Premio a las víctimas, privilegios a sus verdugos: el insoportable precio de la investidura
El acto de entrega en el día hoy del Premio al Mérito Constitucional a las Víctimas del Terrorismo se celebra en un contexto de profunda contradicción, marcado por las prebendas políticas y el trato de favor otorgado a EH Bildu, cuya dirección histórica se formó en la misma organización que causó tanto sufrimiento. Mientras las víctimas reciben medallas y discursos, quienes defendieron a sus verdugos cosechan cargos, financiación pública y concesiones políticas como moneda de cambio por su apoyo parlamentario al Gobierno de Pedro Sánchez.
Esta dualidad, lejos de ser una percepción, es una realidad cuantificable en millones de euros, escaños y beneficios institucionales. El acto, con las intervenciones de Jaime Mayor Oreja y María San Gil, se convierte así no solo en un homenaje, sino en un espejo crítico de una política que, para sostenerse en el poder, ha aceptado normalizar a quienes nunca han roto con su pasado y mantienen intacto un proyecto soberanista que desafía la Constitución.
1. Las dos caras de la moneda: reconocimiento público versus realpolitik
Este homenaje se enmarca en una tradición institucional que pretende honrar la memoria de las víctimas.
Sin embargo, este compromiso choca frontalmente con la dinámica política actual. Solo unos meses atrás, en un homenaje similar en el Congreso, las principales asociaciones de víctimas como la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) y Dignidad y Justicia decidieron ausentarse en señal de protesta. Su boicot coincidió con la presencia en el acto institucional de representantes de EH Bildu, un partido cuya cúpula no ha condenado el pasado terrorista de forma unívoca. Este gesto de las asociaciones evidencia la profunda herida que supone para las víctimas ver cómo quienes ayer justificaban la violencia hoy ocupan escaños y reciben trato de socios preferentes.
La distancia entre las palabras y los hechos se ensancha cuando se constata que, paralelamente a estos homenajes, el Gobierno negocia y concede beneficios a esta misma formación a cambio de su apoyo en votaciones clave. Esta doble vara de medir —discursos de dignidad para las víctimas, prebendas políticas para quienes las niegan— constituye el núcleo de la crítica más severa.
2. Las prebendas cuantificables: el precio parlamentario de Bildu
El apoyo de EH Bildu al Gobierno de Pedro Sánchez no es gratuito ni retórico. Se traduce en una serie de ventajas materiales, políticas e institucionales perfectamente cuantificables, que han sido otorgadas o negociadas a cambio de su sostén en la legislatura.
Financiación Pública y Recursos Institucionales
Como cualquier partido con representación, EH Bildu recibe financiación pública, un derecho regulado por ley. Sin embargo, el mero acceso a estos fondos, cuando proceden del Estado que la formación históricamente ha cuestionado, ya es significativo. Según datos oficiales:
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Recibe una subvención mensual como grupo parlamentario en el Congreso, compuesta por una parte fija (30.346,72 €/mes) y otra variable por diputado (1.746,16 €/mes/diputado).
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Además, se beneficia de las subvenciones estatales para gastos de funcionamiento que reciben todos los partidos con representación, distribuidas en función de escaños y votos.
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Dispone de un cupo de asistentes pagados por la Cámara. Su grupo de 6 diputados tiene derecho a 7 asistentes, una ratio superior a 1 por parlamentario, igual que la de otros grupos pequeños.
Concesiones Políticas y de Agenda
Más allá del dinero, las verdaderas «prebendas» son de carácter político. El Gobierno ha mostrado una disposición excepcional para atender las demandas históricas de Bildu, algo que los críticos interpretan como pago por su apoyo:
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Apoyo al Deporte Vasco: El presidente Sánchez ha respaldado públicamente la proyección internacional de federaciones deportivas vascas, amparándose en la Ley del Deporte de 2022. Esta ley abre la puerta a que federaciones autonómicas, como la vasca de surf, compitan a nivel internacional cuando exista un «arraigo histórico, cultural y social».
