Exclusiva: La Justicia de EEUU prepara una causa penal contra Zapatero por su vinculación con el régimen de Maduro
Las revelaciones de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal sobre presuntos pagos de PDVSA al expresidente español han acelerado la investigación federal • Washington estudia sanciones económicas y una posible orden internacional de arresto
Una investigación judicial en Estados Unidos podría convertir al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el primer exmandatario español enfrentado a la Justicia norteamericana. Fuentes cercanas a la Corte del Distrito Sur de Nueva York han confirmado que las declaraciones del exjefe de inteligencia chavista Hugo ‘El Pollo’ Carvajal han proporcionado «datos precisos» sobre la relación de Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro, acelerando sustancialmente la vía penal contra el expresidente español.
El testimonio del «Pollo» Carvajal
Hugo Armando Carvajal Barrios, director de la Dirección de Inteligencia Militar venezolana entre 2004 y 2011, fue extraditado desde España a Estados Unidos en 2023 después de un largo proceso judicial. El pasado 26 de junio, Carvajal se declaró culpable ante el juez Alvin K. Hellerstein en la Corte del Distrito Sur de Nueva York de cuatro delitos: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, participar en narcoterrorismo para el beneficio de las FARC y delitos relacionados con armas.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, Carvajal y otros altos funcionarios venezolanos actuaron como líderes del «Cártel de Los Soles», que no solo buscaba enriquecer a sus miembros sino también «inundar» Estados Unidos con cocaína, asociándose para ello con las FARC. Su sentencia, inicialmente prevista para el 29 de octubre y luego aplazada al 19 de noviembre, conocerá finalmente su fallo el 12 de febrero de 2025, después de que el tribunal haya necesitado más tiempo para analizar el «caudal de documentación» incorporado a la causa.
Las acusaciones contra Zapatero
Según las fuentes consultadas, en sus últimas comparecencias Carvajal ha proporcionado «datos precisos» sobre el presunto pago a Zapatero de «importantes cantidades de dinero» procedentes del Gobierno venezolano a través de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Esta información formar parte de una investigación más amplia sobre las «complicidades internacionales» de la cúpula chavista.
La investigación señalaría que Zapatero habría actuado «siempre bajo la tutela de Jorge Rodríguez», presidente de la Asamblea Nacional venezolana y considerado el «principal valedor de Zapatero ante Maduro». El alcance de los datos suministrados por el exmilitar incluiría además operaciones del expresidente relacionadas con los sectores energéticos del país y la existencia de «una red de colaboradores financieros interpuestos» para facilitar sus actividades en Venezuela.
Consecuencias legales para el expresidente
La apertura de un proceso penal contra Zapatero conllevaría medidas judiciales de gran alcance:
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Embargo de activos en territorio estadounidense
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Orden internacional de arresto en su contra
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Posible inclusión en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro), que conllevaría el bloqueo de cuentas y propiedades
Paralelamente, el Departamento de Estado mantiene un debate interno sobre el alcance de las sanciones económicas que podría imponer al expresidente, sopesando entre una «sanción suave» o un «castigo ejemplarizante» que sirva de señal para otros considerados «cómplices» del régimen chavista.
Contexto político y diplomático
La investigación se enmarca en una demanda presentada el pasado 14 de agosto en un tribunal de Florida contra el entramado chavista basada en la Ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), una normativa utilizada tradicionalmente contra el crimen organizado que permite rastrear las actividades de todas las personas relacionadas con los investigados.
La posición de Zapatero respecto al gobierno venezolano ha generado preocupación también en el ámbito europeo. Recientemente, la Comisión Europea, a través de la Alta Representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, señaló que Nicolás Maduro «carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente». Eurodiputados de Vox habían alertado previamente que «Zapatero se ha convertido en un estrecho colaborador de la dictadura de Maduro».
Esta postura contrasta con la posición oficial del Gobierno español, que se negó a enviar representante a la toma de posesión de Maduro en enero de 2025, al no reconocer su victoria electoral.
La estrategia de Carvajal
Los movimientos judiciales de Carvajal responden a una estrategia de colaboración con la Justicia estadounidense para aliviar su situación legal. Según las fuentes consultadas, el exgeneral venezolano espera evitar la cadena perpetua y eludir un centro penitenciario federal, aspirando a cumplir condena en una prisión estatal con condiciones «mucho más llevaderas».
Robert Murphy, director interino de la DEA, señaló tras la declaración de culpabilidad de Carvajal que «tras años de intentar evadir la ley, Carvajal Barrios probablemente pasará el resto de su vida en una prisión federal», aunque la colaboración con la Justicia podría modificar sustancialmente su sentencia.
Próximos pasos
El 12 de febrero de 2025, fecha fijada para la lectura de la sentencia de Carvajal, marcará un punto de inflexión en esta investigación. Las fuentes judiciales advierten que la Justicia estadounidense «está muy interesada» en apuntalar «cuanto antes» la apertura de un proceso penal contra Zapatero como «colaborador necesario» del régimen de Nicolás Maduro.
Mientras tanto, las autoridades estadounidenses ya han comenzado a recabar colaboración en España sobre la actividad financiera del expresidente y su incremento patrimonial, en lo que parece ser el preludio de una causa judicial sin precedentes contra un exjefe del Gobierno español.
La investigación avanza en un contexto de creciente presión de la Administración Trump sobre el gobierno de Maduro, que incluye sanciones a la cúpula chavista y la reciente revelación de que el Departamento de Estado, a través de su subsecretario Christopher Landau, habría llegado a proponer prohibir la entrada de Zapatero en Estados Unidos mediante la retirada de su visado.
NOTA: Este reportaje se basa en información de fuentes judiciales cercanas a la Corte del Distrito Sur de Nueva York y documentación oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
