El empresario en la sombra del ‘caso Koldo’ cuya detención conecta tramas de corrupción.
La captura del operador clave
La reciente detención del empresario Joseba Antxon Alonso Egurrola por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no es un hecho aislado, sino el desenlace de una investigación que conecta múltiples hilos de presunta corrupción institucional. Alonso, dueño y administrador único de Servinabar 2000, había comparecido previamente en el Senado durante la investigación del «caso Koldo», donde admitió su amistad personal con Santos Cerdán pero insistió en desvincular esa relación de sus negocios.
Su arresto el 11 de diciembre de 2025, junto al de la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, revela una trama más compleja y extendida de lo que inicialmente sugerían las pesquisas.
La metamorfosis empresarial: de servicios a contratos millonarios
Antxon Alonso, natural de Elgóibar (Guipúzcoa), mantenía un perfil discreto hasta que su empresa Servinabar 2000 emergió como pieza fundamental en la investigación judicial. Fundada en 2015, la compañía inició su actividad dedicada a «servicios administrativos, lectura de contadores y organización de eventos». Sin embargo, en febrero de 2020 se transformó en constructora, cambiando radicalmente su objeto social hacia obras públicas.
La siguiente tabla muestra la evolución de sus principales adjudicaciones en Navarra, todas en Unión Temporal de Empresas (UTE) con la constructora Acciona:
La rápida transformación de una empresa de servicios en receptora de adjudicaciones millonarias sin experiencia previa en el sector construcción resulta especialmente llamativa. Como señalan investigadores, «¿para qué necesita una grande como Acciona asociarse en contratos con sociedades sin experiencia o medios?».
Las conexiones políticas: del reconocimiento público a las transacciones privadas
La relación entre Alonso y Santos Cerdán se remonta a antes de 2015, cuando ambos coincidieron en proyectos urbanísticos en Navarra. Según confirman fuentes socialistas a diversos medios, existía una amistad íntima entre ambos. Sin embargo, la UCO ha documentado conexiones que van más allá de lo personal:
- Documento de participación societaria: En un registro del domicilio de Alonso en Elorrio (Vizcaya), la Guardia Civil encontró un contrato privado fechado el 1 de junio de 2016 por el que Alonso vendía 1.350 participaciones de Servinabar (45% del capital) a Cerdán por 6.000 euros.
- Gestión de pagos: La investigación sostiene que Cerdán tenía «cierta capacidad de decisión sobre Noran y Servinabar para la ejecución de pagos», incluyendo el suministro de servicios y bienes a cargo de las sociedades.
- Pago de alquiler: En septiembre de 2017, cuando Cerdán se mudó a Madrid tras ser nombrado secretario de Coordinación Territorial, Alonso pagó a través de Servinabar los 900 euros mensuales del alquiler de un apartamento en la calle Fernández de los Ríos.
- Transacciones en efectivo: En grabaciones de Koldo García, este aseguraba que Cerdán recibía «billetes de 500 que le daba el de Guipúzcoa» (refiriéndose a Alonso).
La investigación también documenta que Alonso hacía ingresos recurrentes de 4.500 euros a la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), vinculada al exministro José Luis Ábalos.
La doble trama: conexiones con la investigación paralela
La detención de Alonso no ocurre de forma aislada sino como parte de una operación más amplia que incluye 19 registros en múltiples provincias. Estas diligencias conectan al menos dos líneas de investigación aparentemente separadas:
- La trama de Servinabar y el caso Koldo: Centrada en presuntas comisiones por contratos públicos en Navarra.
- La red de Leire Díez y Vicente Fernández: Investigada por presuntas irregularidades en contrataciones públicas desde puestos en la SEPI y empresas dependientes.
El nexo entre ambas parece ser precisamente Alonso y su empresa Servinabar, ya que Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, trabajó como asesor externo de Servinabar entre 2021 y 2023, percibiendo más de 100.000 euros en sueldo bruto.
Crítica institucional: cuando la amistad erosiona la imparcialidad
La comparecencia de Alonso en el Senado, donde reconoció su amistad con Cerdán pero negó que influyera en los negocios, contrasta con los hallazgos documentales de la UCO. Esta contradicción apunta a un problema estructural más profundo: la difusa frontera entre relaciones personales e intereses económicos en la adjudicación de contratos públicos.
La investigación judicial sugiere que Servinabar actuó como puente entre intereses políticos y empresariales, facilitando adjudicaciones a cambio de presuntas contraprestaciones. Los investigadores señalan que el «único valor añadido» de empresas como Servinabar en estas UTE era precisamente su relación con la trama.
El entramado societario: una red compleja de empresas
Más allá de Servinabar, Alonso ha figurado como administrador o socio de hasta una decena de sociedades dedicadas a sectores diversos: inmobiliario (Marbella Real Estate 190 SL), energético (Next Generation Caliope Innova SL), minero (Grupo Mining Team SL) e incluso una pastelería (Mercedenda SL). Esta red societaria, con empresas de escasa actividad pública, dificulta el seguimiento financiero de las operaciones.
Conclusión: Detención reveladora, preguntas persistentes
La detención de Antxon Alonso representa un punto de inflexión en la investigación de las presuntas tramas de corrupción que afectan a instituciones y partidos políticos. Su perfil como empresario discreto y aparentemente ajeno a la política choca con la centralidad que adquiere en la trama investigada.
Quedan por responder preguntas cruciales: ¿Cómo pudo una empresa sin experiencia en construcción acceder a contratos millonarios con administraciones públicas? ¿Qué papel exacto desempeñaban las relaciones personales en estas adjudicaciones? ¿Cómo se articulaba la conexión entre las distintas ramas de la trama?
Las próximas comparecencias judiciales de Alonso, Díez y Fernández ante la Audiencia Nacional el sábado 14 de diciembre podrían arrojar luz sobre estas cuestiones, pero lo que ya es evidente es que el discurso de separación entre amistad y negocios se desvanece ante la documentación acumulada por las investigaciones judiciales.