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Reapertura del Debate Soberanista: Recientemente, EH Bildu ha reabierto con fuerza el debate sobre la anexión de Navarra al País Vasco, reclamando un referéndum al amparo de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución. Aunque el Gobierno no se ha pronunciado a favor, la permisividad con la que se permite relanzar este debate histórico, que afecta a la integridad territorial, es vista como otra concesión tácita.
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Apoyo en la Gobernanza: En noviembre de 2025, el respaldo de EH Bildu, junto con el de ERC y el PNV, fue decisivo para que el Gobierno lograra sacar adelante en el Congreso su propuesta de senda de déficit, a pesar del rechazo del PP, Vox y Junts. Este voto no es altruista; consolida a Bildu como un actor indispensable, capaz de desbloquear la agenda económica del Ejecutivo.
La siguiente tabla resume los principales beneficios, tanto los estándar por su condición de grupo parlamentario como los de carácter político:
3. La visión crítica: el discurso de las víctimas frente a la realpolitik
En este escenario, las intervenciones de Jaime Mayor Oreja y María San Gil adquieren una resonancia especial y dolorosa. Su discurso, previsiblemente, no se limitará al elogio, sino que será un dardo envenenado contra la hipocresía del momento.
Mayor Oreja, que históricamente ha sostenido que «las víctimas siempre tienen razón» y deben «condicionarlo absolutamente todo», difícilmente evitará señalar la contradicción de un sistema que, por una parte, entrega medallas y, por otra, «pone alfombra roja» —en palabras del presidente del Senado— a quienes no han mostrado un arrepentimiento inequívoco. Desde su perspectiva, la «normalización» de Bildu no es un acto de reconciliación, sino la «institucionalización de un proyecto político» que nunca renunció a sus fines, solo cambió de métodos.
Por su parte, María San Gil, cuya vida quedó marcada por el asesinato de Gregorio Ordóñez, encarna la voz de quienes sienten que su dolor ha sido instrumentalizado. Para ella y para muchas víctimas, la presencia de Bildu en instituciones y su trato como socio de gobierno es una segunda victimización. Como ella misma ha afirmado en otras ocasiones, se trata de un caso donde «los verdugos pretenden convertirse en víctimas», mientras el Estado, con sus concesiones, legitima ese relato.
El presidente del Senado ya advirtió de este peligro: «No podemos permitir que los verdugos se conviertan en víctimas ni que las víctimas se conviertan en verdugos. No podemos permitir que se intente cambiar ni reescribir la historia». Este acto del Mérito Constitucional pondrá de manifiesto, sin quererlo, hasta qué punto esa reescritura está en marcha, pagada no solo con discursos, sino con cargos, presupuestos y cesiones políticas.
Un premio que evidencia una herida abierta
El Premio al Mérito Constitucional a las Víctimas del Terrorismo debería ser un acto de cerrazón, de paz y de memoria consolidada. Sin embargo, en el contexto actual, se transforma en el síntoma de una herida que sigue supurando. Es la prueba tangible de que España no ha cerrado el capítulo del terrorismo, sino que lo ha trasladado del ámbito de las armas al de la negociación política.
El homenaje pierde fuerza y pureza cuando, fuera del salón de actos, el cálculo parlamentario obliga a premiar con influencia y prebendas a quienes representan, para una parte esencial de la sociedad, la causa misma del dolor que se dice honrar. Las víctimas reciben una medalla, pero el poder se lo lleva quienes, desde la política, han sabido convertir su pasado en moneda de cambio. En este acto, la Constitución no es solo el valor que se premia, sino también el precio que, día a día, se está dispuesto a pagar por mantenerse en el poder. La memoria, la dignidad y la justia por las que claman las víctimas parecen, una vez más, postergadas en el altar de la Realpolitik.
Para las asociaciones de víctimas y sus portavoces, el verdadero «mérito constitucional» no estaría en recibir un galardón, sino en vivir en un país donde la lealtad a la Constitución y la dignidad de las víctimas no tuvieran precio, ni contrapartidas, en el mercado político.
