O cómo convertir los permisos penitenciarios en una franquicia de reincidencia con sede en Montjuic
El milagro de la fe penitenciaria: cuando el historial delictivo es solo un detalle menor
Hay que tener una vocación casi mística para mirar el expediente de Mohamed C. y pensar: “Este chico necesita unos días de aire fresco”. Porque el expediente, en este caso, no era una falta leve ni un arrebato juvenil aislado. Hablamos de un individuo condenado por agresiones sexuales desde su etapa de menor, con víctimas en distintas zonas de Barcelona, con un patrón de ataque tan definido que hasta los jardines de Montjuic encajaban en su mapa del riesgo. Pero en la religión de la resocialización a ultranza, los hechos son sólo sugerencias. Lo importante es el relato: todo interno tiene derecho a “mantener vínculos sociales”, aunque sus vínculos previos hayan sido con el cuello de sus víctimas. Y así, en 2024, las puertas de Quatre Camins se abrieron. No una vez. Varias. Algunos permisos, de varios días. Porque, ¿cómo iba a reinsertarse si no se le daba la oportunidad de demostrar que seguía siendo exactamente el mismo peligro que cuando entró?
“Que salga, total, ¿qué podría salir mal?” —la pregunta que nadie quiso hacerse
El 13 de febrero, una mujer paseaba a sus perros por los jardines de Mossèn Costa i Llobera. Mohamed C. estaba fuera de permiso. No había cometido un error burocrático, no había burlado a ningún funcionario: le habían dado las llaves de la calle. La junta de tratamiento, los servicios penitenciarios, los informes favorables —todo el engranaje institucional que debería haber sido una barrera— funcionó como un pasaporte para la agresión. La mujer fue abordada por la espalda, inmovilizada, arrastrada, golpeada hasta perder la conciencia, violada en un lugar apartado. Es el resultado directo de una política que antepone la fe en el interno a la evaluación real del riesgo. Pero claro, como el agresor regresó solito a la cárcel después de la violación, todo queda en casa. El sistema penitenciario puede felicitarse: el permiso no fue quebrantado. La “normalidad” se mantuvo. La única que no volvió a la normalidad fue la víctima.
La navaja Ockham aplicada a la política de permisos: ¿incompetencia o desprecio?
Cuando un agresor sexual reincidente con múltiples víctimas obtiene permisos de varios días, hay dos explicaciones posibles. La primera: incompetencia sistémica. Es decir, que los informes criminológicos sean tan deficientes, los criterios de concesión tan laxos y la supervisión tan inexistente que un individuo de alto riesgo pueda salir a la calle como quien sale a la compra. La segunda: desprecio. Un desprecio calculado, aunque no declarado, hacia las víctimas potenciales, que asume que “el riesgo merece la pena” porque encaja con la doctrina del ius puniendi mínimo. En ambos casos, el resultado es el mismo: una mujer arrastrada por el suelo en Montjuic mientras el Estado miraba para otro lado con el expediente sobre la mesa. Lo peor no es que Mohamed C. volviera a violar. Lo peor es que el sistema le puso la alfombra.
Raparse al volver: cuando el propio recluso entiende el sistema mejor que sus jueces
Horas después del ataque, Mohamed C. regresó a Quatre Camins. Y, según la investigación, se rapó la cabeza. Un gesto que los Mossos interpretaron como intento de dificultar su identificación. Obsérvese la lucidez: el interno sabía perfectamente que lo que había hecho fuera podía tener consecuencias dentro. Pero lo que no sabía —o sí, y por eso actuó con tanta tranquilidad— es que el sistema no iba a mover un dedo hasta que la investigación policial, ya con pruebas, le señalara. Porque la política de permisos funciona bajo una lógica perversa: se concede la libertad con la misma alegría con la que luego se investiga, pero la investigación nunca llega antes del daño. El rapado es una metáfora: el que delinque sabe que la justicia penitenciaria va a remolque. Mientras tanto, la víctima, que no se rapó nada, sigue recuperándose de las lesiones y del impacto psicológico.
