¿Estrategia de altura o otro paso en la guerra judicial?
La designación de Teresa Peramato como fiscal general del Estado tras la condena de García Ortiz no apaga la batalla institucional, sino que echa más leña al fuego de la confrontación entre el Gobierno y el poder judicial.
«¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está». Esa frase de Pedro Sánchez, pronunciada tiempo atrás, resuena con fuerza renovada en el convulso panorama político actual. En un movimiento calculado, el Gobierno ha respondido a la inédita condena del Tribunal Supremo al fiscal general Álvaro García Ortiz nombrando a su sucesora: Teresa Peramato, fiscal de carrera con 35 años de experiencia y especialista en violencia de género. Lejos de apaciguar los ánimos, la designación ha intensificado una guerra institucional que amenaza los equilibrios democráticos.
Un nombramiento exprés en medio del terremoto judicial
El Gobierno no ha perdido tiempo. Apenas veinticuatro horas después de que García Ortiz presentara su renuncia «por respeto a las resoluciones judiciales», el Consejo de Ministros aprobó este martes la propuesta de Peramato . La celeridad responde a lo que en La Moncloa describen como una estrategia de «contundencia pero sin aspavientos», mostrando normalidad institucional mientras se responde al golpe del Supremo.
El perfil de Peramato parece cuidadosamente elegido: fiscal de sala jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo, delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas y, especialmente, reconocida experta en violencia de género. Su nombramiento se anunció el 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un guiño simbólico que el Gobierno aprovechó para destacar su especialización en esta materia.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se encargaron de presentarla como «una persona absolutamente idónea» para los retos de la Fiscalía, al tiempo que aprovecharon para agradecer la labor de García Ortiz.
El largo camino de la confrontación judicial
La condena a García Ortiz no es un episodio aislado, sino la culminación de una escalada de tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial. En La Moncloa interpretan el fallo como «una nueva y definitiva declaración de guerra del Supremo», especialmente de su factótum, el juez Manuel Marchena, a quien acusan de no perdonar «la ley de amnistía» porque «cree que con ella hemos destruido su gran obra, la sentencia del procés».
La visión del Gobierno es que los jueces han optado por «hacer política, no justicia», y en ese marco, la designación de Peramato representa mucho más que un mero relevo: es lo que fuentes del Ejecutivo describen como «un golpe en la mesa en forma de nuevo fiscal también netamente progresista».
Mientras el Gobierno se prepara para nombrar su cuarto fiscal general desde que Sánchez llegó al poder, la oposición judicial se fortalece. El PP recibió el nombramiento de Peramato con «toda la cautela» , preguntándose abiertamente «si Sánchez sigue creyendo —pese a la sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado— que la Fiscalía es ‘su’ Fiscalía».
Las aguas no se apaciguan: la batalla continúa
Lejos de cualquier gesto conciliador, el conflicto amenaza con escalar hacia nuevas instancias. Sánchez ya ha avanzado que «hay otras instancias» donde dirimir los aspectos «controvertidos» de la condena a García Ortiz, en clara referencia al Tribunal Constitucional.
En el TC, sin embargo, las presiones no son bien recibidas. Fuentes del sector progresista aseguran que «lo que opine Pedro Sánchez no nos influye», mientras el sector conservador considera que el presidente pinta al Constitucional «como su cortijo particular».
La oposición política tampoco se ha mordido la lengua. Santiago Abascal, líder de Vox, ha rechazado frontalmente a la nueva fiscal general: «Lo más significativo es que es la propuesta de Pedro Sánchez», afirmó, acusando al presidente de «intentar destruir la separación de poderes» y comportarse «como una auténtica mafia».
Un Gobierno dividido frente a una oposición expectante
En el seno del Ejecutivo no hay una postura unánime sobre cómo manejar la crisis. Mientras algunos ministros prefieren «la prudencia y actuar con hechos, no con palabras altisonantes», otros «quieren ir más duro y entrar de forma directa a la guerra con los jueces».
Mientras tanto, el PP observa con satisfacción lo que considera «un golpe casi mortal en la línea de flotación del desgaste imparable de Sánchez», convencidos de que se suma a los escándalos de corrupción en una «agonía final que él decidirá cuánto prolongar».
¿Y ahora qué? Un futuro incierto entre la tensión y la esperanza
El guion está servido para que el choque institucional «siga y se agrave». El Gobierno confía en que el Tribunal Constitucional, con mayoría progresista, «enmiende la plana de nuevo al Supremo y dé la razón al fiscal general», lo que abriría un nuevo capítulo en este pulso entre tribunales.
La designación de Peramato debe seguir ahora un procedimiento establecido: informe no vinculante del CGPJ, comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso y finalmente nombramiento por el Rey. Pero en el ambiente enrarecido actual, ningún trámite será inocente.
Mientras tanto, Sánchez sigue defendiendo la «inocencia» de García Ortiz y su equipo insiste en que el Supremo ha «hundido su propio prestigio» con una condena donde «todo el mundo ha podido ver que no había pruebas». Un análisis que choca frontalmente con la visión de la oposición y de un poder judicial que considera llegado el momento de trazar líneas rojas.
Lo que queda claro es que la tregua judicial no está en la agenda. Como resume un miembro del Gobierno: «Vienen a por nosotros, y no disimulan. Tenemos una democracia tutelada». En este escenario, Teresa Peramato no llega para calmar las aguas, sino para convertirse en la nueva pieza de un tablero judicial profundamente politizado. El mensaje del Gobierno parece ser: si no querías caldo, toma caldo y medio.
