| Empresa | Vínculo con la cúpula del CNIO | Volumen investigado | Prácticas irregulares señaladas |
| Gedosol SL | Fundada por el exjefe de Personal, pareja de uno de los implicados. | 15,1 millones € | Contratación de personal estructural con sobrecostes, trabajos duplicados e innecesarios. |
| Zeus SL | Creada por el exdirector técnico, amigo íntimo del exgerente Juan Arroyo. | 5,2 millones € | Adjudicación de los 15 contratos de gestión SAP sin que la empresa tuviera experiencia previa. |
| Alaos ITL SL | Vinculada al exdirector de compras. | 11 millones € | Servicios de almacenamiento y esterilización con sobreprecios. |
El mecanismo se habría basado en el fraccionamiento de contratos para sortear los controles legales, el inflado de precios y el pago por servicios que nunca se prestaron. Uno de los ejemplos más gráficos fue el de un empleado de mantenimiento, apodado el «mayordomo», que usaba una furgoneta y el surtidor de gasóleo del CNIO para realizar tareas domésticas semanales en la casa del gerente Juan Arroyo.
El núcleo de la trama: Juan Arroyo y los dos décadas de control
Juan Arroyo, gerente del CNIO durante más de veinte años y hombre de confianza del fundador Mariano Barbacid, se perfila como la pieza clave de la investigación. Fue despedido en enero de 2025 junto a sus dos colaboradores más cercanos: José Ignacio Fernández Vera (subgerente) y Laura Muñoz (secretaria general). El patronato del centro justificó entonces el cese por un «ambiente incompatible con la excelencia científica exigida», pero la investigación judicial apunta a que bajo esa gestión se habría fraguado la red de corrupción.
Los informantes: denunciar la corrupción y sufrir represalias
El caso tiene un capítulo especialmente indignante: el de los dos altos cargos que, al implantar nuevos controles de gasto, descubrieron las irregularidades. En lugar de recibir apoyo, intentaron alertar en dos ocasiones al Ministerio de Ciencia, que encabeza Diana Morant, y no obtuvieron respuesta. Finalmente acudieron a la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2025. Meses después, el 31 de agosto de 2025, fueron despedidos mediante un expediente disciplinario.
La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) intervino para protegerlos. En noviembre de 2025 les concedió el estatus de informantes protegidos y en febrero de 2026 concluyó que existían «indicios suficientes» de represalias, incoando un procedimiento sancionador contra el CNIO. Las sanciones previstas en estos casos oscilan entre 100.000 y 1.000.000 de euros, e incluyen la posible prohibición temporal de recibir subvenciones públicas.
Consecuencias penales y responsabilidades
La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional continúan con las diligencias para determinar el alcance total de los 25 millones presuntamente desviados. Los delitos que se barajan son graves:
- Malversación de caudales públicos: con penas de prisión que pueden ser elevadas dada la cuantía y el tiempo de duración.
- Prevaricación administrativa por la adjudicación ilegal de contratos.
- Fraude y estafa por los servicios no prestados.
- Blanqueo de capitales en función del destino de los fondos.
Aunque todavía no hay cargos formalizados, la investigación apunta directamente a Juan Arroyo y a los administradores de las empresas implicadas.
El daño colateral: la investigación contra el cáncer, en riesgo
Más allá de lo judicial, el escándalo está pasando factura a la razón de ser del CNIO: la lucha contra el cáncer. Los propios científicos han advertido de que los tiempos judiciales y la crisis institucional están retrasando investigaciones clave, especialmente en cáncer de páncreas. Mariano Barbacid, fundador del centro, ha denunciado una «campaña de desinformación» y «acoso laboral continuado», y ha alertado de que el mayor perjudicado será el paciente oncológico.
La incertidumbre también afecta a los trabajadores: 34 empleados de servicios informáticos, secretaría y almacén están subcontratados a través de Gedosol, una de las empresas bajo investigación, y su futuro laboral es incierto.
Un precedente bochornoso
Este no es el primer aviso. En 2020, Vox presentó una denuncia penal por contratos irregulares entre 2017 y 2018, que fue archivada provisionalmente en marzo de 2024. Además, correos electrónicos de septiembre de 2018 muestran que la presidenta del comité de empresa alertó al entonces ministro de Ciencia, Pedro Duque, sobre prácticas irregulares sin que, según la denuncia actual, se tomaran medidas.
Ahora, la justicia trata de desentrañar cómo, durante años, el dinero público destinado a vencer el cáncer pudo haber sido utilizado para engordar cuentas particulares mientras la cúpula del centro miraba hacia otro lado. La vergüenza no solo es el desvío de fondos, sino que quienes levantaron la voz fueran despedidos y tuvieran que acogerse a la ley de protección del informante para no quedar en el olvido.
Estado actual
El CNIO sigue con su actividad científica bajo una nueva gerencia, pero con la sombra de la investigación judicial y la posible sanción de la AIPI. La Fiscalía Anticorrupción continúa analizando la documentación intervenida y los precintos levantados en los almacenes. Queda por ver si el sistema de justicia logrará depurar responsabilidades penales y si el centro de investigación podrá recuperar la confianza perdida. Mientras tanto, la peor metástasis que ha sufrido el CNIO no ha sido biológica, sino ética: la de la corrupción instalada en el corazón de quien debía custodiar los fondos para la esperanza.
