El acto de fe de Peremato: Esto es maravilloso, no miren las excarcelaciones (O Cómo la Fiscalía General vende humo mientras los agresores sexuales vuelven al barrio)
Con una sonrisa de manual y la solemnidad de quien recibe un premio póstumo, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, suelta la perlita en una mesa redonda: la ley del ‘solo sí es sí’, esa que ha vaciado las cárceles de agresores sexuales como quien hace limpieza de primavera, es nada menos que «un referente a nivel internacional» .
Lo dice sin pestañear. Lo dice mientras los tribunales españoles llevan meses aplicando el principio de retroactividad penal (ese que se estudia en primer curso de Derecho) y liberando a violadores gracias a las rebajas de condena que la propia ley introdujo. Pero no, según Peramato, el problema no es la pésima técnica legislativa que generó un agujero legal por el que se cuelan los depredadores. El problema es que «el grueso» de la norma quedó «opacado» por esas molestas reducciones de pena.
O sea: si dejamos de mirar los cadáveres, el paisaje es precioso.
Los números que avergüenzan (y que Peramato prefiere no ver)
Porque los cadáveres, en este caso, tienen nombre y apellido: son datos del Consejo General del Poder Judicial. Y son tozudos.
Hasta noviembre de 2023, 1.233 agresores sexuales vieron rebajadas sus condenas y 126 salieron directamente a la calle antes de lo previsto. Pero esto es solo la punta del iceberg, porque la estadística oficial no incluye las revisiones tramitadas por los Juzgados de lo Penal, competentes para delitos con penas de hasta cinco años. Es decir, la cifra real es presumiblemente más alta. Pero ¿para qué complicarse con decimales cuando se puede hablar de «referentes internacionales»?
El desglose regional convierte España en un tablero macabro:
- Madrid: 130 reducciones, 19 excarcelaciones.
- Barcelona: 67 rebajas.
- Valencia: 57.
- Alicante: 55.
La libertad de los depredadores sexuales se decide por comunidades autónomas, como quien compara el paro o las listas de espera sanitarias. Hasta el Tribunal Supremo, ese órgano que algunos imaginan como baluarte de la rectitud jurídica, ha acordado 32 reducciones, el 20,3% de las revisiones que ha afrontado. Todos a una, como en Fuenteovejuna, pero a la inversa.
El principio de retroactividad: El Caballo de Troya que nadie quiso ver
Y aquí viene lo más grotesco: todo esto era previsible. Cualquier estudiante de primero de Derecho sabe que el artículo 2.2 del Código Penal establece la retroactividad de las leyes penales favorables al reo. Es uno de esos principios básicos que se explican en las primeras semanas de carrera, junto a la diferencia entre dolo y culpa.
Pero llega Irene Montero, con su séquito de asesores ideológicos, y diseña una ley que reduce las horquillas penales sin prever que cientos de violadores iban a reclamar la aplicación de la norma más beneficiosa. Y cuando los jueces —esos «machistas estructurales» que aplican la ley en lugar de consignas políticas— empezaron a liberar presos, la respuesta no fue la autocrítica, sino la acusación: los jueces aplicaban mal la ley, había que recurrir, había que presionar.
Peramato lo dijo con toda la pompa: la ley «centra la respuesta en poner el foco en la ausencia del consentimiento». Muy bonito. Pero mientras el foco se ponía en el consentimiento, el foco se lo llevaban por delante los violadores que salían por la puerta de atrás.
La fiscalía y su dependencia: El gobierno manda, la fiscalía obedece
Ahora abordemos la pregunta incómoda: ¿De quién depende la Fiscalía General del Estado?
El artículo 124 de la Constitución establece que el Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno. Formalmente, se exige oír al Consejo General del Poder Judicial y pasar un filtro parlamentario, pero en la práctica, quien manda es el Ejecutivo. Y el mandato del Fiscal General coincide con el del Gobierno que lo propuso.
