El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Córdoba, el peor accidente ferroviario en España en más de una década, deja al menos 39 fallecidos y decenas de heridos graves, mientras surgen preguntas sobre advertencias previas desoídas.
La noche más larga: Una tragedia sin precedentes
Un silencio espeso, roto solo por el murmullo de los servicios de emergencia y el movimiento de camiones de bomberos, cubre este lunes la localidad cordobesa de Adamuz. La normalidad se quebró el domingo a las 19:45 horas, cuando un tren de la compañía Iryo, con unas 300 personas a bordo y con destino a Madrid desde Málaga, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua. En ese mismo instante, circulaba por ella otro convoy, un Alvia con 184 pasajeros con destino Huelva, con el que impactó violentamente.
El balance provisional es desolador: al menos 39 personas han perdido la vida, una cifra que las autoridades temen que pueda aumentar, ya que los servicios de emergencia aún realizan batidas para buscar posibles víctimas bajo los vagones. «El impacto fue brutal», relatan los equipos de rescate. La fuerza del choque lanzó vagones a cientos de metros y provocó que algunos cayeran por un terraplén, dificultando enormemente las labores de auxilio. «Hemos tenido que sacar a un muerto para poder llegar a alguien con vida. Es un trabajo duro y delicado», declaró el jefe de bomberos de Córdoba, Francisco Carmona.
El número de heridos asciende a 122, de los cuales 48 permanecen ingresados y 12 se encuentran en estado crítico en la UCI (11 adultos y un menor). El sistema sanitario andaluz se ha volcado, con pacientes distribuidos en hospitales de Córdoba, como el Reina Sofía, y otros centros de la comunidad. Las autoridades han habilitado teléfonos de atención para familiares y han abierto oficinas de la Guardia Civil en Córdoba, Huelva, Málaga y Madrid para facilitar la identificación de las víctimas.
Respuesta institucional y una investigación en marcha
La magnitud de la tragedia ha conmocionado al país y ha movilizado a todas las instituciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, canceló su agenda, incluida su asistencia al Foro de Davos, y viajó a primera hora de este lunes a la zona del accidente. Los Reyes, Felipe VI y Letizia, que se encuentran en Atenas, han trasladado su «más sentido pésame» y han anunciado que regresarán lo antes posible para visitar Adamuz este martes. El Congreso de los Diputados guardó un minuto de silencio y el Ayuntamiento de Adamuz decretó luto oficial.
En el centro de las preguntas está la causa del siniestro. El ministro de Transportes, Óscar Puente, presente en Córdoba, calificó el accidente de «tremendamente extraño», argumentando que ocurrió en una recta, que el tren de Iryo es «relativamente nuevo» y que la vía donde se produjo el choque está «completamente renovada». El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, descartó inicialmente el exceso de velocidad (los trenes circulaban entre 205 y 210 km/h en un tramo limitado a 250 km/h) y un error humano, ya que «el sistema corrige decisiones incorrectas». Sin embargo, apuntó a que la causa podría estar en «alguna cuestión del material móvil de Iryo o de la infraestructura».
Expertos consultados ya han señalado que la investigación deberá centrarse en elementos como las ruedas de los últimos vagones del tren Iryo que descarriló primero, ya que un pequeño defecto a alta velocidad puede tener consecuencias catastróficas. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, un organismo independiente, es la encargada de dirigir la pesquisa.
La sombra de las advertencias ignoradas y la responsabilidad política
Mientras se desarrolla la investigación técnica, una pregunta política y social de enorme calado planea sobre la tragedia: ¿se pudo evitar? Distintas voces, entre ellas las del sindicato del sector, SEMAF, señalan que sí (Carta de SEMAF comunicando el estado general de las vías… Leer →).
Según han denunciado fuentes sindicales en las horas posteriores al accidente, desde hace meses existía una «profunda preocupación» por el estado de determinadas infraestructuras ferroviarias. Esta inquietud se materializó en una carta que el sindicato envió a Pedro M. Lekuona García (Director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria), a David Gomez Rey Romero (Director Corporativo Seguridad en la Circulación de ADIF) y a Francisco Martin Moreno (Subdirector de Circulación AV ADIF), alertando expresamente de los riesgos y el deterioro en partes de la red de alta velocidad. La advertencia, aseguran, no fue atendida con la contundencia necesaria.
Estas acusaciones chocan frontalmente con las primeras declaraciones del ministro, quien insistió en la novedad y buen estado de la infraestructura. Más grave aún, según relatan estas mismas fuentes, las alertas lanzadas por los profesionales del sector fueron despreciadas desde el Ministerio con descalificaciones, tachando a quienes las formulaban de «derecha paleta», un término despectivo que busca minimizar las críticas equiparándolas a un supuesto catastrofismo reaccionario.
Si estas denuncias se confirman, el accidente de Adamuz no sería solo una desgraciada concatenación de fallos técnicos, sino la consecuencia directa de una desidia política y una arrogante incapacidad para escuchar a quienes conocen el sistema desde dentro. La prioridad, en estos momentos, es atender a las víctimas y a sus familias, pero la sociedad española tiene el derecho y la obligación de exigir responsabilidades claras. No basta con lamentar la tragedia; es imperativo depurar quién, desde la comodidad de su despacho, pudo haber decidido ignorar los avisos que, de haber sido escuchados, quizá habrían evitado que 39 personas no volvieran a casa anoche. La verdad técnica debe ir acompañada de la verdad política. España, y sobre todo las familias destrozadas por el dolor, se la merecen.
