La UCO vincula directamente la subvención del Ministerio de Transportes a una obra adjudicada con irregularidades a empresas investigadas por corrupción.
Una financiación del Ministerio de Transportes, firmada por Óscar Puente, respalda el mayor contrato público de Navarra en una década, adjudicado a empresas investigadas por la trama Cerdán.
La concesión de 40 millones de euros en subvención por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por Óscar Puente, para la duplicación de los túneles de Belate en Navarra, ha quedado bajo una intensa lupa judicial y política. La ayuda estatal, aprobada en octubre de 2024, financia una obra de 76 millones adjudicada a una Unión Temporal de Empresas (UTE) donde participa Servinabar 2000, la firma de la que el ya expulsado exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, poseía un 45% no declarado.
Según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, esta subvención se menciona hasta en tres ocasiones, vinculándola a la trama de presunta corrupción que investiga el Tribunal Supremo y en la que están imputados Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. El órgano policial ha incluido esta financiación como una posible línea de investigación para su incorporación al sumario.
Un proceso de adjudicación lleno de irregularidades
La obra, el contrato más abultado de Navarra en los últimos diez años, fue concedida en enero de 2024 por el Gobierno de María Chivite a la UTE formada por Acciona (55%), Excavaciones Fermín Osés (35%) y Servinabar (10%). Sin embargo, el proceso estuvo marcado por graves irregularidades desde su inicio:
- Votos particulares y advertencias internas: Tres de los ocho miembros de la mesa de contratación (el secretario, el interventor y un vocal) emitieron votos particulares advirtiendo de indicios de arbitrariedad. Criticaron que el informe de valoración no justificaba las puntuaciones, no comparaba las ventajas de las ofertas y podía generar «indefensión para los licitadores».
- Procedimiento viciado: La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) determinó en septiembre que la adjudicación era «nula de pleno derecho». Su informe señala que el presidente de la mesa, Jesús Polo, determinó su puntuación conociendo previamente las del resto de miembros, sin celebrar una reunión oficial y solo mediante intercambio de correos.
- Falta de confidencialidad: La UCO ha confirmado «supuestas deficiencias en la custodia y confidencialidad de las ofertas». La documentación técnica se alojó en una unidad de red a la que «habrían podido acceder todos los empleados» del departamento convocante.
- Un «nubarrón» de adjudicación anticipada: Lorenzo Serena, secretario de la mesa y uno de los firmantes de los votos particulares, declaró ante una comisión del Senado que durante el proceso «existía el nubarrón de que [la obra] podía estar dada de antemano».
El papel del Ministerio de Óscar Puente
La subvención de 40 millones fue inicialmente propuesta por la anterior ministra, Raquel Sánchez, en julio de 2023, pero no se materializó entonces. Fue Óscar Puente quien, ya en el cargo, la recuperó y la aprobó por Real Decreto en octubre de 2024, desembolsándose entre ese año y 2026.
La concesión se produjo a pesar de que las dudas sobre el proceso de adjudicación eran públicas y conocidas. En enero de 2024, un diputado de UPN ya había alertado en el Congreso sobre los votos particulares y los «indicios de arbitrariedad». La respuesta del Ministerio entonces fue que la licitación era competencia exclusiva de Navarra.
Además, según una investigación de El Mundo, un informe del propio Ministerio de Transportes se utilizó de manera irregular para subsanar una supuesta falta de solvencia técnica de la UTE adjudicataria. Este informe se incorporó al expediente dos meses después de que cerrara el plazo para presentar documentación, un hecho censurado por la Cámara de Comptos de Navarra.
Las conexiones con la trama Cerdán
La sombra de la investigación del Tribunal Supremo planea sobre todo el proyecto. La UCO ha establecido que Santos Cerdán era propietario encubierto del 45% de Servinabar, la pequeña constructora que actúa como «llave» para que el consorcio accediera a este y otros contratos en Navarra.
La investigación policial sitúa a Servinabar como una de las empresas que habrían pagado presuntas comisiones a la trama. De hecho, en los registros realizados, la Guardia Civil se ha incautado de abundante documentación sobre Servinabar y las obras de Belate tanto en la sede de Acciona como en otros domicilios relacionados.
Ante el escándalo, Acciona ha iniciado los trámites para expulsar a Servinabar de la UTE del túnel de Belate, aunque debe esperar a que la obra supere el 20% de ejecución para hacerlo legalmente.
Declaraciones y consecuencias
Frente a las críticas, el consejero de Cohesión Territorial de Navarra, Óscar Chivite (tío de la presidenta), ha salido al paso afirmando que no comparte las conclusiones de nulidad de la OANA. Chivite defendió que la adjudicación fue «legal y transparente» y que las obras continuarán.
Mientras, la presión política y judicial no cesa. La comisión de investigación del Parlamento de Navarra y la propia oficina anticorrupción foral siguen analizando el caso. La UCO, por su parte, ya ha entregado al Tribunal Supremo los datos que implican a esta subvención y a la adjudicación en la trama más amplia que investiga.
Los 40 millones de Puente se han convertido así en un ejemplo de cómo la financiación pública puede verse salpicada por las sospechas de irregularidades en la contratación, en un caso que conecta al Gobierno de España, al de Navarra y a una de las mayores constructoras del país con la trama de corrupción que ha sacudido los cimientos del PSOE.
