Una historia que duele solo con contarla
Noelia Castillo de 25 años, es un cuerpo atravesado por la violencia y una biografía que haría tambalear a cualquier sistema de salud mínimamente decente. Primero fue su exnovio: “Se aprovechó de mí y al día siguiente me lo contó como si fuera algo normal”. Luego, dos chicos en una discoteca “intentaron abusar sexualmente” de ella. Y para rematar, “tres chicos a la vez” la violaron “tres o cuatro días antes” de que ella se lanzara desde un quinto piso. Sobrevivió, pero quedó parapléjica. Su discapacidad, que ya era del 67% por enfermedad mental, escaló al 74%. El infierno tenía varias plantas, y ella las recorrió todas.
El sistema que no cura, pero tramita
Hoy, 26 de marzo, a las seis de la tarde, a Noelia se le aplicará la prestación de ayuda para morir. Lo más llamativo no es su decisión —el dolor tiene soberanía sobre cada cual—, sino lo que el sistema ha hecho (o, mejor dicho, no ha hecho) antes de llegar a este punto. Según una asociación de juristas que ha denunciado el caso, “actualmente no está siguiendo ningún tratamiento psicológico o psiquiátrico”. O sea: el Estado ha tenido tiempo para activar comités de evaluación, certificados, plazos legales y un largo etcétera burocrático para ayudarla a morir, pero no ha tenido tiempo para sentarla en una consulta con un psicólogo clínico especializado en trauma.
El vacío legal que esconde un vacío de Estado
“La legislación vigente no exige ningún intento previo de tratamiento antes de autorizar la eutanasia”, advierten los juristas. Y rematan: “Estamos ante un vacío legal gravísimo: se ofrece el suicidio sin haber intentado curar”. Resulta que la ley, tan moderna y tan pionera, ha olvidado incluir una pequeña cláusula que diga: “Antes de facilitar la muerte, el Estado debe demostrar que ha puesto todos los medios para que esa persona quiera vivir”. Pero no. Eso sería demasiado trabajoso. Mejor saltarse el “todo lo posible” y llegar directamente al trámite final. Eficiencia, llaman algunos.
Cuando el hospital mira más los órganos que la persona
Pero si el abandono terapéutico ya es grave, lo que sigue es directamente macabro. La madre de Noelia, en medio de su desesperación, ha relatado algo que debería helarnos la sangre: el hospital presionó para que la eutanasia se realizara cuanto antes. El motivo no era, curiosamente, poner fin al sufrimiento de su hija de la forma más serena posible. No. El motivo era que tenían comprometidos sus órganos. Había personas que podían salvarse con ese corazón, esos riñones. Y la maquinaria de los trasplantes no podía esperar a que una madre entendiera, a que una psiquiatra intentara algo, a que alguien preguntara: “¿Y si le ofrecemos vivir?”.
Una pregunta incómoda para el gobierno
Así que hagamos una pregunta, ya que parece que en este país las preguntas incómodas sobran. Señores del gobierno, señoras de la ministra: ¿Si Noelia hubiese tenido todo el apoyo para vivir —psicólogos especializados en abuso sexual, psiquiatras a tiempo completo, una red que la sostuviera en lugar de abandonarla—, acaso hoy estaríamos hablando de eutanasia? ¿O a lo mejor, solo a lo mejor, se le hubieran quitado las ganas de morir? Porque la experiencia elemental dice que cuando a una persona se le trata el trauma, cuando se le acompaña, cuando no se la empuja al vacío con la indiferencia administrativa, a veces las ganas de vivir regresan.
Lo que la ley no exige, pero la ética sí
Hablar de eutanasia es hablar de decisiones profundamente personales, atravesadas por el dolor, la dignidad y la autonomía. Nadie sensato discute el derecho a decidir sobre el propio final. Pero de eso a convertir la ayuda para morir en la opción por defecto para quienes han sido abandonadas por el sistema —y encima con presión hospitalaria para apurar el trámite por razones logísticas de trasplantes— hay un trecho que solo una fe ciega en los procedimientos puede ignorar. El caso de Noelia no expone solo un procedimiento médico; expone un debate social que sigue abierto: el derecho a decidir no puede ser una coartada para el deber de cuidar.
Descanso para ella, no para ellos
A las seis de la tarde de este jueves 26 de marzo se le aplicará la muerte asistida a Noelia Castillo. Que ella descanse en paz. Es lo mínimo que podemos desearle después de todo el horror que ha tenido que vivir y, sobre todo, después de comprobar cómo el Estado que debía protegerla decidió que era más sencillo ayudarla a morir que obligarse a reconstruir su vida. En cuanto a este gobierno, si conserva un ápice de la dignidad que le ha negado a Noelia, que no espere descanso. Porque la pregunta sigue ahí, muda pero implacable: ¿por qué ustedes, con todos los medios a su alcance, no hicieron nada para que ella quisiera vivir?
RESUMEN: Noelia Castillo sufrió tres agresiones sexuales —la última, tres días antes de lanzarse al vacío. Quedó parapléjica, con una discapacidad que pasó del 67% al 74%. Antes de autorizar la eutanasia, el Estado no le ofreció ningún tratamiento psicológico o psiquiátrico, pese a que la ley no exige haber intentado curar. El hospital, además, presionó para acelerar el procedimiento porque sus órganos estaban comprometidos para trasplantes. Hoy 26 de marzo, a las seis de la tarde, se le aplica la muerte asistida. Termina con una pregunta que el gobierno no responde: por qué no se hizo nada para que ella quisiera vivir.
