La doble moral de la «verdad»: cómo el fiscal arrastro la toga por el barro
En un giro judicial digno del mejor teatro del absurdo, el Tribunal Supremo ha dibujado un retrato magistral de Álvaro García Ortiz como un funcionario que defendía la verdad desde la ilegalidad. La sentencia que le condena por revelación de datos reservados -por la filtración de un correo y por la autorización de una nota de prensa- establece que el máximo responsable de velar por la legalidad consideró que responder a un «bulo» justificaba cometer un delito.
El núcleo del fallo, respaldado por cinco de los siete magistrados, es simple en su contundencia: el fiscal general «o su entorno» filtraron el correo del abogado de Alberto González Amador (pareja de Isabel Díaz Ayuso) en el que este reconocía dos delitos fiscales, y posteriormente autorizó una nota de prensa que «consolidaba» y «oficializaba» esa filtración.
La «defensa de la verdad» como coartada institucional
La estrategia de García Ortiz durante el juicio fue un monumento a la ambigüedad calculada. Declaró sin toga, sentado en el lugar reservado para acusados, pero manteniendo un discurso institucional: «La verdad no se filtra, la verdad se defiende». Una frase que habría sonado sublime de no ser porque, según el Supremo, la estaba defendiendo mediante la comisión de un delito.
Su explicación sobre la polémica nota de prensa fue especialmente reveladora: comenzó a redactarse cuando El Mundo publicó su primera noticia sobre el segundo correo. «La única idea era poner en valor el trabajo de la Fiscalía». Sin embargo, al ver que otros medios como la Cadena SER ya habían publicado extractos, consideró que «quedaba un poco coja la nota si no los mencionábamos».
El tribunal desmontó esta lógica con una contundencia ejemplar, recordando que el deber de reserva de una autoridad no desaparece porque cierta información ya sea conocida. Usó una analogía demoledora: el que los vecinos sepan que alguien padece una enfermedad de transmisión sexual no exime de responsabilidad al médico que, con acceso privilegiado a la historia clínica, confirma oficialmente esa información.
La «coincidencia llamativa» que terminó por hundir su credibilidad
Uno de los elementos más reveladores de la sentencia es la valoración del borrado de su teléfono el día después de que el Supremo abriera causa penal contra él. Los magistrados consideraron «llamativa» la coincidencia temporal y señalaron que eliminó registros que «podrían haber aclarado el recorrido del correo».
La sala fue categórica: no existe disposición alguna que obligue al fiscal general a dejar en blanco sus dispositivos, y esa «voluntaria y consciente eliminación» integral de datos solo puede entenderse como «una genuina estrategia de defensa» con valor incriminatorio.
Curiosamente, en el juicio, García Ortiz había asegurado que «no cojo llamadas desde que soy fiscal general del Estado porque me volvería loco». Una afirmación que contrasta sospechosamente con la meticulosidad demostrada al borrar su dispositivo cuando empezaron los problemas judiciales.
El silencio estratégico y la deslealtad como argumento
Durante su declaración, el fiscal general se negó a responder a las acusaciones, especialmente a las de González Amador, a quien acusó de «deslealtad procesal». Prefirió una declaración «estratégicamente unilateral, sustraída al elemental principio de contradicción que informa el proceso penal».
El Supremo no apreció esta táctica, y consideró que el fiscal general debía tener un «reforzado deber de reserva» que quebrantó sin justificación. La sentencia subraya además que «informar a la opinión pública no es terciar en polémicas mediáticas asumiendo el sacrificio de los derechos» de quienes negocian acuerdos de conformidad.
Las reacciones: del «franquismo vive» al «abuso de poder»
El fallo ha desatado la habitual batalla política que acompaña cualquier decisión judicial de relevancia en España:
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El gobierno de Pedro Sánchez mantuvo hasta el final su apoyo a García Ortiz, afirmando «creer en su inocencia» aunque respetando el fallo.
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La oposición, liderada por Alberto Núñez Feijóo, exigió la dimisión de Sánchez, acusándolo de «abuso de poder» y señalando que el fiscal «se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo».
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Algunos socios de gobierno reaccionaron con extrema dureza: desde Compromís, Alberto Ibáñez tuiteó «20 noviembre de 2025, el franquismo vive», mientras que el portavoz socialista Patxi López calificó el fallo de «auténtica vergüenza».
La sentencia, con sus 233 folios de argumentación, deja claro que la justicia no siempre se mueve en el terreno de lo evidente, sino en el de lo demostrable a través de indicios consistentes. García Ortiz, que ahora deberá hacer frente a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador, se convierte en el primer fiscal general del Estado condenado en la historia democrática española.
La ironía final la proporciona el propio fallo: mientras condena al fiscal, el tribunal destaca «el exquisito respeto del tribunal por el secreto profesional de los periodistas», esos mismos periodistas cuyas fuentes oficiales ahora han sido judicialmente señaladas. En el teatro del absurdo judicial español, hasta los papeles de víctima y verdugo terminan intercambiándose.
