Solidaridad entre procesados

Nov 23, 2025

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Garzón y Delgado acuden a la llamada del condenado García Ortiz

En un acto de solidaridad entre figuras judiciales y fiscales señaladas por los tribunales, el exjuez Baltasar Garzón y la exfiscal general Dolores Delgado se concentraron este domingo ante el Tribunal Supremo para mostrar su apoyo a Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado recién condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.

La imagen de Garzón, quien en 2012 fue condenado precisamente por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación en el caso Gürtel, defendiendo la «justicia clara y justa» para otro condenado, no pasó desapercibida y ha avivado la crítica política.

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La noticia: una concentración de apoyo

La concentración, convocada de manera espontánea a través de WhatsApp y redes sociales, reunió a unas decenas de personas en los jardines de la Plaza de la Villa de París, frente al Supremo. Entre los asistentes, Garzón y su pareja, Delgado, fueron los rostros más destacados.

Garzón declaró a los medios que se trataba de una «manifestación solidaria» y afirmó que la gente está «indignada porque quieren una justicia que sea clara, justa y compresible y en este caso no lo es». Entre los concentrados se escucharon gritos de «¡vergüenza, vergüenza!» y «¡Es inocente, es inocente!».

Este apoyo se produce el mismo día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunciaba por primera vez sobre el asunto, defendiendo públicamente y «tajante» la inocencia de García Ortiz.

El trasfondo: las condenas y los varapalos judiciales

La presencia de Garzón y Delgado junto a García Ortiz no es un mero acto de compañerismo profesional. Los tres comparten el haber sido reprendidos por la justicia, en particular por el Tribunal Supremo:

  • Baltasar Garzón: Condenado en 2012 por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por prevaricación, al ordenar de manera indiscriminada las escuchas entre los internos de la trama Gürtel y sus abogados.

  • Dolores Delgado: Su nombramiento como fiscal de Sala de Memoria Democrática fue anulado por el Supremo, que ordenó repetir el proceso porque García Ortiz, entonces fiscal general, incurrió en una «desviación de poder» al hurtar al Consejo Fiscal la posibilidad de pronunciarse sobre un «conflicto de intereses» de Delgado por ser pareja de Garzón.

  • Álvaro García Ortiz: Recién condenado por el Supremo a 2 años de inhabilitación para su cargo por revelar secretos relacionados con el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.

La reacción política y social: un país dividido

La condena a García Ortiz y las muestras de apoyo han polarizado aún más el clima político y social:

  • El Gobierno y la izquierda: El presidente Sánchez y miembros de su Ejecutivo han mostrado su «indignación» y discrepancia con la sentencia, defendiendo la inocencia del fiscal. Formaciones como Podemos o ERC han hablado de «golpismo judicial» y de un mensaje claro de que «Ayuso no se toca».

  • La oposición y la derecha: El Partido Popular ha cargado duramente contra el Gobierno, pidiendo incluso la dimisión de Pedro Sánchez por «abuso de poder». Para el PP, la condena confirma «que quien debía perseguir el delito, lo cometió».

Conclusión crítica

El espectáculo ofrecido por Garzón, Delgado y García Ortiz es más que una anécdota: es el síntoma de una fractura institucional profunda. La presencia de un exjuez condenado por prevaricación arengando contra una sentencia del máximo tribunal, respaldado por una exfiscal cuyo ascenso fue anulado por irregularidades, y apoyando a un fiscal general condenado, dibuja un panorama en el que las líneas entre la lealtad, el corporativismo y el cuestionamiento a la justicia se difuminan peligrosamente.

Lejos de ser una mera defensa de la «justicia clara y justa», esta alianza de los reprendidos por el Supremo proyecta la imagen de un sector del establishment jurídico-político que, cuando las sentencias les son adversas, opta por plantar batalla en la plaza pública en lugar de acatar la legitimidad de los tribunales. Un ciclo de desconfianza y confrontación que, lejos de apaciguarse, parece intensificarse.


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