“Reactivar” las medidas: el arte de cerrar la puerta después de que el caballo ya está en el establo ajeno
Tras la notificación formal de la nueva agresión, Instituciones Penitenciarias suspendió los permisos, cambió de módulo al interno y paralizó su posible traslado a un régimen abierto. Todo muy eficiente. Todo muy después. Este es el gran mecanismo de la justicia progresista en materia penitenciaria: la reacción ejemplar tras el desastre. No se trata de prevenir, sino de gestionar el escándalo. Porque si hubieran hecho antes lo que hacen ahora, jamás habrían concedido esos permisos. Pero entonces, claro, no habría sido posible mantener el dogma de que “los permisos funcionan” hasta que un caso como este demuestra que no funcionan para quienes tienen que pagar las consecuencias con su cuerpo. La política de “primero el permiso, después el arrepentimiento institucional” ya tiene su nombre técnico: negligencia de manual.
El debate recurrente (y eternamente estéril): ¿por qué nunca aprendemos?
Ahora el caso reaviva “el debate sobre la gestión de los permisos penitenciarios en casos de delincuentes reincidentes”. Un debate que en España se reproduce cada vez que un agresor sexual en permiso vuelve a agredir. Y cada vez se llega a la misma conclusión: hay que revisar los criterios, endurecer las evaluaciones, mejorar el seguimiento. Y cada vez, pasada la indignación, las juntas de tratamiento siguen concediendo permisos a perfiles de alto riesgo con el mismo entusiasmo con el que un cajero automático entrega billetes. Porque el problema no es técnico. El problema es ideológico: en ciertas administraciones, la idea de que “la cárcel no debe ser punitiva” se ha convertido en un mandato que obliga a soltar, aunque soltar signifique poner en riesgo. Y mientras tanto, los Mossos investigan si Mohamed C. cometió más agresiones durante otros permisos. La pregunta no es si el sistema falló. La pregunta es cuántas veces más tiene que fallar antes de que alguien decida que proteger a las mujeres no es incompatible con la doctrina de la resocialización, sino su límite insalvable.
Un sistema que se empeña en darle segundas oportunidades a quien ya demostró no merecer ni la primera
Mohamed C. no es un caso aislado. Es el síntoma de una filosofía penitenciaria que ha invertido los términos de la seguridad: proteger al recluso de la “dureza” del encierro se ha vuelto más importante que proteger a la ciudadanía de lo que el recluso es capaz de hacer fuera. Los permisos no se conciben como un privilegio que se gana con un comportamiento y una evolución real, sino como un derecho cuasi automático que se concede por el mero paso del tiempo. Y cuando el reincidente vuelve a hacer exactamente lo mismo que ya había hecho antes, la respuesta institucional es un dossier, un cambio de módulo y una promesa de que “se revisará el caso”. Pero la próxima víctima no leerá el dossier. Estará paseando a sus perros en algún jardín de Barcelona, confiando en que un Estado que tiene el monopolio de la violencia también tiene la inteligencia de no poner en libertad a quienes ya demostraron que la libertad ajena no les importa.
Pero no. Eso sería pedir demasiado. Al fin y al cabo, el sistema está muy ocupado gestionando expedientes, redactando informes favorables y otorgando segundas oportunidades. Las terceras, ya se verá. Las cuartas, también. Mientras tanto, en Montjuic, los jardines siguen ahí. Y la justicia progresista, tan orgullosa de sus principios, sigue sin entender que entre la teoría resocializadora y el cuerpo de una mujer arrastrada por el suelo hay un abismo que ningún informe criminológico puede tapar.
Proverbio del Autor: “Al reo de varios cuerpos rotos le dieron llaves para pasear, porque la justicia que olvida las víctimas se vuelve cómplice del verdugo.”
