El juez limita la libertad de dos exdirectivos de Acciona por el ‘caso Koldo’
El magistrado del Supremo Leopoldo Puente acepta las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción. Los investigados están vinculados a la adjudicación de obras públicas a cambio de presuntas comisiones del 2% pagadas a Servinabar, empresa en la que la Guardia Civil atribuye participación a Santos Cerdán.
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha retirado el pasaporte y ha prohibido abandonar el país a dos exaltos directivos del grupo Acciona investigados en la rama de obra pública del ‘caso Koldo’. Las medidas cautelares, que también incluyen la obligación de comparecer ante el juez cada 15 días, se aplican a Justo Vicente Pelegrini (exdirector de Construcción de Acciona España) y a Tomás Olarte Sanz, un subordinado directo.
La decisión judicial y una declaración no convincente
El magistrado justifica su decisión en la existencia de «determinados indicios» de responsabilidad criminal, tanto en delitos de cohecho como, posiblemente, de integración en organización criminal. En su auto, Puente afirma que Pelegrini «confiaba» en que las adjudicaciones de obra pública se producirían a favor de Acciona gracias a la «indebida influencia» que, según la investigación, ejercía el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
La decisión llega después de la declaración de Pelegrini ante el juez este miércoles. El exdirectivo intentó justificar los pagos millonarios a la empresa Servinabar, de la que la Guardia Civil atribuye a Cerdán una participación del 45%, alegando que se trataba de servicios de prevención de riesgos laborales y que podía acreditarlo con facturas. Sin embargo, no logró convencer ni al magistrado ni a la Fiscalía Anticorrupción. Este órgano le recordó que otro imputado, el exdirectivo Fernando Merino, había declarado que Servinabar «lo único que hacía era limpiar los camiones».
Las sospechosas obras bajo la lupa
La investigación, que según el juez «apenas acaba de dar comienzo» para estos directivos, se centra en el análisis de al menos tres adjudicaciones de obras públicas. Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Servinabar recibió de Acciona más de 4.6 millones de euros en comisiones, calculadas sistemáticamente como un 2% del valor de las obras adjudicadas.
El modus operandi, según la UCO, funcionaba así: Acciona se adjudicaba un contrato público, a menudo en Unión Temporal de Empresas (UTE), y luego subcontrataba a Servinabar por ese porcentaje fijo. Los agentes sospechan que ese dinero se repartió posteriormente entre los socios de Servinabar, Santos Cerdán, y que este, a su vez, lo habría distribuido con el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
Un directivo y su piso de lujo
El contexto de estas medidas revela el alto nivel económico de al menos uno de los investigados. Según información procedente de la investigación, Justo Vicente Pelegrini adquirió recientemente un lujoso piso en una zona exclusiva. Esta operación inmobiliaria, realizada mientras se desarrollaba la trama investigada, ha sido señalada por las acusaciones como un posible indicio del beneficio obtenido.
La Fiscalía, al solicitar las medidas, argumentó el riesgo de que los investigados, dada su posición y recursos, pudieran eludir la acción de la justicia.
Reacciones y próximos pasos
- Acciona ya había actuado internamente antes de la decisión judicial. La compañía despidió a Pelegrini en junio de 2025 tras conocerse el primer informe de la UCO, y suspendió cautelarmente de sus funciones a Olarte y a un tercer directivo, Manuel José García Alconchel, en noviembre.
- La empresa, que se ha apoyado en la consultora PwC para una investigación interna, sostiene que sus contratos con Servinabar «cumplen con los estándares exigibles» y que los pagos estaban respaldados por facturas por servicios.
- La defensa de Pelegrini ya se había opuesto a las medidas cautelares durante la audiencia, aunque sin éxito.
El juez Puente ha pospuesto para el 15 de diciembre la declaración del tercer directivo citado, Manuel José García Alconchel. Mientras, la investigación sobre la presunta trama de corrupción en la adjudicación de obras públicas continúa su curso en el Tribunal Supremo.