El propio Pedro Sánchez, en un debate televisado, dejó caer la perla sin querer (o queriendo): preguntado sobre cómo iba a traer a Puigdemont, respondió con otra pregunta: «¿La Fiscalía de quién depende?» Y él mismo se respondió: «Del Gobierno». Luego vino el matiz, la corrección, el «no quise decir eso». Pero la frase quedó ahí, flotando como un cadáver en el armario de la separación de poderes.
El Caso García Ortiz: Cuando el Acusador es el Acusado
Si esto fuera poco, la situación alcanza cotas de esperpento con la figura de Álvaro García Ortiz, el anterior Fiscal General, imputado por el Tribunal Supremo en una causa penal. La Sala Segunda del TS abrió investigación sobre su actuación en el caso de los correos filtrados sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Y aquí viene lo bueno: si la Fiscalía tiene que actuar contra él, ¿quién lo hace? Sus subordinados jerárquicos. Un disparate digno de Kafka.
Desde la Fundación Hay Derecho lo expresaban con claridad: «Sin acusación popular ni acusación particular, el fiscal del TS que tenga que emitir, en su caso, el escrito de acusación resulta que depende jerárquicamente del acusado. Surrealista».
Y así, con esta Fiscalía que hace equilibrios entre la lealtad gubernamental y la supervivencia procesal de su jefe, sale Teresa Peramato a decir que España es un «referente internacional». Desde luego, referente en originalidad jurídica: un país donde el acusador público está imputado y donde los violadores se benefician de las leyes feministas.
El referente europeo y el espejo francés
Peramato, en su intervención, citó el caso de Francia. Dijo que, tras el caso Gisèle Pelicot, los franceses se plantean reformar su código penal para incluir el consentimiento en la definición de violación. Y concluyó: «En definitiva, yo creo que España es un referente».
Pero la fiscal general omitió un pequeño detalle: los franceses, al ver nuestro modelo, corren a reformar el suyo para NO cometer nuestros errores. No es que nos copien; es que nos miran con el horror de quien observa un accidente en cadena y piensa: «Dios mío, que no nos pase a nosotros».
Francia estudia incluir el consentimiento, sí, pero sin cargarse las penas, sin crear agujeros legales por los que se cuelen los agresores. Lo que Peramato vende como «influencia internacional» es, en realidad, la lección aprendida de nuestro desastre: «No hagáis lo que hicieron los españoles».
La paradoja de Peramato: Antes y ahora
Hay un detalle que la fiscal general probablemente prefiere olvidar. Meses después de la aprobación de la ley, cuando aún ejercía como fiscal de sala de Violencia contra la Mujer, la propia Peramato reconoció que «el grueso» de la norma había quedado «totalmente opacado» por las reducciones de pena y las excarcelaciones.
Es decir, Peramato sabía que había un problema. Lo dijo. Lo admitió. Pero ahora, desde la butaca de Fiscal General del Estado, ha decidido que lo mejor es enterrar los cadáveres bajo una losa de retórica grandilocuente. Lo que antes era un «problema de opacidad mediática», ahora se convierte en un «referente internacional» que hay que defender a capa y espada.
La metamorfosis es digna de estudio: de la crítica velada al panegírico institucional. Lo que cambió no fue la ley, sino su puesto. Y cuando el puesto depende del Gobierno, la independencia de criterio suele ser la primera víctima.
La oposición y la hipocresía cruzada
Para ser justos, la crítica también debe alcanzar a la oposición. El PP, que ahora clama contra la ley del ‘solo sí es sí’ y habla de «depredadores sexuales excarcelados», olvida mencionar que ellos también han tenido fiscales generales afines cuando gobernaban. La asociación de fiscales progresistas baila con el PSOE; la asociación conservadora, con el PP. Es el eterno retorno de lo mismo: una Fiscalía que, en lugar de ser un órgano técnico e imparcial, se convierte en un botín más del reparto partidista.
