias destrozadas, la sociedad española entera, merecen que la justicia transite por un camino firme y recto, no por una senda embarrada de compromisos.
No escribo por animadversión personal, sino por imperativo cívico. Zola clamó ante la traición a la República y al hombre inocente. Hoy debemos clamar ante la traición a la seguridad pública y a la decencia democrática. La sombra de Adamuz es alargada, y sólo la verdad completa, la depuración de responsabilidades políticas y la justicia ejemplar podrán disiparla.
Los hechos están ahí. Las preguntas, también. ¿Cuántas negligencias acumuladas, cuántos recortes silenciosos, cuántas advertencias desoídas condujeron a este accidente? El ministro Puente y su Gobierno no pueden seguir escondiéndose. Su lugar, ante la magnitud del dolor causado, debería ser la dimisión o, al menos, la exposición valiente ante los tribunales. Lo contrario es confirmar que la política ha perdido su honor, y que la justicia ha olvidado su nombre.
