Desobediencia en Cataluña: Illa desafía al TSJC y los defensores del español pasan al ataque con un plan jurídico y educativo
A más de un año de la histórica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anuló parcialmente el decreto lingüístico aprobado por la Generalitat en 2024, la justicia ordinaria sigue sin moverse contra el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por su negativa a aplicar el fallo. Mientras tanto, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha pasado al ataque con un ambicioso plan jurídico y educativo que denuncia la «resistencia activa» del Govern a garantizar el castellano como lengua vehicular en las aulas.
El pasado mes de febrero del 2025, el TSJC declaró nulos varios artículos del decreto que imponía el catalán como única lengua vehicular en la enseñanza, vulnerando así el derecho de los alumnos a recibir educación en castellano y el principio de proporcionalidad lingüística. La sentencia ordenaba a la Generalitat a modificar el decreto en un plazo de tres meses. Ese plazo expiró hace más de nueve meses y, según fuentes jurídicas, el Govern de Illa no solo ha incumplido, sino que ha adoptado nuevas instrucciones que perpetúan la inmersión forzosa.
«Estamos ante un caso flagrante de desobediencia judicial», denunció ayer en rueda de prensa la portavoz de la AEB, Ana Losada. «Illa se cree por encima de la ley. Mientras los tribunales le dicen que debe garantizar el 25% de castellano como mínimo, él mira para otro lado y protege a sus consejeros de Educación».
Un plan de dos frentes: jurídico y educativo
La AEB ha presentado un plan de choque que incluye, por un lado, una batería de recursos contencioso-administrativos contra cada centro educativo que incumpla la sentencia, y por otro, una guía para padres y madres que quieran exigir la enseñanza en castellano como derecho fundamental. El colectivo ha anunciado que llevará a los tribunales a los directores de escuela que se nieguen a impartir al menos un 25% de las asignaturas en castellano, tal y como establece el fallo del TSJC.
Además, la AEB ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ejecute forzosamente la sentencia y que aperciba al presidente Illa de responsabilidades penales por desacato. «No puede ser que un presidente autonómico se salte a la torera una decisión judicial firme. Si fuera por un tema de independentismo, ya habría actuado la fiscalía», denunció Losada.
La pasividad de la justicia: un agujero democrático
Mientras la AEB afila sus armas, la pregunta que muchos se hacen es: ¿dónde está la justicia? El TSJC ya ha dictado la sentencia, pero su ejecución corresponde a la Generalitat. Cuando un gobierno autonómico se niega a cumplir, el tribunal puede remitir las actuaciones a la fiscalía o incluso al Tribunal Supremo por posible desobediencia. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha abierto ninguna causa penal contra Illa ni contra su consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray.
Fuentes del sector judicial consultadas admiten «cierta cautela» ante un conflicto de alto voltaje político. «El TSJC no quiere verse arrastrado a un pulso institucional con la Generalitat, pero la inacción también es una forma de debilitar el Estado de derecho», explicó un magistrado bajo condición de anonimato.
Mientras tanto, los padres que han solicitado el castellano como lengua vehicular para sus hijos se enfrentan a largas listas de espera, respuestas evasivas y, en muchos casos, silencio administrativo. «Mi hijo lleva dos años sin recibir una sola hora de clase en castellano. Hemos puesto un recurso, pero la justicia tarda siglos. Illa lo sabe y juega al despiste», denunció Javier Muñoz, miembro de la AEB.
Un conflicto que escala
El plan de la AEB no solo busca forzar el cumplimiento judicial, sino también movilizar a la opinión pública. La entidad ha lanzado una campaña de recogida de firmas y ha anunciado protestas frente a los juzgados y sedes del Govern. «Si la justicia no actúa contra Illa, lo haremos nosotros. No vamos a permitir que se convierta en un prófugo de la ley», advirtió Losada.
La situación tensa recuerda otros episodios de desobediencia autonómica, aunque con un matiz: esta vez no se trata de un Govern independentista, sino del socialista Salvador Illa, que llegó al cargo prometiendo «normalidad institucional». Para muchos, su silencio y su pasividad lo convierten en cómplice de una política lingüística excluyente.
Mientras la justicia mira hacia otro lado, los defensores del español en las aulas catalanas pasan al ataque. Y la pregunta que ya flota en el ambiente es: ¿hasta cuándo va a permitir el Estado de derecho que un presidente autonómico se ría de los tribunales?
