Interior oculta los méritos de su «favorito» mientras le asciende tras casos archivados: la transparencia brilla por su ausencia en un gobierno que premia la lealtad política sobre la eficacia policial.
Lo que usted va a leer no es una noticia. Es un manual de instrucciones para desmontar un Estado de Derecho y construir, en su lugar, un feudo de lealtades opacas, donde la meritocracia se mide en decibelios de sumisión y los ascensos huelen a naftalina de archivo judicial.
El Consejo de Transparencia, ese Don Quijote burocrático, ha vuelto a embestir contra un molino de viento del régimen. Ha obligado al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska a hacer algo insólito, escandaloso y revolucionario: EXPLICAR POR QUÉ. En concreto, por qué el comisario Alberto Carba, el enfant terrible de la policía judicial, luce cuatro medallas en el pecho. La respuesta del Ministerio hasta ahora ha sido una obra maestra del cinismo: «Por protección de datos». Es decir, revelar los méritos de un alto mando público violaría su intimidad. Apliquemos la lógica: si un cirujano recibe una medalla, ¿se diría que fue «por operar cosas muy bien»? ¿O se explicaría que separó siameses unidos por el hígado? El Ministerio prefiere la primera opción. Su transparencia es de mármol: fría, lisa e impenetrable.
Pero el caso Carba no es una anécdota. Es el síntoma terminal de una enfermedad que carcome las instituciones. Hablemos claro: Alberto Carba no es conocido por desarticular la cúpula de la mafia albanesa. Su «mérito» reside en ser el gran maestre de las investigaciones- espectáculo archivadas. Su obra cumbre: la cacería contra Nacho Cano, un proceso que los jueces archivaron por falta total de indicios, pero que surtió su efecto en portadas y tertulias. También intentó colgar el sanbenito a la doctora Elisa Pinto, víctima ella de acoso, y su nombre baila en el sainete de Villarejo y López Madrid. Un currículum, en resumen, de estrategia mediática fallida en los tribunales. El perfil perfecto, al parecer, para ser recompensado, ascendido y puesto al mando de 1000 agentes en Madrid.
¿Qué premia, entonces, el Ministerio de Marlaska?
- La Lealtad Inquebrantable: La que se demuestra en operaciones de alto impacto político y bajo rendimiento judicial. La que carga contra enemigos públicos designados por el relato.
- El Archivismo Creativo: La habilidad de generar ruido, desgaste y titulares, aunque el juez archive el caso. En el nuevo baremo, la condena es irrelevante; lo importante es el traqueteo mediático.
- La Sumisión al Guión: Carba es el prototipo del comisario útil. El que entiende que su labor no es solo perseguir el delito, sino servir a la narrativa del poder. Por eso, pese a que la Dirección General de la Policía le había negado destinos en el pasado, Marlaska lo encumbró. Es el «favorito», la joya de la corona de una cúpula que se comporta como una guardia pretoriana.
El abogado Guillermo Rocafort, que ejerce de mosca cojonera en este circo, lo ha clavado: las medallas y ascensos son el engrasado del aparato. Sustanciosas plusvalías económicas y simbólicas para comprar fidelidades. Se profesionaliza así no la policía, sino la dependencia del poder político. El Ministerio del Interior ya no es un departamento de Estado; es el apéndice policial del PSOE, y Carba su oficial de enlace.
La resolución del Consejo de Transparencia es un jarro de agua fría en este aquelarre de opacidad. Pero es un gesto patético, casi naif. Porque obligar a «explicar los motivos» no cambiará la esencia del asunto. Escribirán un párrafo vago sobre «lucha contra el crimen organizado» y seguirán tan campantes. El daño ya está hecho. El mensaje ha calado en cada comisaría: el éxito no se mide en sentencias firmes, sino en favores concedidos.
Señor Marlaska, señor Carba: en una democracia adulta, las medallas se ganan en el campo de lo demostrable, no en la penumbra de lo discrecional. Se ganan con hechos que resisten el escrutinio de un juez, no con operaciones que solo resisten el de un prime time. Su opacidad no protege datos personales; protege un sistema de premios y castigos políticos. Y cada medalla clandestina que cuelgan es una puñalada trapera a la credibilidad de las fuerzas de seguridad y a la confianza de los ciudadanos en que la justicia es igual para todos. Pero, ¿a quién queremos engañar? En el reino de la transparencia selectiva, ustedes no son el problema. Son, simplemente, los beneficiarios. Y lo hacen de maravilla. Enhorabuena por las medallas. O por lo que sea.
