La radicalización de las juventudes independentistas desafía el «entendimiento social» prometido
En noviembre de 2023, Pedro Sánchez firmaba un pacto de investidura histórico con el PNV que incluía compromisos que iban mucho más allá del apoyo parlamentario: reconocimiento del País Vasco como «nación», negociación de un nuevo estatuto con «relación bilateral» con el Estado y la transferencia de unas 30 competencias, entre ellas la gestión económica de la Seguridad Social, en un plazo de dos años. Un año después, mientras esas promesas empiezan a materializarse, cuatro jóvenes encapuchados queman una bandera de España en pleno centro de Bilbao durante una manifestación independentista. Este contraste define la compleja realidad vasca: concesiones políticas sin fin aparente frente a un radicalismo que no se extingue.
El pacto que cambió las reglas del juego
El acuerdo PSOE-PNV de 2023 representa una de las mayores ampliaciones del autogobierno vasco desde el Estatuto de Guernica. Según los documentos firmados, Sánchez no solo garantizó el traspaso de competencias pendientes, sino que se comprometió a «definir el autogobierno futuro» en una «negociación de buena fe» que debería activarse tras las elecciones autonómicas de 2024.
Principales concesiones del pacto PSOE-PNV (2023):
- Reconocimiento nacional: Negociación del reconocimiento del País Vasco como «nación»
- Nuevo estatuto: Compromiso para aprobar un nuevo estatuto con relación «bilateral»
- Seguridad Social vasca: Transferencia del régimen económico de la Seguridad Social en dos años
- Competencias pendientes: Traspaso de unas 30 competencias antes de 2025
- Financiación: 100 millones de euros para la promoción del euskera
Para el PNV, este acuerdo supone un triunfo histórico. Andoni Ortuzar, presidente del partido, lo calificó como «un acuerdo muy amplio y bueno para Euskadi» que sienta las bases para negociar el autogobierno futuro. Sin embargo, desde otros sectores se han alzado voces críticas: la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social calificó estos pactos como «un ataque al Estado de derecho» y al «principio de igualdad», argumentando que una transferencia de la Seguridad Social «atentaría contra el modelo consagrado en la Constitución».
La radicalización que persiste
Mientras se negociaban estos acuerdos institucionales, las juventudes de la izquierda abertzale mantenían un pulso callejero que parece haberse intensificado. La quema de bandera del pasado sábado en Bilbao no fue un hecho aislado, sino parte de una campaña de acciones violentas que incluyen:
- Ataque a la sede de El Correo: La noche anterior a la manifestación, desconocidos colocaron carteles en la sede del periódico con el mensaje: «¿Creíais que os ibais a librar o qué?». El ataque se produjo horas después de que Arnaldo Otegi cargase contra este medio en una entrevista radiofónica.
- Oleada de sabotajes: En los últimos meses se han registrado ataques con pintura contra la sede del PP en Bilbao, el derribo del último toro de Osborne en Euskadi y sabotajes contra la Casa de Juntas de Gernika.
- Discurso confrontacional: En la manifestación del sábado, los organizadores de Ernai (juventudes de Sortu) defendieron la independencia como «elemento clave para la construcción de una Euskal Herria libre de opresión» y advirtieron sobre «las fuerzas reaccionarias que también intentan abrirse paso en Euskal Herria».
Lo paradójico es que EH Bildu, el partido del que depende Sortu (y por extensión Ernai), ha tratado de marcar distancias con estas acciones. Pello Otxandiano, portavoz parlamentario y candidato a lehendakari, llegó a afirmar que «Ernai no forma parte de Bildu», a pesar de que son las juventudes oficiales de Sortu y que por sus filas han pasado buena parte de los actuales dirigentes de la coalición soberanista.
La estrategia de Sánchez: ¿apaciguamiento o alimentación del conflicto?
La política vasca de Pedro Sánchez se basa en una premisa arriesgada: que las concesiones institucionales al nacionalismo moderado (PNV) y la incorporación al sistema de la izquierda abertzale (EH Bildu) debilitarán los argumentos del independentismo más radical. Los resultados electorales de 2024 parecieron darle la razón inicialmente: el PSOE rompió su tendencia a la baja en el País Vasco y se consolidó como pieza clave de la gobernabilidad.
Sin embargo, hay datos preocupantes: la suma de votos del PNV y EH Bildu alcanzó casi el 68% en esas elecciones, lo que algunos analistas interpretan como que «los acuerdos de Sánchez fortalecen a sus socios» y que el líder socialista es «fabricante de votantes independentistas».
La pregunta que muchos se hacen es si estas concesiones están realmente conduciendo al «entendimiento social» prometido o, por el contrario, están alimentando unas expectativas que nunca podrán ser satisfechas dentro del marco constitucional actual. Mientras el PNV negocia el «nuevo estatus» y la Seguridad Social vasca, las juventudes radicalizadas siguen quemando banderas y atacando símbolos que consideran representativos del «españolismo».
¿Un callejón sin salida?
El contraste entre las fotografías de Sánchez y Ortuzar firmando acuerdos en el Congreso y las imágenes de la bandera española ardiendo en Bilbao ilustra la doble realidad del País Vasco actual. Por un lado, una negociación institucional que avanza hacia cotas de autogobierno sin precedentes; por otro, un radicalismo callejero que parece no extinguirse, sino que se revitaliza ante lo que percibe como debilidad del Estado.
Los próximos meses serán cruciales. El Gobierno tiene hasta 2025 para cumplir sus compromisos de transferencia, mientras las elecciones autonómicas vascas podrían reconfigurar el panorama político. Mientras tanto, la quema de banderas y los ataques a medios de comunicación siguen recordando que, por muchos pactos que se firmen en Madrid, el camino hacia el «entendimiento social» en el País Vasco está aún lleno de obstáculos y contradicciones.
La estrategia de Sánchez se juega su credibilidad en este difícil equilibrio: demostrar que las concesiones políticas pueden lograr lo que la confrontación no pudo durante décadas: una paz social real y duradera, no solo la ausencia de violencia terrorista. El tiempo dirá si los «cachorros de Otegi» terminan aceptando las reglas del juego democrático o si, por el contrario, las llamas de la bandera en Bilbao son el preludio de un nuevo ciclo de confrontación.
