La izquierda y su singular defensa de la justicia
En un ejercicio de congruencia política, la izquierda radical ha decidido que la independencia judicial es un valor fundamental… pero solo cuando les da la razón.
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa por un delito de revelación de secretos relacionados con el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso . La sentencia, histórica por ser la primera vez que un fiscal general es condenado en España , ha desatado un coro de críticas desde el espectro político progresista que, con una creatividad lingüística digna de mejor causa, ha convertido los pasillos de la justicia en un campo de batalla ideológica.
El Supremo condena al fiscal general a 2 años de inhabilitación por filtrar el correo contra Ayuso
Un diccionario para ocasión: neolengua política y realidades jurídicas
La izquierda ha aprovechado la sentencia para enriquecer el vocabulario político con originales construcciones retóricas que demuestran una notable flexibilidad conceptual según convenga a sus intereses.
- «Golpismo judicial»: Así define Ione Belarra, secretaria general de Podemos, una sentencia dictada por el Tribunal Supremo tras un proceso con todas las garantías. La metáfora castrense, grandilocuente y vacía de contenido jurídico, pretende equiparar un fallo judicial con la subversión del orden constitucional.
- «Militantes con toga»: La ministra Sira Rego alerta sobre estos supuestos jueces ideologizados, curiosamente los mismos que absolvieron al fiscal general de otros delitos más graves y entre los cuales hay dos magistradas progresistas que emitieron votos particulares contra la condena.
- «Franco pervive»: Gerardo Pisarello, de Sumar, encuentra continuidades del régimen de Franco en una sentencia que protege los derechos de un ciudadano frente al poder. La comparación, además de trivializar la represión dictatorial, ignora que el Supremo actuó precisamente como contrapoder ante posibles abusos.
- «Golpe judicial»: Jéssica Albiach denuncia que la derecha quiere «ganar en los tribunales lo que no han logrado en las urnas», en un curioso razonamiento que parece sugerir que los ganadores de elecciones deberían tener inmunidad judicial.
- “Derribo del Gobierno”: Yolanda Díaz acusa a parte de la judicatura de querer derribar al Gobierno progresista.
La realidad incómoda: lo que la retórica oculta
Mientras la coalición gubernamental construye este relato victimista, existen varios detalles que sistemáticamente omiten:
- El Supremo no fue unánime: Dos magistradas de perfil progresista, Susana Polo y Ana Ferrer, se opusieron a la condena y anunciaron votos particulares, demostrando que fue una decisión deliberativa, no una cacería ideológica.
- Condena por la filtración, no por perseguir corrupción: García Ortiz fue condenado específicamente por revelar secretos profesionales, no por investigar posibles delitos. El Tribunal protegió las garantías procesales, no la impunidad.
- Ningún sistema es perfecto, pero este funcionó: Hasta el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid reconoció que la sentencia «evidencia que la ley se aplica a todos por igual», un principio que debería celebrarse, no lamentarse.
Conclusión: La justicia como instrumento, no como valor
El verdadero escándalo que revela esta reacción no es judicial, sino político. Para una parte de la izquierda, la independencia judicial parece importante solamente cuando favorece sus posiciones. Cuando no es así, se convierte en «lawfare», «golpismo» o «franquismo».
La ironía final es palpable: los mismos que hoy descalifican al Tribunal Supremo son los que mañana exigirán acatar obedientemente aquellos fallos que les beneficien. La justicia, al parecer, siempre es política para quien ve en la toga no un símbolo de imparcialidad, sino una camisa de fuerza ideológica que debe vestir colores partidistas.
