La Traición silenciada: Pruebas irrefutables de las actas de ETA
VOX presenta una querella demoledora: las actas internas de la banda desnudan la política de rendición del Estado español ante el terrorismo durante el gobierno socialista. La Justicia debe decidir ahora si fue simple negociación o delito.
Por los asesinados de ETA
Aquellos que cayeron bajo la violencia de ETA,
tienen un reclamo permanente a la memoria.
Quien quiera defender su honor y su historia,
con dignidad viva, con verdad escriba.
Honrado muera quien les dé su voz,
sin odio, con justicia, buscando la luz.
Pero el traidor que los olvide y abandone,
no encuentre cobijo ni paz en ningún monte.
Que la tierra rechace sus despojos,
y el viento lleve lejos sus enojos.
Porque a los ausentes, lo único que importa
es verdad sin sombras, memoria que no corta
el hilo frágil de lo que un día fue:
vidas arrancadas, dolor que aún se ve.
Honor a quienes defendieron la ley,
y a los que, sin armas, dijeron “basta” al rey
del terror. Su recuerdo, piedra en el camino,
nos llama a construir un destino digno.
La máscara se ha caído. Los papeles no mienten. Las actas secretas de la cúpula de ETA, ese diario íntimo del terror, han desenterrado lo que el régimen del silencio y la transición perpetua llevaba años ocultando: que hubo un Gobierno, el de José Luis Rodríguez Zapatero, que no luchó contra ETA, sino que negoció con ella. Que no persiguió a los verdugos, sino que acarició a sus mensajeros. Que no defendió a las víctimas, sino que las sacrificó en el altar de un «proceso de paz» fraudulento, una farsa política pagada con monedas de sangre, dignidad y soberanía.
Hoy, VOX ha plantado cara a esa impunidad histórica. No con un discurso, sino con una querella criminal depositada en la Fiscalía General del Estado. En ella, se pide la investigación de Zapatero por tres delitos que hielan la sangre: colaboración con organización terrorista, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos. No son acusaciones políticas. Son la traducción jurídica de lo que gritan, negro sobre blanco, los archivos de los asesinos.
La máscara se ha caído. Los papeles no mienten. Las actas secretas de la cúpula de ETA, ese diario íntimo del terror, han desenterrado lo que el régimen del silencio y la transición perpetua llevaba años ocultando: que hubo un Gobierno, el de José Luis Rodríguez Zapatero, que no luchó contra ETA, sino que negoció con ella. Que no persiguió a los verdugos, sino que acarició a sus mensajeros. Que no defendió a las víctimas, sino que las sacrificó en el altar de un «proceso de paz» fraudulento, una farsa política pagada con monedas de sangre, dignidad y soberanía.
Hoy, VOX ha plantado cara a esa impunidad histórica. No con un discurso, sino con una querella criminal depositada en la Fiscalía General del Estado. En ella, se pide la investigación de Zapatero por tres delitos que hielan la sangre: colaboración con organización terrorista, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos. No son acusaciones políticas. Son la traducción jurídica de lo que gritan, negro sobre blanco, los archivos de los asesinos.
Las Pruebas de la Connivencia: El Estado en Minusvalía
Las actas no dejan lugar a la interpretación benevolente. Son el protocolo de una rendición. Revelan reuniones, diálogos y concesiones que se extendieron como un río subterráneo, muy por debajo del discurso oficial de «derrota policial» que se vendió a la ciudadanía. Muestran un Gobierno suplicando una tregua a cambio de gestos políticos, reblandeciendo el principio de autoridad, mientras las víctimas seguían siendo amenazadas y los pistoleros gozaban de un estatus de casi interlocutores válidos.
Esto no fue diálogo. Fue capitulación. Y en esa capitulación, VOX ve delitos. La posible revelación de secretos (¿qué información sensible se filtró para ganar «confianza»?), la flagrante omisión del deber de perseguir delitos (¿por qué se relajó la presión policial en momentos clave?) y, la más hiriente de todas, la sospecha de colaboración con la estructura que seguía apretando el gatillo. Cuando el Estado negocia de tú a tú con una organización que tiene las manos manchadas de sangre, ¿dónde queda la línea que separa la política del delito?
El Muro de Silencio del Régimen
La respuesta del PSOE y su corte mediática es previsible: «Operación política«, «revanchismo«, «manipulación«. Pretenden, una vez más, esconder la gravedad de los hechos bajo la alfombra de la etiqueta partidista. Quieren que cerremos los ojos ante la evidencia documental. Que olvidemos el escándalo de los micrófonos en la prisión de Logroño para espiar a presos etarras –un caso que salpica directamente al núcleo duro de la seguridad del gobierno de Zapatero–, o las declaraciones de antiguos colaboradores que pintan un panorama de caos y cesiones.
Pero las voces que no callan son las de las asociaciones de víctimas, traicionadas dos veces: primero por la violencia, después por la política. Ellas llevan años exigiendo verdad, memoria y justicia. Esta querella es, en parte, su eco. Es la demanda de que alguien rinda cuentas por esa época en la que el terrorista fue tratado como actor político y el dolor de los familiares fue instrumentalizado como argumento para una paz ficticia.
Zapatero en el Banquillo de la Historia… y Quizás de la Justicia
Rodríguez Zapatero se pasea por la vida pública como un estadista, bendecido por una narrativa complaciente que oculta el coste real de sus «gestas». Pero la historia, la de los papeles y los hechos, le está alcanzando. Su legado no es el de quien venció a ETA, sino el de quien normalizó su discurso, desarmó moralmente al Estado y dejó que la banda creyera que podía ganar la partida.
Ahora, la pelota está en el tejado de la Fiscalía. ¿Tendrá la valentía de investigar estos hechos hasta las últimas consecuencias, sin importar los nombres propios? ¿O cederá, una vez más, a la presión del poder y archivará la causa, perpetuando la cultura de la impunidad que tanto daño ha hecho a nuestra democracia?
España tiene una deuda pendiente con sus muertos y con su honor. La denuncia de VOX no es un fin, sino el principio imprescindible para saldarla. Para que se sepa, de una vez por todas, si en los salones de La Moncloa se gobernó o se delinquió. La Justicia debe hablar. El país necesita escucharla.
