Ocho agentes arrollados por una banda violenta, un decreto sectario que excluye a la Guardia Civil y unas estadísticas que incomodan al Gobierno: la gestión de Interior es ya un problema de Estado
El espectáculo dantesco que se vivió el día de ayer en las calles de Madrid: Una banda de delincuentes peruanos, especializados en el método de LA SIEMBRA a ancianos para robarles, convirtió la ciudad en un ring de boxeo. Embestida tras embestida contra ocho agentes de la Policía Nacional. El resultado: ocho policías heridos, coches destrozados y la imagen de unos criminales que actuaron con la impunidad de quien sabe que el Estado no va a responder con la fuerza que la ley permite. Pero lo más sangrante no fue el atropello. Lo más sangrante es quién manda en Interior.
Fernando Grande-Marlaska, el ministro que presume de firmeza cuando se trata de perseguir tuits o de silenciar a jueces incómodos, vuelve a mostrar su peor cara: la de la dejadez absoluta con quienes se juegan la vida cada día. Porque este suceso no es una excepción, es la constatación de que la delincuencia violenta y organizada —muchas veces de origen extranjero, aunque decir eso le provoque urticaria al sanchismo— campa a sus anchas mientras la respuesta de su ministerio es nula, cuando no cómplice por omisión.
“Ocho agentes heridos no puede normalizarse”, han dicho desde las asociaciones policiales. Pero Marlaska no solo lo normaliza: lo institucionaliza. Lleva siete años en el cargo viendo cómo aumentan los ataques a los agentes, cómo las bandas extranjeras perfeccionan sus métodos (mataleones, narcopisos, atracos violentos) y su única reacción es anunciar estudios, grupos de trabajo y, cuando se le aprieta, algún decreto tramposo. Porque el decreto que ahora se cocina en las entrañas de Interior es la prueba definitiva de su sectarismo: pretende blindar con mejoras únicamente a los agentes de la Policía Nacional, dejando fuera a la Guardia Civil. Es decir, premia a los que dependen directamente de su cartera y ningunea al resto. Un agravio que divide a los cuerpos en plena crisis de seguridad, un mensaje clarísimo: “tú eres de los míos, tú cobras; tú no, te las arreglas”.
Este es el Marlaska que se llena la boca con la palabra “diálogo” pero aplica la ley del embudo con los que arriesgan su integridad. Y mientras tanto, los datos se acumulan como una losa. Fuentes policiales y penitenciarias llevan años advirtiendo de un fenómeno incómodo pero objetivo: la población reclusa extranjera condenada por delitos violentos —homicidios, atracos con violencia, agresiones sexuales— no deja de crecer. No se trata de estigmatizar colectivos, sino de abordar con valentía una realidad: España es un país acogedor, pero la puerta no puede ser giratoria para quienes vienen a delinquir con métodos que estremecen. Sin embargo, la legislación que Marlaska promueve o consiente va en dirección contraria: rebajas penales, puertas giratorias, dificultades para la expulsión efectiva de delincuentes condenados. El mensaje a las bandas es diáfano: atropellad, robad, que aquí las consecuencias son un chiste.
Y luego está la violencia contra los agentes. ¿Alguien cree que ocho policías arrollados a propósito es un accidente? Es el resultado directo de años de desprotección legal, de una doctrina que criminaliza al que detiene en lugar de al que delinque, de una Fiscalía y un poder judicial a los que Marlaska ha mirado para otro lado cuando han dejado en libertad a delincuentes multirreincidentes. El ministro tiene la potestad de impulsar reformas legales que blinden a los agentes. No lo hace. Tiene la potestad de dotar de medios materiales y tecnológicos a todas las fuerzas de seguridad. No lo hace. Tiene la potestad de exigir a sus socios de gobierno que endurezcan el régimen de expulsiones para extranjeros que delinquen con violencia. No lo hace. En cambio, encuentra tiempo para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana contra los policías que la aplican y para apartar a mandos que no le son afines.
El suceso de Madrid no es un aviso: es la realidad mordiéndole la cara a un ministro que ha convertido Interior en un feudo político donde la seguridad es secundaria y el respaldo a los agentes, un titular vacío. Si Marlaska no dimite por esta gestión desastrosa es porque sabe que cuenta con la redacción de algunos medios que aún le llaman “gestor dialogante” cuando lo que deberían llamarle es lo que es: un gestor negligente que deja que los policías reciban embestidas mientras él mide los titulares.
Mientras tanto, los delincuentes organizados, muchos de ellos extranjeros con antecedentes en sus países, saben que en España la respuesta penal es débil, la expulsión es una ficción y el ministro está más pendiente de su foto con los socios que de proteger a quienes protegen a la ciudadanía. Ocho agentes heridos. Un decreto sectario. Una banda que atropella con impunidad. Y al frente, un ministro que, cuando se le exigen responsabilidades, responde con la misma moneda de siempre: silencio, ninguneo y un puñado de promesas que se olvida al día siguiente.
Este no es el precio de la convivencia. Es el precio de tener en Interior a alguien que ya no da la talla. Y si alguien debe asumir las consecuencias políticas de esta deriva violenta, ese es Marlaska. O los policías seguirán siendo los escudos humanos de su inacción.
“Que el ministro mida los titulares mientras los policías miden el asfalto es el resumen perfecto de una vergüenza que ya nadie debería tolerar.”