Pero el PP, en lugar de exigir una reforma estructural que desvincule el mandato del Fiscal General del Gobierno, se limita a rasgarse las vestiduras cuando el inquilino de La Moncloa es Sánchez. Y cuando gobiernen ellos, volverán a nombrar a un fiscal general de su cuerda, y el ciclo continuará.
El GRECO (Grupo de Estados Europeos contra la Corrupción) lleva años advirtiendo: hay que desvincular el mandato del Fiscal General del Gobierno. Pero aquí nadie quiere oírlo. Porque la independencia fiscal molesta cuando hay que controlar los aparatos del Estado.
El papel de las víctimas: Las grandes olvidadas
En todo este carnaval de rebajas, referentes internacionales y equilibrios institucionales, hay un colectivo que brilla por su ausencia en los discursos de Peramato: las víctimas.
Mientras la fiscal general ensalza las bondades de la ley y defiende que el consentimiento afirmativo es «el núcleo de la libertad sexual», las mujeres que sufrieron agresiones ven cómo sus agresores, aquellos que las violaron, salen de la cárcel antes de lo que dictaba la sentencia. Y no entienden nada. Porque nadie les ha explicado que la retroactividad penal es un principio sagrado, más sagrado incluso que su propia seguridad.
La Fundación Hay Derecho lo denunció con claridad: «Las víctimas no entienden cómo el violador que las atacó está otra vez en la calle mientras los políticos discuten sobre si la ley es buena o mala».
Esa es la gran paradoja de este «referente internacional»: se diseña una ley para proteger a las mujeres, y terminan protegiendo a los violadores. Se crea una Fiscalía dependiente del Gobierno para garantizar la acción de la justicia, y termina maquillando los desastres legislativos de su mentor.
El referente que nadie quiso copiar
Así que, señora Peramato, sí: quizá España sea un referente. Pero no por las razones que usted esgrime.
- Somos referente en cómo una ley con buena intención puede redactarse técnicamente mal.
- Somos referente en cómo un Gobierno puede mirar hacia otro lado mientras su socio menor incendia el Código Penal.
- Somos referente en cómo una Fiscalía, que debería velar por la legalidad, se dedica a hacer campaña de imagen mientras los violadores vuelven al barrio.
- Somos referente en cómo una fiscal general puede mirar a cámara, con los datos de 1.233 rebajas sobre la mesa, y decir que «el consentimiento afirmativo es el núcleo de la libertad sexual» sin que le tiemble la voz.
- Somos referente en cómo el principio de retroactividad penal, diseñado para garantizar la justicia, se convierte en un coladero para depredadores por pura ineptitud legislativa.
- Y somos, sobre todo, referente en cómo un país puede presumir de ser pionero en derechos cuando, en realidad, es pionero en despropósitos.
La próxima vez que alguien pregunte por qué la justicia española genera desconfianza, habrá que recordarle esta escena: una fiscal general defendiendo un «referente internacional» que ha puesto en la calle a más de un centenar de agresores sexuales, mientras su jefe (el del Gobierno) decide quién manda en la Fiscalía y el fiscal general anterior está imputado por el Supremo.
Un referente, sí. Pero de esos que uno prefiere no tener en el currículum.
POSTDATA: Mientras usted lee esto, en algún juzgado de España, un violador está celebrando que la ley del ‘solo sí es sí’ le ha regalado once meses de libertad. Y en la sede de la Fiscalía General, alguien prepara una nota de prensa para explicar que, en realidad, esto es un éxito del feminismo y que España sigue siendo un faro para el mundo.
Faros, los justos. Porque con estos faros, más de uno va a estrellarse contra las rocas.
Fuentes: Declaraciones de Teresa Peramato, datos del CGPJ (1.233 rebajas, 126 excarcelaciones), artículos de Newtral, El Independiente, Fundación Hay Derecho, análisis del principio de retroactividad penal, caso García Ortiz ante el Tribunal Supremo, advertencias del GRECO sobre independencia fiscal.
