El exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, condenado a más de tres siglos y medio de prisión por 21 asesinatos en grado de tentativa y múltiples atentados, disfruta de un «tercer grado encubierto» en la cárcel de Martutene. La Fiscalía, fiel a su papel en este régimen, avala la salida laboral de lunes a viernes mientras las víctimas asisten atónitas a la enésima claudicación del Estado ante el entorno de Bildu. Otra humillación firmada por el PSOE.
Que un hombre acumule 377 años de condena por sembrar el terror en España y, aún así, pueda pasear de lunes a viernes por Guipúzcoa no es un milagro. Es el resultado de una estrategia política perfectamente engrasada por el Gobierno de Pedro Sánchez y ejecutada por su filial vasca. Garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’, el sanguinario jefe militar de ETA que convirtió el País Vasco en un polvorín durante años, abandonó el pasado 10 de febrero la prisión de Martutene no para pudrirse en una celda, sino para disfrutar de un régimen de semilibertad que le permite trabajar y hacer voluntariado mientras regresa a dormir. La imagen es grotesca: el hombre que intentó volar por los aires a la periodista Marisa Guerrero con un paquete bomba, que ordenó coches bomba y que atentó contra una teniente de alcalde, camina ahora por las mismas calles que aterrorizó .
La coartada legal lleva el siniestro nombre de artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Una vía «excepcional» —nunca mejor dicho— que la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco, en manos de la socialista María Jesús San José, ha convertido en la autopista por la que los verdugos escapan de su merecido castigo sin tener que pasar por la humillación de pedir perdón de manera sincera o colaborar con la Justicia . Y es que ‘Txeroki’ ni siquiera cumple con los requisitos morales mínimos: su supuesta «desvinculación» de ETA no es más que un papel firmado, una «cartita», como la define con la rabia contenida su víctima Marisa Guerrero, redactada por abogados del colectivo de presos para cumplir el trámite .
Un currículum de sangre
Conviene no perder de vista quién es el protagonista de esta farsa. Garikoitz Aspiazu no es un preso común arrepentido. Es el jefe militar que ordenó el intento de asesinato de la exteniente de alcalde de Portugalete, Esther Cabezudo, en 2002, acción por la que la Audiencia Nacional le impuso 20 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa. Es la mente criminal que intentó descuartizar a Marisa Guerrero con un paquete bomba en 2002, que ordenó el coche bomba de Oropesa en 2007, y al que las fuerzas de seguridad señalan como uno de los responsables de la ruptura del proceso de paz por el atentado de la T4, donde dos personas fueron incineradas . En total, suma más de 377 años en España y 30 en Francia. Pero todo eso, al parecer, queda diluido ante la necesidad del PSOE de asegurarse los votos de Bildu en el Congreso .
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, en un ejercicio de sumisión política difícil de superar, ha tenido la desfachatez de considerar «procedente» la medida, limitándose a sugerir que el etarra pida perdón, como quien pide un favor. Mientras, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria aún no ha recibido la comunicación formal, en una muestra más de la opacidad con la que se están gestionando estos indultos encubiertos . La asociación Manos Limpias ya ha denunciado por prevaricación a la consejera San José, al considerar que se está aplicando la ley con «fraude de ley» para favorecer a un asesino que no ha cumplido ni una cuarta parte efectiva de su condena ni ha reparado el daño causado .
Las víctimas, una vez más, olvidadas
Mientras los verdugos disfrutan del «principio de flexibilidad», las víctimas siguen ancladas en el dolor y la indefensión. Marisa Guerrero, que aún tiene grabada a fuego la imagen del paquete bomba que casi le cuesta la vida, ha comunicado formalmente su oposición a que el hombre que intentó matarla campe a sus anchas por el País Vasco. ‘Txeroki’ tiene una orden de alejamiento de 50 kilómetros respecto a ella, pero la pregunta que lanza es tan sencilla como demoledora: «¿Va a haber una patrulla detrás de cada etarra para garantizar que cumplen las sentencias?» . Nadie le ha dado una respuesta, porque no la hay.
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) lo ha denunciado sin ambages: esto es un «varapalo» y un «tercer grado encubierto». Llevan años reclamando poder recurrir estas decisiones, pero el Gobierno prefiere mirar hacia otro lado, porque estos privilegios no son fruto de la casualidad, sino del pacto sellado con EH Bildu para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa. Como bien señalan desde el Partido Popular, con datos del Observatorio de la AVT en la mano, de los 760 etarras que llegaron a estar encarcelados, hoy la mayoría ya no pisa la cárcel más que para dormir si acaso. La política penitenciaria se ha convertido en la «puerta de atrás del derecho penal».
El espectáculo es bochornoso. Mientras en el Senado el PP aprueba una ley para exigir el arrepentimiento real y la colaboración con la justicia, el PSOE vota en contra y sigue vaciando las cárceles de etarras . La pregunta es obligada: ¿qué mensaje se envía a la sociedad cuando un asesino múltiple puede preparar su reinserción laboral antes de que sus víctimas hayan podido superar el trauma? La respuesta es sencilla: que en este país, gobernado por la necesidad de supervivencia política de Sánchez, los principios, la dignidad y la memoria de los asesinados se negocian en un caserío a cambio de presupuestos.
‘Txeroki’ saldrá definitivamente en julio de 2027. Pero la herida que deja esta decisión, perpetrada por un Gobierno que dice defender los derechos humanos, tardará mucho más en cerrarse. Si es que lo hace alguna vez.
