Fe en el fiscal condenado y guía para sucederle

En un alarde de eso que algunos llaman «principio de autoridad» y otros «sumisión a la ley», el presidente Pedro Sánchez ha comparecido para dictar su propia sentencia sobre la sentencia. La justicia humana, ejercida por el Tribunal Supremo, ha cometido un error. Lo ha dicho sin decirlo, con la elegancia retórica de quien prepara el terreno para una batalla mayor.

Una fe inquebrantable, más allá de la prueba judicial

Frente a la contundencia de un fallo judicial, el presidente ha esgrimido un argumento teológico: la fe. «Creo en la inocencia del fiscal general del Estado», ha afirmado con la convicción de un credo. Esta verdad revelada se sostiene, según su testimonio, en el único evangelio que parece contar: el de «periodistas de acreditado prestigio» que declararon en el juicio que el fiscal no era el origen de las filtraciones.

Lo notable no es la discrepancia —derecho fundamental en cualquier democracia—, sino la construcción de una verdad alternativa frente a una resolución judicial. El Supremo ve un delito de revelación de secretos; Sánchez ve una injusticia que «lamenta». Mientras la justicia ordinaria dicta una condena de dos años de inhabilitación para García Ortiz, la justicia política profesa su creencia en la inocencia del condenado. Un ejercicio de dualidad que dejaría perplejos a los estudiosos del derecho constitucional.

La jugada estratégica: acatar hoy, recurrir mañana

En un movimiento de una precisión casi quirúrgica, el presidente ha desplegado la estrategia completa:

• Paso 1: Acatamiento formal. «Respetamos las sentencias del Tribunal Supremo y las acatamos». La necesaria reverencia institucional para no parecer un insurgente.

• Paso 2: Declaración de discrepancia. «Pero podemos manifestar nuestra discrepancia». La puerta abierta a la batalla legal y política.

• Paso 3: Anuncio de la batalla futura. Ha señalado que «hay otras instancias jurisdiccionales» donde se dirimirán aspectos «controvertidos» de la sentencia. Un eufemismo apenas velado para decir: esto no ha terminado, lo llevaremos al Tribunal Constitucional.

Resulta difícil no admirar la coherencia de quien, habiendo defendido la inocencia del fiscal antes de la sentencia, mantiene su posición después de la condena. La lealtad, al parecer, también es un principio jurídico.

El sucesor: en busca de otro ‘jurista de reconocido prestigio’

Con la partida casi perdida para el actual fiscal, el Gobierno ya ha iniciado «los trámites para sustituir al fiscal general del Estado». Sánchez ha sido parco en detalles, pero ha lanzado un mensaje tranquilizador: el próximo será, como García Ortiz, una persona «con una dilatada trayectoria desde el punto de vista jurídico».

La ironía es delgada pero perceptible. García Ortiz fue propuesto para el cargo a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en un hecho sin precedentes, emitió un informe considerándolo «no idóneo». Ahora, el presidente ensalza la «labor muy positiva» del mismo fiscal que el Supremo acaba de inhabilitar. Un currículum, sin duda, peculiar.

El decorado perfecto: la sombra de Marchena y el «control por la puerta de atrás»

Para redondear el discurso, Sánchez no ha olvidado incluir el toque de victimización y el contraataque sutil. Con una precisión que hubiera envidiado un maestro de esgrima, ha lanzado una daga al recordar que él nunca dijo que «iba a controlar la Sala Segunda por la puerta de atrás». Una referencia directa a las polémicas declaraciones de Ignacio Cosidó, del PP, en 2018, sobre el control del Supremo a través del juez Manuel Marchena.

El mensaje es claro: la condena no es solo un error, es parte de una batalla política más amplia. Una batalla en la que, por supuesto, su gobierno es la parte agraviada.

¿Acato, pero no cumplo?

España asiste a un nuevo capítulo de esa saga que podríamos titular «La Justicia y el Poder». Sánchez ha hecho hoy de sumo sacerdote de una verdad que se eleva por encima de los tribunales. Acata la sentencia, pero no la cree justa; inicia el relevo, pero proclama la inocencia del condenado; se somete a la ley, pero anuncia su intención de combatirla en instancias superiores.

Mientras, el ciudadano contempla el espectáculo y se pregunta si en el complejo equilibrio de poderes, alguno habrá decidido que su rol es estar por encima de los demás. La fe mueve montañas, pero habría que ver si también puede tumbar sentencias.